GUADALAJARA, JALISCO (07/MAR/2017).- El presidente de la sexta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, es protegido por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, lo que ha generado presión a los diputados panistas que tienen mayoría en la Comisión de Responsabilidades donde se analiza el juicio político en contra del magistrado, señaló el legislador emecista, Ramón Demetrio Guerrero Martínez."Hay un conflicto del PAN que trae la presión del ex gobernador (...), que es un amplio defensor del magistrado Barba, y bueno pues ya es un tema del PAN que tendrá que resolverlo de manera interna. Lo que ya no podemos esperar es que es un tema de la sociedad, no es un tema político".El diputado aseguró que las solicitudes de juicios políticos presentados por los alcaldes de Zapopan y Guadalajara tienen los elementos suficientes para dictaminar su procedencia.Aunque reconoció que hace falta que la fracción albiazul se ponga de acuerdo, el legislador añadió que al final no es un asunto de los panistas sino de los jaliscienses, "no puede quedar impune un actor que ha violentado la autonomía de los municipios (...), no puede quedar impune alguien que ha abusado de las atribuciones que le da la ley".Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra rechazó los señalamientos de Guerrero Martínez, "nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna petición de favor del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña para que intervengamos por el magistrado Barba o por algún otro funcionario".Agregó que no han tenido algún acercamiento con el magistrado, "se harán los procesos a través de la Comisión de Responsabilidades donde se tendrá que notificar, en caso que se (apruebe iniciar) el procedimiento, se tendrán 15 días aproximadamente para llamar a cada una de las partes, el denunciante y el denunciado para que presenten sus pruebas correspondientes".Monraz destacó que al iniciar un proceso de juicio, se puede tener mayores elementos para estar en condiciones de sancionar o no a cualquier servidor público.EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ
