GUADALAJARA, JALISCO.- Sí es necesario realizar modificaciones a la Constitución para establecer la aplicación de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios Públicos para el Estado de Jalisco, mejor conocida como PPS. De lo contrario, se abre la posibilidad de que a través de una controversia constitucional se invaliden los actos legales apoyados en esta ley, manifestó el académico Alfonso Mendoza Velázquez, especialista en temas de asociación público-privada, invitado por el Congreso local para participar en el Foro sobre la Reforma Presupuestaria Jalisciense. En la aprobación de la Ley de los PPS, el Congreso local no realizó ninguna modificación constitucional. Sobre este punto, el diputado Jorge Salinas Osornio insiste en que “no era necesaria”, y argumenta que la Constitución estatal ya establece que el Gobierno jalisciense podrá asociarse con particulares para prestación de servicios públicos. Sin embargo, Mendoza Velázquez explicó: “Requiere adecuaciones a la Constitución. Tiene que plantearse específicamente, muy explícito, la existencia de este tipo de instrumentos (los PPS). Si no está contemplado en alguna legislación o en la Constitución misma, o en alguna ordenanza particular, su existencia o su base jurídica está en riesgo. No existe”. Subrayó que tiene que establecerse en la Constitución el sujeto jurídico, en este caso los PPS, pues de lo contrario puede ser riesgoso, ya que se abre la posibilidad a una controversia constitucional entre las partes, “a que se recurra a leyes superiores para invalidar una situación”. El académico mencionó que en las inversiones público-privadas existen riesgos tanto para el inversionista privado como para el Gobierno. Entre los riesgos figura, explicó, que el empresario incumpla con los estándares de calidad en la prestación de los servicios concesionados, además que se generen costos no reales o se “inflen” para obtener mayor margen de ganancia. Y con el fin de minimizar los costos, dijo, también pueden presentarse situaciones en las que los concesionarios “aprieten” las condiciones laborales de los empleados. Por su parte, el inversionista se expone a que el Gobierno incumpla los convenios, debido a que los periodos de las administraciones son de tres (municipal) y seis años (estatal), cuando los concesiones pueden ser de hasta 30 años. “Para reducir los riesgos es fundamental que exista un proceso profundo de planeación y formalización legal para dar certeza jurídica a las dos partes, pero sobre todo brindar el beneficio social a la ciudadanía. Lo recomendable es que los proyectos que se realizan a través de los PPS tengan una evaluación social”. Sobre este tema, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, celebró la aprobación porque abatirá el rezago en infraestructura que presenta el Estado. Aunque lo óptimo hubiera sido contar con el apoyo de todas las fracciones, la aprobación de la ley contribuye al desarrollo. “En Jalisco vamos tarde”, dijo al referirse al nuevo instrumento que elevó el nivel de competitividad de estados y países en donde se utiliza. El hecho de que inversiones foráneas sean quienes obtengan las concesiones no representa problema, agregó, pues “la obra no se la van a llevar”. Además, los empresarios jaliscienses difícilmente podrían participar: “Somos los más descapitalizados”.Analizan recurso de inconstitucionalidadAyer se agudizó la controversia por la recién aprobada Ley de los PPS. A través de un desplegado con dedicatoria a legisladores del PRI (bancada que rechaza avalar esa legislación), la fracción panista los acusa de tener una postura “desinformada y sesgada”, con la intención de “manipular u ocultar los beneficios de esta ley”. “Aquellos que critican y se oponen a este proyecto de ley, son aquellos que no se han informado suficientemente, o peor aún, que teniendo la información y pleno conocimiento de los beneficios y alcances de esta reforma, dolosamente pretendan manipular u ocultar a la opinión pública las bondades que la misma conlleva”. El coordinador de los diputados priistas, Juan Carlos Castellanos, reaccionó ante el documento. Calificó el desplegado como un “arrebato de soberbia e incongruencia” del coordinador de los legisladores panistas, Jorge Salinas Osornio. “No podemos seguir teniendo en el poder gente tan incongruente, gente que se sienta mesiánica y que actúe desde una óptica faraónica”. Además, reiteró que están revisando la ley para interponer un recurso de inconstitucionalidad, ya que no se realizó una reforma a la Constitución necesaria ante la creación de la Ley de los PPS. Para presentar ese recurso se requiere la firma de 14 diputados, y dado que en la fracción del tricolor son 13, será necesario buscar que uno más se sume a esta causa. Castellanos Casillas reiteró el rechazo a la legislación que, consideró, “es una copia mal hecha, hay que decirlo, de otros países”. Dijo que pareciera que la tendencia es la privatización de servicios con esta ley, porque la Ley de Obra Pública ya contempla modelos de concesión. Jorge Salinas Osornio defendió la Ley de los PPS, dejando en manos de la sociedad la evaluación de los beneficios de este marco legal. EL INFORMADOR 03-04-2008 JRMBFrases de la oposición y de los defensores: Aquellos que critican y se oponen a este proyecto de ley, son aquellos que no se han informado suficientemente, o peor aún, dolosamente pretenden manipular u ocultar a la opinión pública las bondades Legisladores panistas.No podemos seguir teniendo en el poder a gente tan incongruente, gente que se sienta mesiánica y que actúe desde una óptica faraónica (refiriéndose a diputados panistas) Juan Carlos Castellanos, coordinador de los diputados priistas.(Los partidos políticos de oposición siguen la tendencia de estar en contra) simplemente por ser oposición y porque no son iniciativas de ellos Javier Gutiérrez Treviño, coordinador del CCIJ.
