Revira Tlajomulco por invasiones en El Ahogado

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (24/FEB/2012).- A causa de los señalamientos encontrados, que sostuvo el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, respecto a la presunta responsabilidad del Ayuntamiento de Tlajomulco para solucionar a la brevedad las invasiones que se "descubrieron" al interior de la Presa de El Ahogado, el municipio revira y subraya que es el Gobierno de Jalisco el responsable de atender el tema de asentamientos irregulares en la zona.

Para probarlo, el Ayuntamiento entregó a este medio una copia del convenio de cesión de derechos sobre ese terreno, que el Ejecutivo estatal "adquirió" a un particular el 13 de junio de 2005. En el texto se establece que será esa instancia la encargada de hacerse cargo del predio, conocido como "El Tejón" y "El Zartanejo" o "La Porquería" (sic), y que a su vez forman parte de la ex Hacienda de Santa Cruz del Valle.

En su cláusula primera, el convenio deja en claro que el particular, "Promociones y Distribuidora Agropecuaria SA de CV", cede 148 hectáreas de ese terreno de forma "onerosa, irrevocable y sin limitación de dominio alguno" al Gobierno del Estado, para la constitución del vaso de la Presa de El Ahogado.

Y es en la cláusula sexta donde se aclara que la conservación del predio está en manos del Ejecutivo estatal: "Una vez ejecutada la obra que se menciona (...) el Gobierno del Estado se responsabilizará en forma permanente de la supervisión, vigilancia y mantenimiento de las obras realizadas, así como del derecho de vía a establecerse en la superficie del terreno".

En caso de que existiera incumplimiento de alguna de las partes y este no se resolviera de común acuerdo, el caso caería en manos del Poder Judicial. Las obras que se acordó realizar por parte del Gobierno estatal fueron: el saneamiento del vaso de la presa, la construcción de una nueva cortina, un circuito vial interior en su perímetro, vialidades generales, red de agua, alcantarillado, electrificación y alumbrado público para la planta tratadora.

El saneamiento y cuidado del embalse quedaron pactados con la rúbrica de ambas partes, por lo que las declaraciones de Coll Carabias causaron desconcierto en el municipio. David Zamora, director de Obras Públicas en esa localidad, consignó que pese a la responsabilidad directa del Gobierno estatal en el caso, Tlajomulco siempre ha mostrado disposición para sumarse a la soluciones. La primera muestra de ello, asegura, es que las edificaciones (que no cuentan con licencia de construcción) ya cuentan con sellos de clausura municipales.  

"Son asentamientos irregulares, por lo que nosotros, de procedimiento, clausuramos por no contar con autorización (...) Pero si nos vamos con este documento firmado por el gobernador, aquí está bien claro a quién le compete la custodia de esa zona".

El convenio cuenta con las firmas del entonces gobernador, Francisco Ramírez Acuña, el secretario general de esa administración, Héctor Pérez Plazola, el ex secretario de Finanzas, Ignacnio Novoa López y el secretario de Desarrollo Urbano en turno, Claudio Antonio Sainz David. En él se establece que el predio de referencia colinda con el ejido de El Verde, la ex Hacienda de El Castillo y la ex Hacienda de Santa Cruz del Valle, "con el arroyo de El Ahogado de por medio".

Telón de Fondo

El 17 de febrero pasado, la Comisión Estatal del Agua (CEA) hizo público el hallazgo de varias residencias, construidas con ladrillo y cimientos, que se descubrieron en un recorrido de supervisión realizado por esa dependencia y el Ayuntamiento de Tlajomulco en la zona.  

Héctor Castañeda Náñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de esa instancia, mostró fotografías como sustento a sus palabras, y mencionó que había muestras de que ya se habilitaban vialidades de ingreso a los "domicilios". Hizo un llamado a la autoridad competente para que retirara los inmuebles a la brevedad, dado que se encuentran en zona de riesgo ante el temporal de lluvias en puerta.

Días después, el Ayuntamiento confirmó que se trataba de 15 viviendas, y que incluso algunas ya estaban habitadas. Además, aclaró que sus "propietarios" no contaban con licencia de construcción, pero que antes de actuar debería reconocer si el sitio en donde estaban asentadas pertenecía al municipio, o a la Federación.

El 21 de febrero, la CEA realizó un recorrido guiado. En el lugar, las personas que ahí residen señalaron haber adquirido el terreno al ejido de El Zapote. Este medio habló con uno de los presuntos vendedores, quien aseguró tener "ofertas" de entre 300 y 500 pesos por metro cuadrado, en zonas próximas al cuerpo de agua que "no se inundan".

Dado que se hablaba de presunta responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se buscó la postura de esa dependencia. La respuesta fue contundente: "Ese no es un cuerpo de agua propiedad de la nación, por lo tanto no es responsabilidad de Conagua"; sin embargo, se dijo en pro de que permaneciera libre de invasiones.

Un día después, el titular de la CEA, César Coll Carabias, declaró que la responsabilidad al permitir los asentamientos irregulares es únicamente de Tlajomulco  de Zúñiga, pues esa, dijo, es la instancia que se encarga de vigilar la localidad.

Lamentó la situación y exhortó a la autoridad municipal a actuar en consecuencia, pues es esa instancia la que cuenta con "policías e inspectores de edificación", quienes pudieron evitar a su tiempo las invasiones al vaso: "El Ayuntamiento es el que debe de vigilar que no se toquen ese tipo de embalses", expuso.

El presidente municipal interino, Alberto Uribe Camacho, mencionó por su lado que, una vez que el asunto llegó a medios, los presuntos dueños del lugar (habitantes del ejido de El Zapote), se acercaron a él para hablar de la legal posesión del terreno.

Confirmó que, en caso de que se demuestre el discurso de estos, tampoco se les entregará la licencia de construcción, pues lejos del debate sobre si es terreno federal, estatal o municipal, se trata de una zona de riesgo que puede poner en peligro la vida de sus habitantes.

Refirió que ya el municipio analiza las opciones que podría abordar para iniciar con los procedimientos de reubicación, y no descartó que eventualmente sea esa misma instancia quien arranque con la demolición de las construcciones.


EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA