Relegan capacitación en derechos humanos a policías

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2015).- El 28 de mayo de 2014, dos agentes investigadores detuvieron a “Rubén” mientras se encontraba laborando en una empresa. Lo acusaban de haber robado un químico. El par de investigadores de la Fiscalía General del Estado le pusieron aros aprehensores para sacarlo de allí. Minutos más tarde, ya en los separos de la dependencia, lo golpearon, lo hincaron y le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo.

Una vez que volvió en sí, luego de desmayarse, le dieron a firmar una declaración ministerial donde aceptaba el robo. Horas después, el detenido fue puesto en libertad porque el juez concluyó que era inocente. El hecho es real y se registró en la recomendación 13/2015 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

En Jalisco, sólo uno de cada 10 elementos operativos de seguridad recibió capacitación en materia de derechos humanos durante 2014.

Entre 2013 y 2014, la Fiscalía General del Estado y los Ayuntamientos desoyeron las recomendaciones de la CEDHJ y redujeron el número de elementos que se capacitaron casi por mitad, al pasar de cuatro mil 157 a dos mil 388.

El informe al que este medio tuvo acceso, vía Ley de Transparencia, documenta que hay municipios como Zapopan y Guadalajara, cuya plantilla laboral policial conjunta ronda los cuatro mil elementos, pero su asistencia a los cursos de capacitación no rebasaron los 200 elementos en 2014.

Se documenta que hubo dos mil 388 elementos que fueron capacitados en la pasada anualidad, de un universo de casi 20 mil elementos que registra el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).

Los policías no reciben una capacitación constante, para que se garantice que una persona que es detenida es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si un sospechoso está implicado en algún delito, que sus derechos a la vida, salud, seguridad y al debido proceso no serán vulnerados.

El documento da cuenta que entre 2009 y 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo acreditó la capacitación a 15 mil 298 agentes operativos. Si el universo total de elementos ronda los 20 mil elementos, quiere decir que hay agentes que pudieron haber recibido capacitación hace un sexenio, pero no lo volvieron a hacer.

Todo esto pasa aún cuando el ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, recomienda que los elementos deben capacitarse por lo menos una vez al año.

Hoy las detenciones arbitrarias y por tortura les han costado a los ayuntamientos metropolitanos más de 10 millones de pesos en reparaciones del daño y en apoyo psicológico a las víctimas.

Una de las explicaciones que se dan ante esta omisión es que ni las Policías municipales de la zona metropolitana ni la Fiscalía General del Estado han creado incentivos para que los elementos asistan de manera regular a las capacitaciones.

Los municipales evaden cursos

El Ayuntamiento tapatío es omiso en capacitar a sus policías en derechos humanos, porque no incentiva a sus elementos. Contrario a esto, utilizan sus días de descanso para tratar de remediar el problema.

Un ejemplo es la recomendación la recomendación 32/2013 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

En el documento se solicitaba al entonces comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Carlos Mercado Casillas, que capacitara a sus elementos en materia de derechos humanos por el encontronazo que tuvieron los policías con manifestantes afuera de Expo Guadalajara, durante la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto. Debían aprender a controlar su fuerza y atender situaciones de riesgo, como las manifestaciones con alta concentración de personas ajenas a los hechos.

Desde entonces, de los casi dos mil 450 elementos con los que cuenta la corporación, la CEDHJ sólo acredita la capacitación de casi 200 policías: 131 en el año 2013 y apenas 77 elementos en 2014.

El coordinador de asesores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Antonio de Jesús Mendoza Mejía, asegura que la capacitación en la corporación es constante, pero no ofreció documentos que probaran sus dichos. En su defensa, comentó que la capacitación en derechos humanos es una de las materias que se les pide acreditar a los cadetes que están por egresar de la Academia de Policía.

“La política es acatar la Constitución, y ahí viene el respeto a los derechos humanos. Todos los elementos activos tienen capacitación”, dijo en primera instancia. Pero una vez que se le ofreció el informe de la CEDHJ, sólo respondió que desde que están en etapa de preparación se les pide que respeten la dignidad de las personas durante las detenciones.

CURSOS
Guadalajara

De los casi dos mil 450 elementos de Guadalajara, la CEDHJ sólo acredita la capacitación de casi 200 policías entre 2013 y 2014.

CERO EN 2015
Zapopan

En 2013, la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan reveló que mandaron a capacitación a 80 de los mil 600 elementos que componen la corporación. En 2014 no hubo cursos.

Descalifican informes de organizaciones

La titular de la Fiscalía en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Lizzeth Hernández Navarro, descalifica los informes presentados por organizaciones ciudadanas sobre el estado de la tortura en Jalisco. Ellos se manejan de acuerdo con las cifras oficiales que generan desde la dependencia y desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aunque entiende que, en los medios de comunicación, va a remar contra corriente porque “el amarillismo es lo que vende”.

