Proponen reformas para erradicar corrupción en juicios laborales

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2013).- Declarar salarios “inflados”, la exigencia del pago de 20 mil 784 horas extra que no se acreditaron y ampararse con una ley anterior para incrementar el monto de los salarios caídos para que se decrete un laudo millonario, forman parte de las irregularidades detectadas por la Secretaría del Trabajo en la demanda laboral emprendida contra el Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara. Por ello la dependencia presentará en los próximos días una denuncia penal para aclarar el caso de los abogados “talibanes” que representan a los cinco trabajadores que demandaron a la asociación civil.

Eduardo Almaguer Ramírez, secretario del Trabajo, indica que en la demanda “inflaron” los salarios hasta el triple. Por ejemplo, uno de los trabajadores ganaba 193.05 pesos diarios y en el juicio se señalan 704.20. “Quieren perjudicar a una institución que presta un servicio social sin lucro y no lo vamos a permitir. Hago una advertencia a esos abogados: serán sancionados. Se acabó la impunidad en materia laboral”.

Además, la Secretaría del Trabajo presenta hoy ante diputados una propuesta de reforma al Código Penal de Jalisco, en la que solicita tipificar los delitos en el desarrollo de los procesos laborales ante “la gran cantidad de declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad” documentados en juicios laborales.

“Hoy lo único que se logra (cuando se detecta alguna irregularidad) es que el perjudicado acuda ante la justicia federal para pedir que se anulen esos actos y se pueda reponer el proceso; de ser aprobada la reforma, estas acciones podrán ser claramente tipificadas en lo inmediato. También se podrán presentar las denuncias correspondientes y nadie podrá evadir, por alguna laguna, la acción de la justicia penal”.

Sobre los abogados “talibanes”, subraya que se hicieron especialistas en despojar a pequeños o medianos negocios a través de estos juicios ilegales, en articulación con malos servidores públicos y sindicatos. El caso del Banco Diocesano es el ejemplo.

“Los ‘talibanes’ y estos malos trabajadores están demandando por salarios más altos a los que ganaban y no toman en cuenta los recibos que acreditan sus salarios; también niegan sus firmas en las pruebas documentales. Por eso demandan hasta el doble o el triple de los salarios que percibían de manera original y horas extra que nunca se trabajaron. Hablan de que todo el tiempo trabajaron cuatro horas diarias extra, con jornadas de 12 horas; no lo acreditan con una tarjeta o una firma de sus jefes”.

Abunda que el Banco señaló en su defensa que nunca se despidió a las personas y que en la primera audiencia les ofreció su trabajo nuevamente, pero optaron por la continuidad del juicio. “Cuando ellos, de manera voluntaria, porque no se les despidió, decidieron dejar de laborar, firmaron un finiquito y se les pagó lo que por ley correspondía. Pero, no satisfechos, acudieron con estos abogados ‘talibanes’ para implementar una demanda ilegal, que se fundamenta sobre hechos falsos”.

Los demandantes van más allá. Mientras la reforma de 2012 señala que sólo se pagarán salarios caídos hasta por un año, con independencia de lo que dure un juicio, los abogados acudieron a un juzgado de distrito en la Ciudad de México para buscar un amparo y que se aplique la ley anterior, que permitía “engordar” los asuntos y terminar con los bienes de los demandados. “La fecha del ‘despido’, que no fue despido porque renunciaron voluntariamente, fue el 9 de febrero de 2013; además, el juicio se presentó en marzo. Esto significa que se les debe aplicar la nueva ley, que limita los salarios caídos a un año”.

Destaca que, en la demanda, los trabajadores exigen el pago de horas extra arrastradas en algunos casos desde 2007. “El 16 de abril se dio la primera audiencia y es cuando ofrecen la reinstalación, pero no lo aceptan y quieren terminar con el Banco Diocesano porque la demanda podría ascender a cinco millones de pesos. El juicio está activo”.

El Banco Diocesano respondió ayer que será la próxima semana cuando hable sobre el tema.

Gildardo González contestó al secretario: “No sabe de lo que habla. Un funcionario no debe estar de parte de ninguna de las partes… su conducta no es correcta porque se refiere con calificativos (...) A mí nadie me dice ‘talibán’. Es una conducta incorrecta”.

—¿Usted es señalado de representar a ese grupo de abogados, que se han enriquecido con juicios?

—No (rechaza el señalamiento). Debería revisar los juicios; si las anomalías están en sus mismos tribunales, que ponga orden.

—¿Qué opina de las irregularidades señaladas? Hasta presentará una reforma al Código Penal.

—Él está en libertad de ejercitar las acciones que quiera; también nosotros.

—¿Qué opina sobre el caso del SIAPA?

—Si hay juicios contra el SIAPA, ahí están los procedimientos; vean esos expedientes para que sepan las anomalías que cometió el SIAPA.

—¿Y el caso del Banco de Alimentos?

—En el despacho, su servidor aparece en casi todas las demandas porque, cuando no puede comparecer uno, comparece otro… todos tenemos ese poder, pero no sé de ese asunto. No soy representante del despacho.  (...) Somos representantes de los trabajadores, no somos una razón social.

—¿Entonces qué opina de las denuncias?

—Tengo entendido que no están conformes (varios abogados) con este señor. Es un político, no sabe cómo funciona un tribunal. Si usted ve los expedientes del SIAPA, los tribunales de amparo ya dijeron quién tiene la razón, no se está inventando nada. Si tiene acciones que ejercitar, que lo haga valer ante tribunales.

SABER MÁS
Cambios propuestos

En el caso de los delitos de abogados, patronos o litigantes, se proponen de uno a tres años de prisión e inhabilitación hasta por dos años a quien manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya o dañe las actuaciones, pruebas o documentos en algún procedimiento administrativo o expediente jurisdiccional. También a quien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba con el propósito de obtener un beneficio jurisdiccional del que derive perjuicio de alguien, o por alegar a sabiendas de hechos falsos o por aportar testigos falsos.

Guía
Principales anomalías de los “talibanes” y malos servidores

Compra de juicios para incrementar las ganancias decretadas en laudos.

Falsificación de firmas de empleados demandantes.

Notificaciones apócrifas.

“Inflan” ilegalmente salarios de demandantes para aumentar las ganancias en laudos.

Abogados dictan resoluciones desde sus oficinas y luego las regresan a la Junta para que sean firmadas.

Más de 11 mil juicios laborales fueron observados por la Secretaría del Trabajo por diversas anomalías.