Sólo Tlaquepaque detalla datos sobre sus juicios en el Tribunal

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2016).- Los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco se reservan la información sobre los juicios que enfrentan. A cada alcaldía se le requirió (aclarándoles que no se solicitaban datos personales o de empresas) el total de juicios activos que disputan en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), así como el tipo de procedimiento y el acto reclamado. Sin embargo, aunque remitieron el total de juicios, solamente Tlaquepaque respondió todo. En los otros casos no se emitieron datos para conocer, por ejemplo, cuántos edificios, gasolineras, moteles, bares o espectaculares pelean empresarios o particulares a través de la instancia judicial.

Paulo César Barreto Gómez, director jurídico de Tlaquepaque, proporcionó un listado de los 68 juicios activos que tiene el municipio, añadiendo el número de expediente, sala y el acto impugnado en cada juicio. Por lo anterior es posible identificar que de los casos enlistados, 25 tienen que ver con infracciones a través de estacionómetros, en los que los sancionados pretenden revertir la multa. Otros involucran a las acciones de las direcciones de Inspección y Vigilancia, Catastro, Medio Ambiente y Ecología, Presidencia, Mercados, Tesorería y Sindicatura.

Por su cuenta, el director jurídico de Obras Públicas de Tlaquepaque, Carlos Enciso Romero, dio a conocer la existencia de otros 14 juicios en trámite, proporcionando para cada uno el tipo de procedimiento, expediente, sala, acto reclamado y ubicación de la disputa.

Un ejemplo es la demanda de lesividad (expediente 168/2010) en contra de un oficio que otorgó una autorización para limpiar y nivelar tres predios ubicados en la Colonia Hacienda del Vidrio.

En cambio, los demás ayuntamientos justificaron su falta de respuesta. Zapopan respondió que tiene mil 326 expedientes vigentes, pero reservó la información con motivos de seguridad jurídica:

“Los expedientes judiciales, en tanto no causen estado, se consideran como información estrictamente reservada, no habiendo excepción alguna a dicho supuesto”.

La Sindicatura de Guadalajara, por su cuenta, contestó que los expedientes aún no causan estado, por lo que se considera información reservada, “toda vez que divulgarla pondría en riesgo el desahogo y resultado del procedimiento judicial… La revelación de la información afecta las estrategias procesales ya que podría causar confusión o desinformación”. Los detalles de los juicios activos se reservarán, indica, hasta que se dicte la resolución administrativa o jurisdiccional para cada caso.

El Ayuntamiento de Tonalá respondió que tiene 109 casos en trámite ante el TAE, pero evadió los actos reclamados y se limitó a enlistar el número de expedientes.

“De revelarse podría causar un perjuicio grave a las estrategias judiciales en los procedimientos”, admitió José Mendoza Pérez, subdirector jurídico de lo contencioso.

En tanto, la Dirección Jurídica de Tlajomulco, a cargo de Agustín Rentería Godínez,  también reservó información sobre los juicios activos y se limitó a documentar sobre los expedientes y detalles de los juicios que cuentan con una sentencia.

En este contexto, el urbanista Juan Palomar Verea lanza un llamado a los ayuntamientos para que agilicen su funcionamiento administrativo con el objetivo de no caer en recursos que terminen lesionando a la ciudad.

Resoluciones de afirmativa ficta por año

Año	Casos
2007	4
2008	13
2009	10
2010	3
2011	23
2012	30
2013	24
2014	35
2015	64
Total	206

Fuente: Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE)

PERIODO 2007-2015

Se duplican resoluciones a través de la afirmativa ficta

En los últimos nueve años, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) ha resuelto 206 demandas a través de la afirmativa ficta, lo que permite, entre otros aspectos, la autorización automática de licencias municipales, permisos para desarrollos inmobiliarios, gasolineras, usos de suelo, anuncios espectaculares y otros giros restringidos, sin el aval de los ayuntamientos.

La figura se aplica cuando los municipios no responden en un lapso de tres meses a una solicitud de un particular o empresario, con lo que se autoriza el permiso a través del TAE.

La novedad es que la resolución de estas demandas se ha disparado en ese lapso: en 2007 el Tribunal resolvió cuatro afirmativas, contra las 35 en 2014 y las 64 dictaminadas el año pasado, confirma la instancia estatal.

