Solución al transporte exige cambio del modelo: expertos

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2012).- Aunque lleva tres incrementos a la tarifa y dos subsidios millonarios sólo en lo que va de este sexenio, el sistema camionero del transporte público de Jalisco acumula, también, numerosos incumplimientos. Especialistas y autoridades insisten en que el problema central es la renuencia del sector a modificar su modelo de trabajo, lo cual permitiría mejorar el servicio y las condiciones laborales de los operadores.

“Se requiere el esquema ruta-empresa para mejorar el servicio”, insiste el titular de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, autor de una iniciativa al respecto que no prosperó en el Congreso del Estado: “Los concesionados podrían comprar por mayoreo, y esto se reflejaría en un mejor servicio, sin corretizas entre choferes. Urge este esquema para evitar el manoseo político en el transporte público”.

Los camioneros arrastran los compromisos incumplidos desde 2001. En ese entonces, el aumento de tres a 3.50 pesos en el boleto quedó condicionado a 16 compromisos para mejorar el servicio, pero la mayoría quedó en el papel, como: mejorar la imagen de choferes, garantizar el buen trato a usuarios, unidades con presentación “impecable”, seguridad de pasajeros, regulador de velocidad, dispositivo para circular sólo con puertas cerradas y nuevas formas de pago para conductores.

Según justificó el propio Monraz, como ninguno de estos compromisos quedó establecido en ley, no prosperaron y la autoridad no los persiguió. El único elevado a rango legal fue el prepago, que debió haber comenzado en 2011, pero los transportistas lo ignoraron y la autoridad fue omisa en sancionarlos.

En la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) representa el mayor número de unidades. En total, entre camiones propios y subrogados (un permiso que se entrega a particulares para prestar el servicio), este organismo público descentralizado tiene dos mil 539 unidades.

La empresa Alianza de Camioneros se ubica en la segunda posición, con mil 319 concesiones entregadas a particulares por la Secretaría de Vialidad. En tercer sitio está otro organismo descentralizado, Servicios y Transportes, con 270 camiones, y en cuarto, la empresa Tutsa, con 253 unidades. Son los cuatro fuertes del transporte público en Jalisco, entre los que recae la principal responsabilidad de renovar sus flotillas.

Mario Córdova, especialista en temas de movilidad por la Universidad de Guadalajara, coincide con la opinión de Diego Monraz, en el sentido de cambiar el actual modelo de hombre-camión. “Permitiría que se reagruparan los prestadores del servicio para crear mejores condiciones. Incluso, podrían surgir otros grupos (para evitar monopolios, como el creado históricamente en la Alianza de Camioneros, hoy representado por Jorge Higareda Magaña)”.

—El nuevo esquema mejoraría el servicio público, pero las ganancias del transporte público se concentrarían en un reducido grupo de familias o empresarios —se le cuestiona al secretario de Vialidad.

—No es algo negativo, como se vio hace tiempo. Ojalá así fuera, que una empresa aglutine una ruta. Las poquitas que hacen transporte público en la ciudad, que son las foráneas que entraron a dar servicio urbano, funcionan con mayor eficiencia, con más rendimientos, con la misma tarifa, sin tantos accidentes y hasta con menos usuarios. Se satanizó que aglutinaran permisos o concesiones una o dos personas, pero, al mismo tiempo, se hizo altamente ineficiente e improductivo el servicio.

—¿Cómo explica eso?

—Mi explicación es que hay una pulverización de miles de permisionarios, que no lograron hacer un buen servicio porque compiten entre ellos. Ahora se debe migrar a la ruta-empresa, que es más eficiente y económica y brinda mejor servicio que el modelo informal del hombre-camión.

José Luis Siqueiros, experto en planeación urbana y movilidad por parte de la Asociación Guadalajara 2020, añade que todos pierden con el actual sistema de transporte.

“La desatención del transporte provoca un sistema ineficiente, que no es competitivo en su tarifa y servicios. En la medida en que se pierden usuarios con la sobreoferta de unidades, se tiene un sistema costoso en relación con el servicio que se ofrece. Con este sistema todos pierden, hasta el medio ambiente”.

PROPUESTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Quieren que el servicio sea deducible de impuestos

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Francisco Beckmann González, trabajará para que el servicio de transporte público sea deducible de impuestos, a través de un impuesto estatal. Con ello se beneficiará a los trabajadores y los empresarios podrán acogerse a esta figura fiscal. Espera que a más tardar en diciembre pueda ser una realidad.

“Ofrezco un proyecto bien cuantificado y a largo plazo. Si tú (transportista) eres eficiente se te va a premiar, si eres ineficiente se te va a castigar, como a cualquier otro negocio”, indicó.

Beckmann González ofreció una mesa de diálogo y acuerdos para analizar el tema del transporte público, específicamente en el tema de la calidad y tarifas. En una segunda etapa se deberá analizar el ordenar las rutas.

“Tenemos que lograr una reforma, tenemos que buscar de aquí a diciembre el compromiso de los operadores y las futuras maneras de lograr estos incrementos, y del compromiso de los operadores debe de venir la seguridad, el servicio, hasta una manera de quitarles la concesión sin que esto se vaya a juicio, que se pongan unas reglas del juego”.

Afirmó que convocarán a todas las partes y que harán del conocimiento público si alguien no quiere participar, pues por el costo político nadie “le quiere entrar”. Dijo que la solución en el corto plazo es sentar a todos los involucrados, para que exista un transporte sustentable.