Uno de los temas es el número de quejas que se presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Apenas el pasado 29 de abril se presentó un nuevo informe de colectivos y señalaban un retroceso.

— ¿Dónde hay más quejas? ¿Contra los policías o contra los agentes investigadores? —se le cuestiona.

— Vamos a ser muy objetivos: ¿Quién presentó el informe?

— El Cepad (Centro de Justicia para la paz y el desarrollo)

— ¿Quién es Cepad?

— Es un colectivo que presenta datos con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

— ¿Y cuáles son las cifras oficiales? A lo que yo voy es a las cifras oficiales.

— El punto es que hay 31 recomendaciones de la CEDHJ desde 2007.

— Actualmente yo tengo seis recomendaciones en lo que corresponde a esta administración. Y de esas seis, sólo dos le competen a elementos de la actual administración. Hay que ser puntuales en las cifras que están manejando. Yo no dudo de la reputación que tenga (la organización), pero yo sí cuestiono las cifras oficiales. Yo también puedo salir (a los medios de comunicación) y decir: tengo esto.

— ¿Y por qué no lo hace?

— Hay que ser muy objetivos, ya lo he platicado. La vez pasada intenté ser muy objetiva, pero realmente o no vende o no se transmite. Aquí se manejan cifras… y si te soy honesta, hace días se publicó un libro de Guadalupe Ramos sobre feminicidio. Y ella me decía que no encontraba una lógica en la investigación que hacemos, pero ella hacía su investigación a partir de recortes de notas periodísticas.

Hay que ser muy cuidadosos en la metodología, en qué se basa una investigación respecto a lo oficial.

FISCALÍA DE JALISCO
Aceptan recomendaciones por tortura; no sancionan a culpables

En 2014, la Fiscalía General del Estado tuvo que aceptar seis recomendaciones por la tortura de sus elementos contra presuntos culpables. Dichas recomendaciones fueron emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), sin que hubiera mayores consecuencias. Van 31 recomendaciones desde 2007 sin ningún tipo de sanción para los elementos implicados en este tipo de investigación extrajudicial.

La fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Lizzeth Hernández Navarro, afirma que todas las recomendaciones por tortura que se han emitido a la presente administración han abierto un proceso de investigación interno para deslindar responsabilidades de sus elementos.

Sin embargo, sólo han terminado una de las siete investigaciones abiertas desde 2013. Se concluyó que el elemento señalado por la CEDHJ no tuvo responsabilidad, por eso no será sancionado ni se abrirá una averiguación previa.

“Todas las recomendaciones se han aceptado. El día que quieras yo te enseño los dictámenes… una recomendación es de 20 hojas y se hace un análisis. Sí admito, sí inicio los procedimientos administrativos, pero yo no soy la que investiga, tramita y concluye los procedimientos. Yo sólo lo solicito a la Dirección de la Contraloría”.

Hernández Navarro apunta que la recomendación número 6/2014, en donde se afirma que un elemento golpeó con la culata de su ametralladora a un presunto culpable, no generó un proceso sancionatorio, pues la investigación no dio los elementos suficientes para castigar a quien hizo uso de la fuerza desmedida para reprimir a una persona.

“No se acreditan las violaciones. Pero se cumplió con la capacitación de los funcionarios y se adjuntó la recomendación a los expedientes de los policías”.

La averiguación previa por el delito de tortura “se archivó en espera de mejores datos”. Mientras que la reparación del daño a la víctima, sigue en trámite.

Hasta hoy no se ha resarcido el daño, en lo económico, a ninguna de las víctimas de éste o de cualquier otro delito, a pesar de que el Congreso del Estado aprobó una bolsa de un millón de pesos para que el Gobierno del Estado atendiera a las víctimas del delito.

En lo que resta del año, la fiscal en Derechos Humanos espera concluir las cinco investigaciones que están pendientes del 2014, en espera de que las diligencias arrojen el grado de responsabilidad de los elementos que incurrieron en la supuesta tortura. Y aunque la CEDHJ ya lo acreditó con su propia investigación, en la Fiscalía General del Estado prefieren hacer sus propias indagatorias.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
“¡Soy abogado…!”

“¡Soy abogado…!”, le respondió un elemento de la Secretaría de Movilidad a un joven, cuando éste intentaba grabar la “mordida” que le acababa de pagar un camionero para evitar la multa. Después el agente lo golpeó y pidió a policías tapatíos que lo detuvieran. El hecho se registró en abril pasado, y las redes sociales hicieron famoso el hecho.

