Reinstalan a la tercera parte de los policías desarmados

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2016).- Vicente Martínez Castro dirige una corporación sin elementos. Desde que llegó a la Policía de Villa Purificación no ha tenido personal porque no han realizado los exámenes de control y confianza que los acrediten para laborar.  

“Dirijo una corporación vacía. Ayudo al presidente municipal a recibir a los aspirantes a la Policía y mando su documentación a la Fiscalía y al Centro Estatal de Control y Confianza para que los manden a llamar”.

Las medidas aplicadas por el Gobierno del Estado para desarmar a los policías municipales de Casimiro Castillo, Cocula, Jilotlán de los Dolores, Unión de Tula, Pihuamo y Villa Purificación, para garantizar la seguridad de los pobladores por sus presuntos nexos con el crimen organizado, resultaron en que 48 de 151 agentes regresaron a sus corporaciones, por lo menos de los cuatro primeros municipios mencionados. Pihuamo no concedió información sobre el tema.

En el caso del Municipio de Casimiro Castillo destaca que ocho policías fueron cesados de la Comisaría de Seguridad Ciudadana por tener abierto un proceso jurídico.

De acuerdo con el Centro Estatal de Control y Confianza, los alcaldes tienen la libertad de reubicar a los elementos desarmados en otras instancias, como fue el caso de dos gendarmes de Unión de Tula, ya que uno fue adscrito a la Promotoría de Salud y el otro es velador de la Casa de Cultura.

En Villa Purificación, de los 35 que fueron desarmados ninguno ha regresado y siete fueron reubicados: seis en Protección Civil, pero uno como juez municipal.

El Centro Estatal también aclara que hay parámetros específicos que pueden ser reevaluados si es que reprobaron.

La Fiscalía informa que dos elementos de Cocula han sido consignados por los delitos de peculado o por actuar contra representantes de la autoridad.

Por su parte, el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, mencionó que la prioridad de los desarmes de las Policías Municipales es que los elementos cumplan con un proceso de evaluación.  

Sobre las quejas u observaciones contra los desarmes responde que “es válido que defiendan a sus policías (autoridades municipales o familiares), pero esta política ha ido avanzando y es importante que avance. Debemos pensar en lo que sea mejor para los ciudadanos y no para los que tengan una visión personal”.  

Señalan retraso en aplicación de exámenes

Al contrario de las Direcciones de Seguridad Pública de Casimiro Castillo o Cocula, que ya tienen algunos nuevos policías, Villa Purificación sigue con la supervisión de la Fuerza Única Regional.

Los policías de Villa Purificación siguen en la incertidumbre ya que sólo siete fueron reubicados, pero los demás esperan los resultados de los exámenes de control y confianza, informa Vicente Martínez Castro, actual titular de la corporación, “apenas están haciendo los exámenes”.

Notifica que sólo 11 de los agentes desarmados han hecho los exámenes y la mayoría son nuevos aspirantes; sin embargo, originalmente son 40 los interesados en integrar la Policía, pero no les han agendado la cita para las pruebas. Mientras tanto, 40 policías de la Fuerza Única Regional se encargan de la seguridad del municipio.

Expone que, al contraste de otros municipios con elementos desarmados, como Unión de Tula o Cocula, no han podido dar de alta a más personal por la misma razón: siguen pendientes los exámenes y se pregunta.

En septiembre de 2015, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz visitó este municipio y aseguró que la primera Policía que sería reintegrada sería esa, pero hasta ahora sus palabras se quedaron en el aire: “Me comprometo a que en 60 días los elementos que aprobaron los vamos a capacitar y apoyar para que regresen pronto y tengan mejor seguridad las familias de Villa Purificación”, aseguró Sandoval Díaz.

“No tenemos patrullas ni nada. Cuando vino el gobernador prometió que en (máximo) un mes y medio estaría lista. A Casimiro Castillo les mandaron patrullas hace 15 días y acá no. No han querido darnos la oportunidad”, lamenta Martínez Castro.

El actual “capitán Martínez” dirigió previamente la Policía de La Huerta y también laboró en Casimiro Castillo. Su conocimiento de la zona lo anima a afirmar que los niveles de inseguridad no ameritaban una reacción de ese tipo y, sobre todo, que sigan retrasando el rearme de los elementos.

FISCALÍA RECOMIENDA QUE ACUDAN A DERECHOS HUMANOS
Denuncian maltrato

Incomunicados y desorientados se quedaron durante varias horas en Guadalajara los policías desarmados del Municipio de Villa Purificación durante mayo de 2015, hasta que la presión de sus familias provocó que los “liberaran” y pudieran regresar a su municipio de origen.

Los hechos, en palabras del subdirector de la Policía de Villa Purificación, Sergio Vallejo Landeros, sucedieron así:

Desde octubre de 2012, los policías se sometieron a los exámenes de control y confianza. Todos los que estaban hasta el momento del desarme del 15 de mayo pasado los aprobaron; los que no, fueron reacomodados en otras áreas del Ayuntamiento o se les dio su finiquito. Además, los elementos municipales recibieron capacitación constante.

En la anterior fecha, Sergio Vallejo recibió una llamada desde la comandancia municipal. Llegó y uno de los elementos de la Fuerza Única le pidió sus armas y celular, sin documento o escrito oficial de por medio.

Entró a su oficina y ya estaba su secretaria y otros elementos desarmados. Nadie les había informado el por qué. Los policías estatales le solicitaron que llamara a sus compañeros que estaban en descanso para que fueran a la comandancia con el fin de desarmarlos.

Conforme llegaban los subían a patrullas y camionetas. Desde ese momento estuvieron incomunicados: “La forma en que llegaron y tomaron el municipio no fue la correcta. Somos seres humanos y no se vale”.

Durante su traslado a Guadalajara, el subdirector afirma que fueron maltratados. Con la incertidumbre de no saber nada llegaron a la capital del Estado a las 10:30 de la noche, y los llevaron al Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía. Durante su estadía en la academia, hasta el reencuentro con sus familias, tuvieron dos fugaces contactos telefónicos.

Esa noche uno de los encargados del viaje informó a los policías municipales que iban en calidad de “presentados”.

Después, elementos de la Fuerza Única llegaron al Instituto y los trasaladaron a la Fiscalía Central en la Calle 14. Sergio Vallejo se sintió tranquilo por llegar a un lugar conocido por él. Desde las 22:30 horas hasta las 06:00 del día siguiente, todos los policías de “La Villa” permanecieron agachados contra la pared con el fin de que no miraran a nadie mientras rendían su declaración.

Cuando todos terminaron, les permitieron sentarse.

Sobre la supuesta colusión de la Policía Municipal con grupos del crimen organizado asegura que no hay nada de eso. Sólo los agentes tuvieron la “mala suerte” de que los hechos violentos del 1 de mayo (cuando se realizó un enfrentamiento y se derribó un helicóptero del Ejército) iniciarán allí: “Era un municipio tranquilo. La gente sentía en las calles la tranquilidad”.

Ante los señalamientos, la Fiscalía se limitó a comunicar que pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a la Visitaduría de la Fiscalía para hacer valer sus derechos y denuncien los maltratos.

CRONOLOGÍA
Van contra agentes por “nexos” con la delincuencia

8 de diciembre de 2014

Patrullas de la Fuerza Única llegaron a la plaza central de Cocula donde desarmaron a los policías municipales. Mientras se retuvo a los elementos se hizo un inventario del armamento. La misma acción se realizó en Casimiro Castillo ese día. “Es una cuestión de estrategia, de seguridad”, dijo el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

15 de mayo de 2015

La Fiscalía tomó control de los municipios de Villa Purificación y Unión de Tula y desarmó a los policías. El 1 de mayo de ese año se había dado el derribo de un helicóptero tripulado por militares en “La Villa”, cuando iniciaba la llamada “Operación Jalisco”, lo cual desencadenó 39 bloqueos de vialidades con autos, tráileres y unidades del transporte público incendiados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del Estado.

El entonces comisionado de Seguridad, Alejandro Solorio, explicó que las acciones se llevaron a cabo por “señalamientos” que presumían la infiltración por parte del crimen organizado en estas policías: “Si nosotros intervenimos es porque hay fuertes indicios y hay comentarios por parte de la gente”.

1 de junio de 2015

Los procesos de desarme de gendarmes continuaron en los municipios de Jilotlán de los Dolores y Pihuamo. Las autoridades basaron las acciones en la atribución que tiene la Fiscalía General del Estado de otorgar y revocar licencias de portación y uso de armas de fuego.

Entre los hechos violentos que rodearon esos municipios en el pasado, está el del 5 de noviembre, cuando un grupo armado asesinó al ex presidente del PAN de Jilotlán de los Dolores.

REFORMA
Proponen a Jalisco para plan piloto de certificado único

En la pasada glosa ciudadana con motivo del Tercer Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval, en el apartado de “Gobernabilidad y seguridad pública”, José Gabriel Paz, del Colegio Interamericano de Defensa, criticó el modelo bajo el cual operará la policía única estatal y las responsabilidades que tendrá cada elemento.

Pero el fiscal Eduardo Almaguer explicó que ya hay bases con la Fuerza Única y cómo un porcentaje de policías municipales se encargarán de ver sólo las faltas administrativas, en tanto que la policía estatal lo hará con delitos de alto impacto.

Miroslava Ortíz, de la Asociación Causa Común, pidió saber cómo se robustecen las instituciones  mediante el sistema profesional de carrera. La respuesta: falta mucho por hacer, aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública propondrá a Jalisco como “Estado piloto para la emisión del certificado único”, que tiene el propósito de tener más control en las habilidades y destrezas de los elementos de seguridad.

