Sanciones contra funcionarios se pueden multiplicar, afirman

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2014).- Con la destitución e inhabilitación del ejercicio público por diez años de la ex regidora de Guadalajara Elisa Ayón Hernández se espera que se multipliquen los señalamientos y sanciones en contra de funcionarios públicos, al menos por parte del actual gobierno de Jalisco, expuso Francisco Jiménez Reynoso, investigador del departamento de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior, puede ser síntoma de que la impunidad será finalmente combatida por las autoridades:
 
"Espero que el político en funciones, si es evidente que ha participado en actos de corrupción, entonces sea sancionado de manera ejemplar, esto va a inhibir, porque si hay impunidad nos va a llevar a un círculo vicioso de que se va a seguir practicando la corrupción. Entonces las medidas deben de ser ejemplares, deben de ser concretas y que sean palpables para la ciudadanía con la intención de que comience a haber resultados en el combate a la corrupción".
 
El académico espera a que las acciones no sean sólo para aparentar que no hay tolerancia ante las irregularidades de servidores mientras casos que representan mayores daños queden fuera de la atención de la justicia y de las sanciones: "En aras de la transparencia de los tiempos que vivimos no debe de haber personas ni casos intocables. Todos deben de ser sujetos a investigación en un momento dado, cualquier ilícito que se señale, y ya corresponderá a las autoridades absolver o condenar en su momento".
 
Faltó abundar en corrupción
 
La destitución del cargo e inhabilitación de Ayón Hernández careció en sus motivaciones de los presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad que generaron el escándalo en torno a su figura el año pasado, opinó Jiménez: "El tema de corrupción no se tocó, en relación a panteones y a los tianguis, no se tocaron (...). Creo que se queda corto el Congreso por no tratar estos asuntos que también son de interés público, sin embargo se tomó la determinación solamente con la cuestión de que no cuadraron las declaraciones (patrimoniales) con los bienes que tiene".
 
Este jueves, el Congreso del Estado votó a favor de la destitución del cargo de Ayón así como su inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos. Sin embargo, estas sanciones fueron originadas por la solicitud de juicio político presentado José de Jesús Gregorio López Lozano el 26 de noviembre --ratificado el 28 del mismo mes-- quien señaló que la entonces regidora quería cobrar a los comerciantes establecidos del Centro por el retiro de los vendedores ambulantes, recordó Jiménez.
 
En diciembre de ese año se turnó el caso a la Comisión de Responsabilidades donde hallaron elementos para llamar a comparecer a Elisa Ayón. Finalmente, el jueves se aprobó sancionarla: "En mi opinión con esta destitución e inhabilitación por diez años pues ya queda en el terreno de la Fiscalía General para que ponga a disposición este asunto y se proceda ahora en el terreno penal".
 
Puede ser detenida
 
El fuero es la protección que tienen algunos servidores públicos para que no se emprendan acciones penales en su contra. El experto recordó que hay cuatro tipos de sanciones: la civil, la administrativa, política (que fue la inhabilitación de la regidora por 10 años) y la penal: "Ya se le ha quitado la protección constitucional, que es el fuero, y ahora sí puede ser sujeta a juicio, ya no en la materia política, sino en la materia penal".
 
En este sentido, el fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, anticipó que con la decisión del Congreso la ex funcionaria ya puede ser detenida en un momento dado:
 
"El fuero impedía en algún momento que se ejerciera alguna acción penal o más que nada una aprehensión, una detención en contra de esta persona, hoy que es ciudadana se puede proceder con libertad, en cuanto se integre la averiguación, se mande al juzgado y el juez ya determinará la culpabilidad o no de esta persona".
 
Cuatro averiguaciones previas
 
En contra de Ayón existen cuatro averiguaciones previas que se integran en la Fiscalía General del Estado, una interpuesta por los ediles del Partido Acción Nacional de Guadalajara; otra por parte de los comerciantes establecidos; una más proveniente del Ayuntamiento de Guadalajara; y otra más de los empleados de la Dirección de Panteones.