Secretario de Trabajo recibe amenazas por caso de 'talibanes'

GUADALAJARA, JALISCO (16/DIC/2013).- Tras la detención de dos abogados acusados por irregularidades en juicios laborales contra el Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara, en el que están en juego cinco millones de pesos que mandarían a la quiebra a la asociación civil, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ( STPS), Eduardo Almaguer, informa que recibió amenazas esta mañana.

 "Al abordar mi vehículo en las afueras de la Secretaría, una persona se acercó, me preguntó si era Eduardo Almaguer, y me dijo que me tenía un recado (la amenaza de atenerse a las consecuencias de sus acciones), y se fue".

 "Al abordar mi vehículo en las afueras de la Secretaría, una persona se acercó, me preguntó si era Eduardo Almaguer, y me dijo que me tenía un recado (la amenaza de atenerse a las consecuencias de sus acciones), y se fue".

En conferencia de prensa, el funcionario los hace responsables de su integridad y de su familia. "Se saben perseguidos recibimos una amenaza directa que no nos va a inhibir". Asegura que ya prepara una denuncia sobre el hecho.

Desde el viernes pasado, un juez giró una orden de aprehensión contra siete de los inculpados. "No habíamos informado por el sigilo de la investigación y estamos al pendiente en el juzgado tercero".

Los apresados fueron Guadalupe Gilberto Vázquez Concha, y Armando Bañales Flores. Tres involucrados están prófugos, además, los abogados Luis Fernando González, y Pablo Osuna Pérez consiguieron un amparo. "Lo que sucedió es el inicio de los procesos penales que se acumularán a estos abogados".

El secretario Almaguer refiere que la pena para los abogados puede ser de tres meses a tres años de prisión, y la inhabilitación para ejercer su profesión hasta por dos años. Para los trabajadores la pena puede ser uno a cinco años de prisión y multa de hasta 19 mil 400 pesos.

Clave

Los aludidos por las anomalías son 13 abogados conocidos como "talibanes", quienes representan a cinco ex trabajadores que demandaron al organismo asistencial por despido injustificado; sin embargo, la autoridad afirma que comprobó la falsificación de hechos, como exigir hasta el triple de lo que ganaban, 20 mil horas extra que no acreditaron y la pretensión de aumentar el tiempo de salarios caídos (vía amparo).

La junta local de Conciliación y Arbitraje detectó 647 juicios laborales donde los participantes fueron representados por estos abogados; y ellos participan en más de dos mil, y ninguno es por menos de 500 mil pesos.

EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO