Proponen cambios al Código de Procedimientos Civiles de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2014).- La diputada del PRI, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez presentó una propuesta de reforma al Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, con la finalidad de modificar las condiciones en que se llevan a efecto los juicios de Jurisdicción Voluntaria, que tienen como propósito declarar el estado de Interdicción de los discapacitados mayores de 18 años y con ello, que puedan contar con un tutor y un curador.
 
"Cuando un discapacitado es menor de edad, puede ser representado por sus padres o familiares cercanos, debido a que no han adquirido la mayoría de edad. Sin embargo, cuando cumplen los 18 años, adquieren la personalidad jurídica necesaria  para el ejercicio de sus derechos, pero como no están físicamente facultados para ejercerlos, se requiere entonces del Juicio de Interdicción para que sus padres o quienes son responsables de ellos, puedan seguir representándolos legalmente", explicó la diputada del PRI.
 
La propuesta de la legisladora local es modificar la Ley para que mediante el juicio y la consecuente Declaratoria de Interdicción, se establece legalmente que por su incapacidad, los discapacitados pueden ser representados por las personas que se proponen para ello.
 
"Es aquí donde se presenta el grave problema consistente en lo complejo, caro y prolongado del juicio, que incluye la participación de peritos psiquiatras y de abogados, que cobran honorarios tan altos, que para la mayoría de las personas en este trance, es prácticamente imposible sufragar", señaló.
 
Yolanda Rodríguez consideró que la propuesta se justifica debido a que estimó que es necesario simplificar y hacer menos onerosos los juicios, con la idea de que este sector de ciudadanos puedan tener acceso a la justicia.
 
La propuesta de reforma señala que en vez de cuatro peritajes (cada uno de ellos tiene un alto costo), se exija solamente uno, y que además, en los casos en que los interesados no cuenten con recursos económicos suficientes, sea la asistencia social la que cubra los gastos del juicio, entre otras cosas.
 
La diputada tricolor explicó que esta iniciativa es resultado de los Foros de Consulta Popular que se han realizado, en uno de los cuales se planteó con toda la crudeza que implica, el problema que ahora se pretende resolver.  
 
Iris Villarreal Parra, quien acompañó a la legisladora tricolor, dio su testimonio. Ella relató que tiene un hijo de seis años con parálisis cerebral, en cuya atención se gastan el 80% de los ingresos globales de la familia.
 
Iris Villareal relató que si actualmente con dificultades pueden costear la atención de su pequeño, por lo que de plano sería imposible sostener económicamente el Juicio de Interdicción, cuando éste tuviera que llevarse a efecto.
 
La madre del menor mostró los numerosos medicamentos que tienen que compran constantemente para suministrarlos al pequeño, así como los aparatos que se requieren para su atención y cuidado.
 
La doctora Villarreal es  dirigente de organismos que agrupan a personas con problemas de discapacidad en algún familiar, dijo que sí hay casos de jóvenes discapacitados que no pueden recibir su pensión ni otras prestaciones, debido a que no tienen posibilidades económicas para llevar adelante el juicio para que cuenten con tutor y ellos carecen de facultades físicas para ejercer directamente sus derechos.
 
"Estas personas se encuentran en una especie de limbo en cuanto a sus derechos, en la más total y cruel desprotección", dijo.
 
Iris Villarreal reconoció en que los Juicios de Interdicción son inaccesibles, pone en peligro la salud y hasta la vida de los discapacitados que llegan a la mayoría de edad, aparte de que impide que accedan al disfrute de recursos económicos por herencias o por derechos. "Para ellos no solamente no hay justicia, sino la más cruel de las injusticias".
 
Acerca de los riesgos en la salud, dijo que por ejemplo, si un discapacitado llega a la mayoría de edad y necesita una cirugía, el que era hasta entonces su tutor no puede autorizar la intervención quirúrgica, porque no puede "suplantar" los derechos que el joven enfermo ha adquirido. Entonces, como el discapacitado no puede decidir, por falta de lenguaje o raciocinio, el que era su tutor tampoco lo puede hacer porque no ha habido juicio.
 
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