¿Tienen remedio los diputados?

Dentro de una semana exactamente se cumplirá el primer año de actividades de la LIX Legislatura local, que sigue arrastrando miserias heredadas y sin poder dar la nota positiva que refleje una labor consistente, productiva, redituable en materia de elaboración y reforma de leyes, así como de aprobación presupuestal.

Lejos de enmendar el tiradero que dejaron los anteriores diputados, los actuales han navegado por aguas turbias que no han querido limpiar para dar satisfacción a los ciudadanos de que su desempeño merece una buena calificación.

Hace un año, el tránsito entre legislaturas se produjo de manera convulsa. Los diputados que dejaron sus curules (muchos de ellos con una nueva chamba que los mantiene dentro del confort del presupuesto público) lo hicieron en un desaseo escandaloso que hacía palidecer a antecesores suyos que ya habían sido calificados como los peores de la historia. Los entonces nuevos diputados se encontraron una caja de Pandora que muy pronto les hizo ver que tendrían que cargar con una pesada estructura burocrática, deudas y, desde luego, la obligación de cumplir con una agenda legislativa.

De los múltiples pendientes que enfrentaba la LIX Legislatura, EL INFORMADOR dio cuenta de una lista mínima que así se publicó:

1.- Los responsables de los órganos técnicos y administrativos salientes no realizaron el proceso de entrega-recepción.

2.- Encontraron documentos faltantes y fueron borradas las bases de datos de los equipos de cómputo.

3.- No había actas originales de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura.

4.- Los diputados salientes ejercieron 842 millones de pesos en 2009 y dejaron una deuda por 114 millones de pesos (MDP).

5.- En enero de 2010, la Legislatura que se iba gastó 81.5 millones de pesos. El presupuesto mensual autorizado era de 44.6 millones.

6.- La actual Legislatura inició con un presupuesto de 438 MDP para todo 2010.

7.- Los ex diputados no presupuestaron recursos para los cinco nuevos órganos técnicos del Congreso, cuya creación fue aprobada por ellos mismos.

En expedientes y cajones había otras minucias, como por ejemplo los trabajadores que obtuvieron una base gracias a la generosidad de los legisladores salientes, y que contribuyeron a hacer inmanejable el presupuesto. Por si fuera poco, la incapacidad y frivolidad con que se manejó durante su efímero paso como secretario general del Congreso, el ex dirigente estudiantil Carlos Corona, vino a complicar las cosas.

Las historias negras de los ex diputados locales asoman como una oprobiosa mancha que, en otras circunstancias y en países en los que se ejerce una auténtica rendición de cuentas, ya habrían terminado con varias carreras políticas y eventualmente hasta estarían ventilándose en tribunales por el mal uso de recursos públicos. Pero los usos y costumbres que aplican en estas tierras marcan que las herencias que reciben unos políticos de sus antecesores deben ir a parar a recónditos archiveros, lejos de la vista del ciudadano, fuera del alcance de la ley.

En México, y nuestro Estado no es excepción, la regla de oro sigue siendo tapar las fechorías del antecesor, porque ningún político está a salvo de ser cachado en la movida y alguien debe cuidarle las espaldas.