'Temaca' interpone amparos contra nuevo plan de desarrollo

GUADALAJARA, JALISCO.- Los pobladores de Temacapulín interpusieron dos nuevos amparos colectivos por violaciones al procedimiento administrativo de la consulta pública del nuevo plan de desarrollo urbano de Cañadas de Obregón, que fue aprobado el viernes pasado en sesión de Ayuntamiento.

Claudia Gómez del colectivo Coa explica que el recurso interpuesto ante el Tribunal Administrativo del Estado es porque los ayuntamientos solo pueden aprobar los planes de desarrollo en el primer año de administración, porque la consulta fue irregular y porque el documento plantea la reubicación, “y ninguna autoridad en México tiene la autoridad para hacerlo. No hay legislación al respecto”.

El plan ya había sido aprobado, pero la población interpuso amparos y el TAE resolvió que se tendía que hacer una nueva consulta pública conforme a derecho.

“Parece que hay un transitorio del Código Urbano que dice que los Ayuntamientos que no tienen plan de desarrollo tienen un plazo de más de 500 días para hacerlo. Pero esto noes un plan, es una reubicación y es uno de nuestros argumentos”, señala la abogada que asesora a la gente de “Temaca”.

De igual forma, la consulta es la misma que la vez pasada. “En un foro de opinión les dijimos que no estábamos de acuerdo en la reubicación y entonces solo pusieron que había gente inconforme. En otro foro solo llegamos nosotros y nos pidieron que si teníamos algo que decir, tenía que ser por escrito. Entonces también estamos combatiendo los foros, porque la consulta tiene que ser en aprobación con la comunidad, no puede ser unilateral, la gente no participó y entonces nada más dijeron, ‘no hubo comentarios’. Por lo tanto, fue una simulación de consulta que no cumple con los requisitos”.

Debido a que la constructora La Peninsular ya inició las obras preliminares para la Presa El Zapotillo, sin contar con permisos ambientales y municipales, los pobladores de Temaca analizan la posibilidad de presentar nuevos amparos y juicios de nulidad. Y es que, de acuerdo a Claudia Gómez, la Conagua está actuando “al margen de la ley”, tanto para la protección de derechos humanos de la población como “de la legalidad del proyecto”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN