Suman 508 detenidos en una década por delitos ambientales

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2015).- Capturar huevos de tortuga, destruir vegetación y traficar con recursos forestales. Dañar o privar de la vida a algún ejemplar de reptil. Son algunas de las causas por las cuales la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto investigaciones ante la presunta comisión de un delito contra la biodiversidad.

Jalisco es uno de los estados más biodiversos de la República Mexicana. Por ello 901 averiguaciones previas comenzadas por la autoridad federal en la Entidad refuerzan tal discurso, en el periodo del primero de mayo de 2006 al 28 de febrero pasado.

Como resultado de esas pesquisas se han detenido a 508 personas en nueve años y dos meses.

El desagregado de datos indica que 10 de los señalados han sido mujeres. Y la mayoría de los presuntos delincuentes se encasilla en “otros delitos”. Tal tipificación engloba otro tipo de atentados contra la naturaleza, como la extracción de material pétreo (sobre explotación de piedras y arena en bancos de material), cambios de uso de suelo, incluso el uso y disposición de agua sin el tratamiento adecuado para su reutilización. En esta categoría, la PGR en Jalisco ha arrestado a 266 hombres y siete mujeres.

El ilícito que le sigue, con un porcentaje significativamente menor (67 detenidos), es por cortar, arrancar o talar árboles en zonas prohibidas.

Según la PGR, en la última década el Gobierno federal ha tenido un énfasis especial en la protección del medio ambiente. Eso “se ha reflejado en la aparición de una gran cantidad de disposiciones en materia ambiental insertas en el sistema jurídico mexicano y, en años recientes, se han extendido al ámbito penal”.

Afirma que el Poder Legislativo ha dado un empuje adicional, especificando en el quinto párrafo del Artículo 4 Constitucional que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” y que “el Estado garantizará el respeto a este derecho”.

También expone que los ilícitos relacionados con el ambiente “han crecido en número y complejidad”. Tal es la razón por la que se han implementado “nuevos y complejos métodos para evitar que el delincuente se sustraiga a la acción de la justicia”. Entre ellos, “un aumento en las penalidades pecuniarias, así como los años en las penalidades que antes eran de tres meses a seis años y ahora son de uno a nueve años de prisión”.

PRESENTA 18 DENUNCIAS PENALES
La Semadet aplica multas por 34.8 millones

En los dos años y cuatro meses que lleva funcionando, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) ha presentado 18 denuncias penales por delitos ambientales. Esas acciones legales han concluido con seis personas detenidas, procesadas por delitos como provocación de incendios forestales y alteración de hologramas para la verificación vehicular.

“Ni la Semadet ni la Proepa tienen facultades para detener o procesar a personas por delitos ambientales, pues esto le compete a otras entidades de Gobierno”, dice la dependencia, a la par que precisa: “Esto no quiere decir que no ha habido más personas detenidas por delitos ambientales, pues otras instancias tanto federales como municipales o estatales pudieron haber interpuesto denuncias por los delitos ambientales”.

Por lo que ve a la aplicación de multas desde marzo de 2013, el cúmulo de éstas alcanza los 34 millones 816 mil 994 pesos. “Esto no incluye delitos ambientales del orden federal (…) pues eso son atribución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”.

Aunque la Semadet afirma que no hay un “foco rojo” detectado en violaciones a la normatividad ambiental del Estado, sí refiere que ha centrado esfuerzos en hacer cumplir el programa de control de emisiones.

“La Proepa ha realizado dos mil 221 visitas de inspección en temas de competencia estatal. Algunos de los ámbitos que más se han inspeccionado son referentes a industrias, programa de control de emisiones vehiculares, impacto ambiental, manejo de residuos y al sector agropecuario”.

Defiende que los delitos contra la biodiversidad no son, propiamente, competencia del Estado, pero que la colaboración con otros órdenes de Gobierno es estrecha, de tal forma que se hacen recorridos “constantes” en Áreas Naturales Protegidas “coadministradas por el Gobierno del Estado”: La Sierra de Quila, el Nevado de Colima y el Bosque La Primavera. “Se realizan constantemente recorridos con el objetivo de detectar delitos ambientales y canalizarlos a las autoridades competentes”.

Se pregunta a la dependencia, que responde a través de un correo electrónico, cuáles son las acciones puntuales que la autoridad del Estado ha implementado para evitar la comisión de delitos ambientales. Su respuesta: “La Proepa trabaja (…) en el ejercicio de sus atribuciones administrativas de inspecciones y vigilancia para sancionar las irregularidades por violaciones a las disposiciones ambientales estatales vigentes”.

Se insiste con el dato estadístico de la PGR, que coloca a Jalisco en primer lugar en averiguaciones por delitos contra la biodiversidad: “Son referentes a averiguaciones previas de delitos ambientales del orden federal”, pero “es necesario mantener la estrecha coordinación”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Secuelas de mayor impacto

Raúl López Velázquez (investigador de la UdeG)

Hay una omisión grave en las discusiones por la persecución y aplicación de sanciones a responsables de delitos contra la biodiversidad. Especialmente porque las secuelas tienen una dimensión mayor a las que deja el narcotráfico, el secuestro u otros delitos de alto impacto. Sus consecuencias, a diferencia de éstos últimos, llegan a todos los seres vivos, no distinguen edad, estatus social ni especie.

Por eso, el investigador de la UdeG, Raúl López Velázquez, lamenta que la ciudadanía en Jalisco esté tan “desinformada” y que no se note su indignación por crímenes de este tipo.

“Está muriendo más gente por daños al ambiente, por la falta de una estrategia de conservación de nuestros recursos naturales, que (el indicador de Jalisco) fácilmente se traduciría a una ‘inseguridad ambiental’. Si comparas las muertes de inseguridad por la guerra contra el narco y otro tipo de delincuencia: 26 mil víctimas en lo que va del sexenio, con esta ‘inseguridad ambiental’, puedes duplicar perfectamente esta cifra”.

Como ejemplos de afectaciones que son consecuencia de la depredación ambiental, destaca las muertes por contaminación del agua, enfermedades bronco respiratorias derivadas de más autos y menos árboles, cáncer y enfermedades del riñón, entre otras.

“Jalisco es un Estado mega diverso. Te lo puedes explicar al darte cuenta que tenemos la segunda taza de pérdida de vegetación a nivel nacional”.

Considera que las autoridades son “laxas” por lo que ve a la aplicación de sanciones. Eso, animado también porque las denuncias por la comisión de estos delitos son prácticamente nulas.

“No nos damos cuenta de la trascendencia de esos daños al entorno. Desde la autoridad hasta los ciudadanos, no dimensionamos las consecuencias de estos delitos; por lo tanto no cuidamos ni sancionamos. En pocas palabras: nos está valiendo (…) destruir ecosistemas, unidades ambientales. Para nada nos llega al intelecto ni al corazón, sólo estamos viendo perder ecosistemas de miles de años funcionando y con cambios simplemente los borramos”.

Por otra parte, los grandes temas ambientales de Jalisco no sonaron en las campañas que recién terminaron. No se tocaron por parte de los candidatos a alcaldes ni diputados.

SABER MÁS
En la mira

La autoridad estatal ha centrado esfuerzos en la aplicación de sanciones por alteración de hologramas del Programa de Control de Emisiones Vehiculares. Advierte que no se trata de un “foco rojo”, pero se ha hecho un énfasis en realizar inspecciones.

DATO
Biodiversidad

Los delitos contra la biodiversidad están tipificados en el Código Penal Federal.



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