Solicitan diputadas juicio político contra gobernador de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO.- Diputadas federales presentaron una demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por negarse a aplicar la Norma Oficial Mexicana (NOM) que obliga a hospitales públicos y privados a atender los abortos de mujeres víctimas de violación.

El recurso presentado este jueves ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados alude al gasto efectuado por el Ejecutivo jalisciense por más de 443 millones de pesos, canalizado a instituciones y organismos vinculados con el clero.

En rueda de prensa previa a la presentación del documento, las diputadas Elsa Conde, de Alternativa; Irene Aragón, del PRD, y Martha Angélica Tagle, de Convergencia, entre otras, comentaron que también se solicitará una acción similar contra otros gobernadores que se han negado a aplicar la mencionada disposición.

La diputada federal Maricela Contreras Julián, quien preside la Comisión de Equidad y Género, indicó que en el estado de Jalisco se han registrado siete mil 494 violaciones sexuales.

Sin embargo, dijo, el gobernador González Márquez se ha negado a aplicar la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la Atención de las Víctimas de Violación, que aprueba la interrupción del embarazo no deseado cuando es producto de una agresión sexual.

"La no aplicación de la norma para la interrupción del embarazo genera el aborto clandestino. El delito de violación es uno de los indicadores más altos de agresiones en el estado con una tasa del 10.7 % por cada 100 mil habitantes. Esto nos habla del grave caso que es", indicó.

En tanto Tagle Martínez, quien funge como secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja, dijo que "la gota que derramó el vaso" es que el gobernador interpuso una acción de inconstitucionalidad a la NOM que obliga a los nosocomios públicos y privados a atender los abortos de mujeres víctimas de violación.

Refirió que "esa norma no es capricho de las legisladoras o de algunas mujeres en el país sino una obligación del Estado mexicano para dar servicios de salud a las mujeres víctimas de abuso sexual".

La diputada federal calificó de "absurda" la acción de inconstitucionalidad a dicha regla interpuesta por González Márquez, razón por la cual se solicitó la demanda de juicio político.

Más adelante la legisladora Elsa Conde Rodríguez subrayó que ese recurso constituye una herramienta de la población para cuestionar a los gobernadores y servidores públicos que no garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Por último Rosario Ortiz, del Partido de la Revolución Democratica (PRD), explicó que trabajarán sobre el protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, porque México firmó un convenio en ese sentido.