Secretario general de Guadalajara no será cesado

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2011).- El presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, y la Contraloría Municipal, exculparon de cualquier responsabilidad al secretario general, Roberto López Lara, señalado por ediles por las agresiones que recibieron ciudadanos al interior del Salón de Sesiones por un grupo de individuos, y aunque se procederá contra un servidor público, no es un alto mando dentro de la estructura administrativa.

Primero el alcalde tapatío dejaba en claro que López Lara seguiría en su encargo, después, la Contraloría Municipal, cuyo titular es Francisco Morales Aceves, declaraba que no puede actuar en el caso de los ataques a los vecinos del 14 de diciembre hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) arroje sus primeros resultados en las indagatorias.

“La Procuraduría ha iniciado una investigación, es la única autoridad facultada para realizarla, nosotros automáticamente, al momento que la Procuraduría ha entrado, tenemos que esperar a que ellos señalen si en entre los presuntos culpables (hay servidores públicos); cuando se termine la averiguación previa, y sea turnada al juez de la causa y haya indicios de la culpabilidad de un servidor público, hasta ese momento nosotros iniciamos un procedimiento administrativo (una indagatoria al interior del Ayuntamiento) que es lo que la ley me faculta a mí”.

Esta postura de Morales Aceves termina por ser muy similar a la que asumió ante la problemática por la decena de dictámenes de uso de suelo detectados con firmas falsificadas en la Secretaría de Obras Públicas, y ante lo cual dijo el 16 de noviembre pasado: “Nosotros no actuamos oficiosamente, no somos ni barandilla ni agencia del MP (Ministerio Público)”.

Ahora bien, el argumento que usó Morales Aceves para exculpar del todo al secretario general (a quienes ediles, entre estos, Vanessa Pérez Rubí, señalaron por tener una relación con los agresores), sin siquiera investigarlo, es que la denuncia penal presentada por uno de los vecinos golpeados, Froilán Mejía, en su relatoría de los hechos de lo sucedido durante la sesión de Ayuntamiento, dice:

“Que recibieron una instrucción por el secretario del Ayuntamiento, el cual les dijo a los servidores públicos que estaban señalados -o supuestos servidores públicos- ‘que nos dejaran manifestarnos y que él iba a ir personalmente por las mantas (de protesta) que nos habían quitado’”.

Y por esta declaración, el contralor llega hasta la conclusión de que “totalmente libera y exonera” a López Lara de tener una relación con el grupo de golpeadores.

De esta manera, mientras el contralor trataba de explicarse, y poco después de que destacara que aún los servidores públicos señalados “tenían derechos a salvo”, el presidente municipal le ordenó, en medio de la entrevista y frente a los medios: “da de baja a éste (señalando una foto) porque es miembro del Ayuntamiento, y se investiga éste…que no salgan, que no vayan a decir que no hay nada, tengo esta información”.

Y si el contralor hablaba de estos “derechos a salvo”, luego reconsideró: “Me ha dado la instrucción delante de ustedes: eso no es una investigación, es un cese fulminante”.

Ese cese fulminante será para Eduardo García González, supervisor C de la Dirección de Padrón y Licencias, con un salario quincenal de tres mil 552 pesos.  

Finalmente, Morales Aceves refirió que si hubo omisiones por parte de los policías que resguardaban el Salón de Sesiones y que no detuvieron a ninguno de los agresores, entonces quien debe responder es el secretario de Seguridad Ciudadana, Servando Sepúlveda Enríquez.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA