Martes, 26 de Noviembre 2024
Jalisco | mandó la siguiente aclaración y precisión sobre la nota publicada por este medio

Tonatiuh Bravo niega eventual restitución de Briseño

La Universidad de Guadalajara es una institución pública dotada de la garantía constitucional de autonomía, la cual le mandata expresamente la capacidad de gobernarse a sí misma: Tonatiuh Bravo Padilla

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO.- El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, mandó la siguiente aclaración y precisión sobre la nota publicada por este medio, que textualmente dice:

Como Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, reitero lo que ha sido mi postura: la Universidad de Guadalajara es una institución pública dotada de la garantía constitucional de autonomía, la cual le mandata expresamente la capacidad de gobernarse a sí misma. En el uso de esa garantía constitucional y en los términos de su propia Ley Orgánica, el Consejo General Universitario resolvió destituir a Carlos Briseño como Rector General. Por lo tanto, no comparto la postura difundida y propalada por él mismo Briseño, en el sentido de que podría ser restituido en el cargo.

De hecho, es el propio Carlos Briseño quien -en una franca y abierta provocación al Cuarto Tribunal Colegiado federal y al propio Juez Tercero- está anticipando que él ya cuenta con una ‘resolución’ en su favor y que es un ‘hecho’ su reinstalación, pretendiendo además confundir a la opinión pública.

En diversas reuniones, frente a distintas personas y medios de comunicación y con una campaña de pinta de bardas financiada de manera cuantiosa y oscura, pretende presionar a los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado y al Juez Tercero a que fallen en su favor.

Tanto en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como en el caso de la Universidad de Guadalajara, mi postura es firme, clara y consistente: respeto al precepto constitucional de autonomía consagrado en la Fracción VII del Artículo Tercero Constitucional: respeto pleno a la capacidad de autogobierno de las Universidades Públicas, respeto a las resoluciones de sus Consejos Universitarios -en particular- respecto de la elección o destitución de sus autoridades.

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