La misma fuente revela que, del total de demandas recibidas, se concedió la afirmativa ficta en 39 actos reclamados; en otros 38 no se reconoció el acto reclamado, mientras que en 118 no procedió la afirmativa ficta, pero se dejó la puerta abierta para que la autoridad emitiera una nueva resolución.

Para Juan Palomar Verea, especialista en temas de la ciudad, el número de recursos que interponen los particulares en el Tribunal se explica, en parte, por la falta de eficiencia de la autoridad municipal o estatal para dar respuesta en tiempo y forma a los particulares.

El magistrado Alberto Barba Gómez, al frente de la Sexta Sala del TAE, pone el dedo en la negligencia de la autoridad municipal: “Hasta ahorita no he visto ni un solo juicio de lesividad (en contra de una afirmativa ficta) que haya promovido la autoridad en nueve años”.

Por su parte, Bárbara Casillas, síndico de Guadalajara, recuerda que los particulares se han vuelto “expertos” en utilizar al Tribunal para construir gasolineras.

El magistrado Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala del TAE, ya reconoció abusos en las resoluciones y asegura: “Yo no guardo ni escondo nada. Un día revisen las gasolineras nuevas o quién firma la licencia, a ver si no están firmadas por la Sexta Sala”.

En cambio, el magistrado de la Sexta Sala añade: “Más bien se abusó por parte del particular, tiene que ser a petición de parte... tuvieron que haber acudido con la autoridad y ésta haberse callado… es una serie de cadenita, de requisitos que se necesitan para llegar con nosotros”.

GUÍA

Van por otra reforma
 
En noviembre pasado, el Tribunal de lo Administrativo fue acotado en sus facultades tras la reforma al Código Urbano para que no pueda emitir suspensiones a los planes parciales de desarrollo urbano, pero existen otras iniciativas en comisiones y en estudio para reducir más sus facultades.

El Gobierno de Jalisco, por ejemplo, pretende quitar atribuciones al TAE: “Hay que ver qué tipo de penalidad se puede dar a algún funcionario. Estamos evaluando si lo instrumentamos en el Código de Procedimientos Penales, para que no sea por una afirmativa ficta por la que se van por la libre, sino con controles administrativos y con responsabilidades muy claras”, ha señalado el secretario general, Roberto López Lara.

En tanto, la fracción de Movimiento Ciudadano del Congreso ha indicado que promoverá una iniciativa que busque desarticular el TAE para que se adhiera a una Sala del Supremo Tribunal de Justicia. Mientras que el presidente del Congreso, Enrique Aubry, anunció que estudiarán las iniciativas para limitar los poderes del Tribunal: “Las vamos a discutir, a debatir, y las estaremos llevando al pleno del Congreso para votar… podemos platicarlo con el Poder Ejecutivo y Judicial para que nos den su punto de vista y sacar una ley que vaya fortalecida en conjunto con los tres Poderes”.

El diputado del Partido Verde adelantó que será un tema de estudio, pero de entrada “hoy lo festejaría por cómo se han venido desempeñando los magistrados, pero tenemos que verlo con los diversos Poderes para ver qué opinión merece centralizarlo al Poder Judicial”.

Hugo Contreras, líder de la bancada del PRI, coincide: “Este es un tema que sin duda tendrá que revisarse y atenderse, vamos a revisar cuáles son las atribuciones que se le tienen que dejar al Tribunal, cómo fortalecer a los municipios y al ciudadano”.

En tanto, la coordinación panista buscará fortalecer la Contraloría Interna del Tribunal para asegurar la legalidad de sus resoluciones y sancionar severamente cualquier síntoma de corrupción: “Promoveremos responsabilidad a los funcionarios públicos estatales y municipales que por inactividad propicien la afirmativa ficta, lesionando los intereses de la sociedad”, dijo el líder Miguel Monraz.

NIEGAN ANOMALÍAS

Sexta Sala encabeza los casos polémicos

En la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado, presidida por el magistrado Alberto Barba Gómez, han “caído” casi la mitad de los casos por afirmativa ficta que ha resuelto el TAE en el periodo anual de 2007 y 2015, tras ser interpuestos por empresarios o particulares contra los ayuntamientos.