Y cuestionó sobre la depuración policial mediante los exámenes de control y confianza, a lo que el fiscal le respondió que hay una decisión contundente: quien no aprobó no puede ser reevaluado. En lo que va del sexenio, Jalisco ha depurado a mil 573 elementos y 11 mil 470 fueron aprobados.

Explicó que en 16 municipios se pidió el desarme de sus mandos de Policía, porque aún estaban trabajando y no aprobaron las pruebas.

El secretario general del Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, confirmó que se han separado mil 573 elementos por esta causa.

TELÓN DE FONDO
Continúa “limpia”

Apenas el 9 de febrero, el fiscal Eduardo Almaguer informó que concluyeron con el desarme de los 16 directores de distintas policías municipales en el Estado que no aprobaron sus controles de confianza.

Recopiló que de los 16 directores, uno renunció con anterioridad, nueve ya entregaron sus armas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y seis en municipios foráneos.  

Los agentes despedidos por no pasar los exámenes crearon una organización liderada por Alfredo Ulloa Higuera, llamada Acuerdos de Corporaciones Unidas de Jalisco, que pretenden que se les dé el derecho de defensa a los despedidos por los controles de confianza. Con miembros de las corporaciones de toda la metrópoli ya suman mil 200 integrantes.

Los exámenes de control y confianza también han sido una “piedra en el zapato” para las nuevas administraciones municipales. La Fiscalía General del Estado informó que de los 125 municipios de la Entidad, sólo 44 ya aprobaron sus exámenes de control al comienzo, 34 más estaban en proceso y 27 municipios no habían enviado aún sus propuestas, esto en el corte de octubre de 2015.

Almaguer comentó a medios de comunicación que el fin, de acuerdo con la instrucción federal de consolidar el mando único estatal (una propuesta de Enrique Peña Nieto que se discute en el Congreso de la Unión), es que haya 32 policías confiables por cada entidad federativa: “Para que esta coordinación sea clara entre las guardias administrativas y policías estatales y nos den resultados”.

Añade que se busca que las autoridades municipales se concentren en que se respeten sus reglamentos de Policía y Buen Gobierno: “Las Policías estatales son las únicas que atenderán los delitos” en caso de avanzar la reforma constitucional.

GUÍA
¿Cuáles son las pruebas?

Con la creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco en 2010, se pretendió tener un mayor control sobre la calidad y aptitudes de los elementos de seguridad y procuración de justicia.

El Centro fue creado como una unidad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, y cuenta con un órgano consultivo integrado por representantes de las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Vialidad y Transporte,  junto a la Procuraduría, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la propia Secretaría Ejecutiva del Consejo.

Hoy, la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría se fusionaron como Fiscalía de Jalisco.

Las pruebas de control de confianza por las que pasarán los policías y elementos ministeriales tienen cinco componentes.

Médica
Con el que se verifica su estado de salud y se detectan oportunamente enfermedades que puedan poner en riesgo al elemento o la institución.

Toxicológica
Para detectar el consumo de sustancias adictivas ilegales, o legales, pero sin prescripción médica.

Sicológica
Que evalúa características de personalidad y nivel de rendimiento intelectual.

Poligráfica
Para esclarecer si los elementos han incurrido en conductas ilegales determinando la veracidad de sus respuestas.

Socioeconómica
Que verifica que el nivel de vida del evaluado corresponda a sus ingresos.

CLAVES
Sugieren incluir a los jueces

Declaración. En la búsqueda de la erradicación de las prácticas de corrupción en el sistema de justicia, el fiscal Eduardo Almaguer sugirió que los integrantes del Poder Judicial también se sometan a los exámenes de control de confianza. Esto, en el entendido de que no sólo los policías y operativos deben cumplir este requisito.

Motivo. Esta sugerencia derivó de una serie de inconformidades del fiscal sobre las decisiones de los juzgadores, que concluyó con la denuncia que presentaron contra una jueza que dejó en libertad a un presunto ladrón y homicida, 10 años antes de cumplir su condena.

Reacción. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, reviró que los jueces no están sujetos a pruebas de control confianza. “Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia, yo estoy dispuesto, por mí no hay problema, pero son acuerdos, resoluciones”.
Fondo Desde la reforma en 2009 a la Ley de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión descartó que el Poder Judicial se incluyera en este tema, por lo que sólo aplica en términos generales a los policías y agentes del ministerio público.

Retraso. La Ley ordenaba que en 2012 todas las policías deberían estar depuradas de los elementos que no aprobaran los exámenes, pero el Congreso de la Unión otorgó dos prórrogas en 2013 y 2014, con la intención de que las alcaldías y gobiernos estatales cumplieran con la legislación.