Taladores ilegales eran servidores públicos de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2012).- Los dos hermanos que fueron presentados por el Ministerio Público estatal como responsables de la tala ilegal de árboles en el camellón de la Avenida Lázaro Cárdenas, son servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalajara, y están relacionados, además, con el robo sistemático de residuos madereros al centro de acopio de la Dirección de Parques y Jardines.

Rubén Rosales García y Mónico, su hermano, habían sido detenidos por la Policía de Guadalajara el 28 de octubre de 2012, cuando fueron sorprendidos robando este tipo de residuos que, según se informó en ese momento por la Secretaría de Justicia Municipal, vendían posteriormente en Coyula, para el proceso de elaboración de ladrillos. Esta actividad irregular por parte de trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines, se sospecha, pudo haberse mantenido por seis o siete años.

Sin embargo, el par de hermanos y servidores públicos tapatíos obtendrían días después su libertad bajo fianza, hasta que fueron reaprehendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), la cual sostiene que son los responsables de la tala ilegal sobre Lázaro Cárdenas del 4 de agosto de 2012, cuando 139 árboles de la vialidad fueron atacados.

Hoy al mediodía, el titular de la Sindicatura de Guadalajara, Luis Ernesto Salomón Delgado, informó que la PGJEJ le notificará al Ayuntamiento de manera oficial cuáles eran las empresas de publicidad y anuncios espectaculares que le pagaban a estos individuos para realizar las podas y talas ilegales, con el fin de mejorar la visibilidad de las estructuras.

Una vez que esta relación de empresas esté en poder del Ayuntamiento, dijo el síndico, procederán contra las mismas, y aunque dependerá del caso, irán desde la aplicación de multas hasta la revocación de licencias de sus anuncios espectaculares.

La tala ilegal sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, que dio lugar, inclusive, a un operativo para el retiro de anuncios espectaculares con irregularidades y que fue suspendido a falta de presupuesto, había sido denunciada originalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), pues era un delito de su competencia. Finalmente, fue la PGJEJ la que resolvió el caso (falta que así lo confirme un juez), lo que mereció una felicitación de parte del Ayuntamiento tapatío, que ahora sabe que los responsables del hecho siempre se encontraron dentro de su propia estructura burocrática.