De un total de 206 resoluciones que dictó el Tribunal en los últimos nueve años, 97 actos reclamados fueron atendidos por el magistrado Alberto Barba. Casi la mitad.

Entre los asuntos ventilados en la Sexta Sala destacan 50 resoluciones de afirmativa ficta para licencias y permisos de construcción, 15 solicitudes de licencias, 11 de autorización de gasolineras, seis giros restringidos, dos solicitudes de autorización de anuncios espectaculares y hasta una solicitud de incentivos fiscales, entre otros.

Este medio publicó que en el caso de Guadalajara operan 22 estaciones de servicio con una suspensión, sentencia o medida cautelar del TAE; de éstas, 20 lo hacen con un recurso procedente de la Sexta Sala.

En ésta también han caído las demandas de constructores y anunciantes. Alberto Barba Gómez es autor de la sentencia que condenó al Ayuntamiento tapatío a la autorización de 26 anuncios sobre puentes peatonales, pese a que en marzo de 2013, la Sindicatura afirmó que hubo irregularidades y que se carecía de sustento.

Frente al tema de las gasolineras, el magistrado Alberto Barba Gómez ya se lavó las manos y negó que el Tribunal haya abusado en las afirmativas fictas para obligar a los ayuntamientos a otorgar una treintena de permisos para estaciones de servicio en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.

¿Por qué todas las sentencias salen de la Sexta Sala que usted preside?, se le preguntó, pero en tres ocasiones esquivó de la misma manera: “Desconozco… el sistema es aleatorio”.

Añadió que todas las Salas del Tribunal han operado la afirmativa, aunque desconoció cuántas sentencias habían sido dictadas por él.

¿No le parece sospechoso que todas caigan en la Sexta Sala?, se le insistió: “Yo le aseguro que en todos lados hay”.

La novedad es que su Sala podría autorizar más gasolineras porque “en un solo expediente (que no ha concluido) una persona está demandando 15 gasolineras”.

Cuestionado respecto a qué hará para legitimarse luego de que su Sala se ha visto involucrada en distintos cuestionamientos al otorgar suspensiones provisionales polémicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, respondió que sus actuaciones siempre están apegadas a derecho.

“Si al final de cuentas los ayuntamientos creen que su servidor no tiene la razón (...) tendrán que presentar su demanda de nulidad”.

Afirmativas fictas resueltas por Sala (entre 2007-2015)  

Sala	Presidente	Resueltas
VI	Alberto Barba Gómez	97
IV	Armando García Estrada	45
I	Horacio León Hernández	19
V	Adrián Joaquín Miranda Camarena	19
II	Laurentino López Villaseñor	16
III	Juan Luis González Montiel	10

En la lista destacan desarrollos, licencias y las gasolineras

Según información del Tribunal de lo Administrativo (TAE), las resoluciones de la afirmativa ficta recibidas tienen que ver principalmente con solicitudes para licencias de construcción, proyectos de urbanización, usos de suelo, autorizaciones de impacto ambiental, certificados de habitabilidad para viviendas, así como dictámenes de trazos, usos y destinos.

En total, las afirmativas fictas que llegaron al Tribunal en materia de urbanización y edificación son 88 (de un total de 206 en los últimos nueve años); en segundo lugar aparecen todo tipo de licencias con 28: para la compra y venta de autopartes de colisión, remodelación de negocio, apertura de escuelas, gimnasio, salones de eventos, para la venta de alimentos y hasta para ejercer el comercio en espacios abiertos.  

En tercer lugar están las resoluciones de demanda de particulares que iniciaron los trámites para abrir una gasolinera, con 21. Continúan los giros restringidos (13), como bares, antros o moteles.

Ante esto, la sociedad civil, Gobierno y la iniciativa privada han demandado un alto a lo que consideran abusos del Tribunal.

Por eso en la pasada Legislatura de Jalisco se reformó el Código Urbano y se limitó al Tribunal de lo Administrativo con tres reglas:

Sus resoluciones no podrán tener como consecuencia la autorización para ejecutar una acción urbanística que contravenga los programas y planes de desarrollo urbano vigentes.

Tampoco procederá la suspensión de los programas y planes de desarrollo urbano vigentes, y la sentencia definitiva no podrá determinar la improcedencia de la aplicación de los programas y planes de desarrollo.

