Sábado, 23 de Noviembre 2024
Jalisco | El pleno del Ayuntamiento tapatío tendría que instruir a la Sindicatura para que interponga las denuncias correspondientes

Sindicatura espera instrucciones para actuar contra el IMAJ

La síndico municipal, Verónica Rizo López, explicó que primero debe agotarse el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los involucrados

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO.- Para la Sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara, el dictamen emitido por la Contraloría Municipal que documenta irregularidades en Instituto Municipal de Atención a la Juventud ( IMAJ), es insuficiente para presentar denuncias en contra de quienes fueron sus titulares durante 2006 y 2007.

La síndico del municipio, Verónica Rizo López, explicó que primero debe agotarse el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, para posteriormente verificar si existen responsabilidades de carácter penal.

De ser así, abundó la abogada del municipio, el pleno del Ayuntamiento tapatío tendría que instruir a la Sindicatura para que interponga las denuncias correspondientes en contra de los funcionarios implicados.

“En caso de que el procedimiento de responsabilidad administrativa, que se instaura en la Dirección de Relaciones Laborales, advierta que hay una presunta responsabilidad penal, entonces esta dependencia tiene que emitir un informe al pleno del Ayuntamiento donde señale que existen responsabilidades que no son administrativas, para que a su vez el pleno del Ayuntamiento lo turne a la Sindicatura”.

“En este caso muy particular, mientras el pleno del Ayuntamiento, no instruya a la Sindicatura para promover algún tipo denuncia, la dependencia no estaría en aptitud de poderla presentar”.

Dijo que la Sindicatura tampoco no puede actuar “por oficio”, debido a que hasta el momento no existen pruebas contundentes o documentos oficiales que demuestren que se cometió algún ilícito de carácter penal.

“El código penal señala que cualquier persona que tenga conocimiento de algún delito, está obligado a denunciarlo. En este sentido, la Sindicatura no tiene un documento oficial o una investigación en donde se advierta responsabilidad penal”.

En el caso de la presunta falsificación de facturas, Rizo López señaló que debe emitirse un dictamen pericial por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para constatar que se alteraron los documentos fiscales presentados ante la Contraloría.

“El dictamen que emite la Contraloría, hasta donde tengo entendido, no es suficiente para presentar denuncias porque únicamente se habla de presunción de delitos, se tiene que agotar el procedimiento, en donde los señalados también tienen el derecho de audiencia y defensa”.

EL INFORMADOR/ GILBERTO FRANCO.

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