En la Secretaría de Movilidad se lleva a cabo un ciclo de conferencias en Derechos Humanos, desde el pasado 9 de marzo. En total son 14 encuentros con especialistas, pero sólo 300 de casi dos mil elementos pueden tomar el curso. La agenda operativa de todos los elementos impide distraer las actividades de los policías para capacitarse.

El director de general de planeación y profesionalización de la dependencia, Francisco Javier Valencia Zepeda, afirma que la capacitación en derechos humanos tendrá que ser una prioridad de ahora en adelante, luego de que se encontraron una dependencia que no fijaba el respeto a las garantías individuales en su agenda. “Casi dos mil elementos no es fácil, pero además tenemos una capacitación para el personal que está en los trámites”.

Acentúa que “cuando llegué a la dirección, había una resistencia normal al principio. Pero después te aceptan, cuando saben que estás trabajando. Lo que importa es que los elementos mejoren en su calidad de trabajo y en su calidad de vida. Hoy nos hemos ganado la confianza”.

El elemento que fue videograbado no tenía capacitación en derechos humanos, “si te dijera que sí, te estaría mintiendo”, dice el funcionario. Sin embargo, todo el personal operativo ahora recibe cursos en protección civil y primeros auxilios.

LA VOZ DEL EXPERTO
Tema vital

Gerardo Moya García (consejero directivo del CEPAD).

“El tema de la capacitación es vital, porque si un servidor público no sabe cuál es la función que le corresponde y no sabe que el primer (artículo) constitucional es proteger, defender y salvaguardar los derechos humanos de la población, y cree que la represión del ciudadano al que debería de atender, lo que tenemos es una función tergiversada”.

La capacitación es básica desde la propia instancia del Ayuntamiento, para que capacite, pero también es la función que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes tienen la tarea legal de hacer este tipo de tareas sobre la capacitación. Y lo digo porque cuando les exigimos a los servidores públicos, debemos de estar seguros de que tienen las herramientas y la capacitación para lo que fueron elegidos. Y que ellos conocen los límites del Estado en materia de Seguridad Pública.

“Si no hay capacitación en derechos humanos, que es obligación del Estado darla pero también es un derecho como policía recibirla, entonces hablamos de un servicio que no se cumple”.

¿Basta la capacitación en derechos humanos que se da en la Academia de Policía? La pregunta central es esa. “La función de prevención es importantísima, pero se requiere de una capacitación constante porque hay mucha movilidad (laboral) en los cuerpos de la Policía, que no siempre garantizan que tienen todos las mismas oportunidades para aprender los límites del uso de la fuerza”.

Sin incentivos

En Zapopan pasa algo similar que en Guadalajara. En agosto de 2014, una fiesta que se salió de control a los organizadores provocó que fueran aprehendidos 280 jóvenes, quienes asistieron a un evento no autorizado por el Ayuntamiento. Sin embargo, la CEDHJ abrió una queja de oficio, al descubrirse que los elementos policiales sí detonaron sus armas.

Ese año, la CEDHJ no documentó ninguna capacitación de personal a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zapopan. La última fue en 2013, cuando mandaron a 80 de los mil 600 elementos que componen la corporación a tomar cursos. El informe lo obtuvo este medio vía Ley de Transparencia.

En su defensa, el director de la Academia de Policía de Zapopan, Leonardo Hernández Ramos, asegura que todos los cursos de capacitación que se brindan son internos, y que son otorgados por empresas pagadas con recursos que se bajan de la Federación. “El Sistema Nacional de Seguridad Pública otorga fondos y ellos verifican, antes de dar cualquier curso, que las capacitaciones sean aceptadas jurídicamente los programas”.

Aunque desde 2009 la CEDHJ ha pedido a los elementos que se abstengan de realizar revisiones de rutina, porque son el inicio de violaciones sistemáticas en derechos humanos, en Zapopan hay dos casos para recordar, además de la fiesta que ya se comentó. En octubre de 2013, un elemento asesinó a Erick Fernando Chávez Trejo, un joven de 21 años, quien era objeto de una “revisión de rutina”.

Y el otro hecho fueron las declaraciones del alcalde Héctor Robles Peiro, al señalar que prefería invertir dinero en prevención del delito a tener que estar maltratando “a macanazos” a los jóvenes del municipio que él administra.

En el caso de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque no existe un incentivo económico ni laboral para que sus elementos tomen los cursos por decisión propia. En Zapopan, señala Hernández Ramos, es una decisión que se toma desde los superiores jerárquicos. “Y se tiene que cumplir”.

Mientras que en Guadalajara y Tlaquepaque, se utilizan los días francos (descansos) de los elementos para que tomen la capacitación.

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