Sin embargo, para el magistrado Armando García Estrada la reforma pudo ir más lejos.

“Al Tribunal en nada le afecta la reforma, ésta pudo haber sido de mayor profundidad, de una mayor limitación a las facultades y competencias del TAE. No nos afecta porque no somos ciudadanos que tengamos que venir a exigir el cumplimiento del artículo 17 constitucional”.

Sobre las reformas que se han presentado para que el Tribunal se incorpore al Poder Judicial, se muestra a favor: “Desde hace tres años he insistido en que nos conviene, es de mejor utilidad estar dentro del Supremo que fuera”.

Entre las razones destaca la imagen del Tribunal que se ha visto afectada por el abuso de la figura de afirmativa ficta para el otorgamiento de permisos; aunque también agrega un mejor manejo de recursos y la creación de juzgados administrativos al interior del Estado.

“Ojalá que se dé, que nos vayamos al Supremo Tribunal. Estoy de acuerdo en que nos incorporemos. Primero, un tema esencial es que concentras el área de justicia en un solo lugar… pero si estamos ahí el presidente no tiene la mínima potestad de intervenir en las decisiones de los magistrados”.

El impulsor de la reforma al Código Urbano, el ex legislador José Trinidad Padilla López, destacó que uno de los grandes avances que aportan los cambios es la eliminación de lagunas legales, que antes de la reforma permitían autorizaciones de urbanización contrarias a lo estipulado por los planes parciales a través de recursos proporcionados por el Tribunal de lo Administrativo.

GUÍA

¿Cómo se aplica la afirmativa ficta?

• La positiva o afirmativa ficta permite, entre otros aspectos, la autorización automática de licencias municipales sin el aval de los ayuntamientos. Se aplica cuando las alcaldías no responden en un lapso de tres meses a una solicitud de un particular para la construcción de edificios, hoteles o cualquier otro giro comercial.

• Esta figura considera como una aprobación el “silencio administrativo” del Ayuntamiento y autoriza el permiso solicitado, sin posibilidad de que el municipio pueda apelar la resolución.

• Se otorga principalmente para licencias o permisos de desarrollos inmobiliarios, gasolineras, espectaculares y otros giros restringidos. Ante esto, la sociedad civil, Gobierno y la iniciativa privada han demandado un alto a lo que consideran abusos.

CLAVES

Un Poder opaco

Rezago. La discrecionalidad en la forma en que “caen” los casos en las Salas del TAE y la falta de transparencia en las resoluciones de los magistrados han sido cuestionadas por alcaldes y diputados. El problema es que no hay auditorías que evalúen la conducción del Tribunal.

Competencia. Las auditorías le corresponde realizarlas a la Auditoría Superior del Estado, pero “en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se realizó auditoría alguna”, señala el TAE en su portal de internet, en donde añade que el último antecedente data de 2009.

Adentro. Tampoco existen auditorías internas, pese a que el reglamento interno del TAE prevé una “Unidad de Contraloría, Auditoría Interna”, la cual, justifica el Tribunal, “no ha sido autorizada en la plantilla presupuestaria por el Congreso”.

Contradicción. Pero el Tribunal sí ha contratado la prestación de servicios de asesoría jurídica, con todo y que su nómina mantiene a especialistas y abogados en la materia. Un ejemplo es el pago de 650 mil pesos (durante 20 meses) al despacho AGD Consultores para representar en 17 juicios laborales al TAE.  

Castigos. El Tribunal revela que “en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 no se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa” contra servidores públicos. En el portal de Transparencia solamente aparecen seis procedimientos emprendidos en 2011 por el pleno del Tribunal contra funcionarios, pero desde entonces se encuentran “en trámite”. La lista sigue porque “en 2015 no se ha realizado ningún dictamen técnico de la actuación y desempeño de los magistrados”.

SABER MÁS

Juicio de lesividad

Este recurso es el medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución emitida a favor de un particular y que se considere contraria a la ley y cause un perjuicio al Estado.

Los ayuntamientos pueden interponer estos juicios bajo los fundamentos del Artículo 33 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo y el 33 de la Ley de Justicia Administrativa.

La Secretaría General de Gobierno informó que el total de juicios activos que se ventilan en el TAE en los que figura como entidad demandada el titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría o la dirección de Publicaciones es de 74.

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