Reparar Ciudad Judicial costaría 200 MDP: Vega Pámanes

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2015).- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STTJ), Luis Carlos Vega Pámanes, lamenta que ni la Auditoria Superior del Estado ( ASEJ) ni la Contraloría del poder ejecutivo, hayan concluido las revisiones entorno a la construcción de Ciudad Judicial. Es más, en las revisiones que ellos mismos han hecho al inmueble han podido documentar más irregularidades. El costo de reparar y concluir el edificio podría ascender a 200 millones de pesos.  

"Dicen que costó 800 millones de pesos, ya le han ido bajando al costo. Pero en realidad pudo haber costado más de mil millones". Entre las inconsistencias presentadas por Vega Pámanes es que "se construyeron 33 juzgados en lugar de salas de juicios orales; la auditoría que nosotros hicimos nos dice que ellos (los constructores) dividieron la obra entre 52 compañías, que muchas de ellas ya no existen".

La construcción "excesiva" ocasiona que de la mayoría de los 350 baños que se realizaron en el complejo judicial ubicado a un costado del Estadio de Chivas, estén cerrados. "Se cierran tres cuartas partes de los baños porque todo nos robaban, los flotadores, las tapas, las llaves..."

En el patio se localizan dos fuentes que "hoy están secas. Cuando llueve toda el agua se mina al estacionamiento subterráneo".

Después de que este medio de comunicación dio a conocer que las auditorías realizadas a las obras, son materia pendiente para las autoridades estatales; Vega Pámanes dijo que la conclusión (falta terminar la construcción de uno de los tres pisos) y reparación costaría 200 millones de pesos, el equivalente a la mitad del presupuesto de todo el STTJ durante el 2014.

A esto se añade que los 15 millones de pesos que se le presupuestaron a Ciudad Judicial para el mantenimiento de este 2015 serán utilizados para pagar las deudas contraídas desde hace un par de años, cuando inició operaciones. De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, se adeudan ocho millones de pesos en seguridad privada y otros siete millones de pesos en el pago de los servicios básicos.

EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA