GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- Con la propuesta de destitución e inhabilitación por diez años, diputados de la Comisión de Responsabilidades aprobaron dos dictámenes de juicio político contra el magistrado del Tribunal Administrativo (TAE), Alberto Barba Gómez. Ambos juicios se presentaron el año pasado por ciudadanos que fueron acompañados por los alcaldes de Zapopan, Pablo Lemus, y de Guadalajara, Enrique Alfaro.La diputada panista Pilar Pérez Chavira, presidenta de la comisión, explicó que por estas dos denuncias el magistrado ha promovido ocho amparos, que detuvieron el proceso de revisión en la comisión e impedirían que el tema se toque en el pleno del Congreso a corto plazo, pues al menos cuatro de los recursos promovidos por Barba Gómez seguen vigentes.“Se presentó el dictamen concluyente y se propone sancionar al magistrado. La Comisión de Responsabilidades hasta aquí ha concluido con todas las tareas y atribuciones que tiene respecto de estas denuncias de juicio político. Será el pleno en un plazo no mayor a cinco días hábiles se convoque a sesión para dar cuenta de esto. En este momento hay suspensión, pero durante cinco días podrían ocurrir cosas. De otra manera se tendría que dar cuenta al pleno de lo aquí aprobado y si prevalece el amparo tendrá que darse cuenta y dejarse abierta la sesión para cuando haya solución definitiva”, comentó la legisladora.En el expediente del juicio 15/2016 se expone que se comprobó que el magistrado autorizó la edificación de un inmueble en el municipio de Zapopan, no permitido por la ley e incurriendo en una conducta ilegal.En el expediente del juicio 19/2016 se plantea que se comprobó que Barba Gómez autorizó la construcción de edificaciones verticales en lugar prohibido por la ley, en el área de Los Colomos, causando un daño al interés fundamental.Los acuerdos fueron aprobados en la comisión por unanimidad por los diputados Miguel Monraz, Felipe Romo, Irma de Anda, Isaías Cortés y Pilar Pérez del PAN, Saúl Galindo del PRD, de Movimiento Ciudadano Ramón Demetrio Guerrero y Erika Ramírez del Partido Verde.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