“Nosotros lo tomamos como una iniciativa personal de empezar a buscar a los transportistas, a sentar al Gobierno, a la iniciativa privada, para que de aquí a diciembre poder presentar un programa donde incluya todo eso”.

Reiteró que la forma en que se dio el incremento a la tarifa no fue adecuada, pero el debate no se puede enfrascar en eso, sino que se debe avanzar.

SERÁ EL DÍA 1

El mes patrio recibirá a los jaliscienses con una tarifa de transporte público un peso más cara. A partir del 1 de septiembre, los usuarios que habitan en la metrópoli tendrán que pagar siete pesos por el servicio, al publicarse en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco ayer los nuevos precios del pasaje autorizados el miércoles pasado por la Comisión de Tarifas.

El aumento se dio a toda velocidad desde que, el lunes pasado, los camioneros hicieron un paro parcial del servicio en la ciudad. Y en medio de esa urgencia, el diputado del PRI Luis Armando Córdova recordó que él había presentado una propuesta para “ciudadanizar” a la Comisión de Tarifas, pero que al final nunca llegó al dictamen oficial.

Su iniciativa especificaba cambios en el artículo 143 bis, sobre los integrantes de la comisión, y la intención era incluir a un representante de los usuarios del transporte, a un representante de organizaciones de personas con discapacidad y a otro de la organización estudiantil mayoritaria en el Estado.

En contraste con la singular velocidad con que las reformas legales fueron aprobadas, estos cambios en específico nunca se concretaron. Córdova dijo refirió que se dio cuenta de la omisión y que ya revisa qué pasó.

“Soy un diputado que ha buscado que se ciudadanicen estos comités. Ya estoy revisando qué sucedió porque sí hay diferencias entre mi propuesta y lo que se publicó (en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco)”, subrayó el legislador.

PROTESTAN 150

Unas 150 personas convocadas por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y el Movimiento de Unidad Popular marcharon por calles del Centro Histórico de Guadalajara, en protesta contra el aumento a la tarifa del transporte. “Estamos pidiendo (al Gobierno y transportistas) que recapaciten y den marcha atrás en el incremento injusto que acaban de aprobar”, explicó el secretario general de la CGT, Víctor Manuel Ramírez Cerna. Entre otras cosas, el grupo presentará un escrito ante la Comisión de Tarifas para que “recapacite” sobre el incremento “injusto”.

Con pancartas en mano, con leyendas como “No más daño a la economía del pueblo” y “Marcha atrás al incremento de siete pesos”, las poco más de 150 personas (según el ciclopolicía Carlos Ramírez) avanzaron a las 17:00 horas desde el Parque Revolución por la Avenida Hidalgo, para luego dar vuelta en 16 de Septiembre y detenerse frente a Palacio de Gobierno, a eso de las 17:30 horas.

“Vamos a seguir fortaleciendo estas marchas y movimientos para ir haciendo conciencia en el pueblo”, indicó Ramírez Cerna, al ser cuestionado sobre si seguirán con las movilizaciones.

Hasta las 18:00 horas, algunos de los manifestantes esperaban camiones, en el cruce de Hidalgo y Liceo, que los llevaran a sus destinos. En ocasiones obstruyeron el paso de vehículos, pero una decena de policías tapatíos y agentes viales procuró el orden. Al final de la movilización, miembros de la protesta pedían “torta” y “agua” y preguntaban al organizador si habría que anotarse en “la lista”, entre otras expresiones.

Ramírez Cerna negó que fueran obligados a participar; un trabajador de una compañía de aceros, que prefirió omitir su nombre, indicó, junto a media docena de compañeros, que les habían advertido que, de no acudir a la movilización, serían “castigados con tres días”.

SE ORGANIZAN

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) realizó ayer su primera acción de protesta: unos 30 de sus integrantes acudieron a la Secretaría de Vialidad a entregar una solicitud de transparencia para conocer quiénes son los concesionarios y subrogatarios del servicio y las sanciones que la dependencia ha aplicado al sector por accidentes fatales, en los últimos 14 años.

Al reiterar que la FEU se convertirá en un observatorio ciudadano del transporte, Marco Antonio Núñez Becerra, líder del organismo estudiantil, anunció que habría más movilizaciones “pacíficas, creativas” a partir de la próxima semana.

Añadió que en los datos solicitados a Vialidad demandan información detallada sobre fechas en las que se entregaron concesiones y subrogaciones, términos, nombres de los transportistas que controlan el sector, “toda una serie de datos para nosotros hacer una revisión importante, porque todo parece indicar que el gobierno está coludido con el transporte público”.  

Por su parte, y aunque no han definido las acciones que emprenderán en protesta por el incremento de la tarifa al transporte público, el movimiento #Yo soy 132 expresó ayer su rechazo al aumento por la forma en que se hizo. Integrantes de la subcomisión Manifiesto y Creación de Contenidos criticaron el actuar de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que, dijeron, no protegieron los intereses económicos de los ciudadanos. El aumento, expresó Diego Pulido, integrante de la agrupación, “viola los principios de representatividad”.

Recordaron que cada aumento al transporte se ha vinculado con una serie de compromisos para los líderes transportistas y ninguno se ha cumplido. Pusieron de ejemplo la falta de modernización y mejora de las unidades del transporte público.

Será en los próximos días cuando la agrupación dé a conocer las acciones que emprenderá. Justificaron que el alza los sorprendió y por ello no tenían nada preparado.