Presentarán iniciativas para regular delitos por narcóticos

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2010).- El coordinador de la Fracción del PRI, Roberto Marrufo Torres anunció que el próximo martes durante la sesión de pleno, presentará una iniciativa de reforma al artículo 1º del Código de Procedimientos Penales del Estado, a fin de darles a los jueces locales competencia para conocer y resolver los delitos de narcomenudeo.

La propuesta prevé la revisión a los artículos 93 y 109 del mismo Código, además de adicionar el título vigésimo segundo, denominado Delitos Concurrentes con la Federación.

El líder de la bancada del PRI destacó que también prevé, por primera vez, la autorización para poseer dosis máximas de consumo personal e inmediato de algunos narcóticos, siempre y cuando no sea en alguno de los lugares señalados como prohibidos (centros educativos, asistenciales, policiales) o que la conducta sea realizada por servidores públicos, profesionistas, técnicos en la disciplina de salud.

El consentimiento que hace esta reforma sobre la posesión de dosis máximas de consumo personal van desde los cinco gramos, de marihuana, 500 milígramos de cocaína, una unidad con peso no mayor a 200 miligramos de pastillas conocidas como metanfetaminas, entre otras.  

“Es importante aclarar que aquellas personas que posean dichas dosis, el Ministerio Público no ejercitara acción penal en su contra, pero de inmediato informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros de tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia y así como a la autoridad sanitaria para que adopte la resolución con el propósito de que promueva la correspondiente orientación medica”, concluyó.

En tanto, la fracción parlamentaria del PAN presentará también en el pleno una serie de reformas entre las que está otorgar facultades y atribuciones a la Procuraduría de Justicia, en la investigación de los delitos relacionados con el narcomenudeo.

El coordinador de los diputados del PAN, José María Martínez adelantó la semana pasada la intención de presentar estas modificaciones que incluye contar con un registro estadístico de delitos relacionados con el narcomenudeo y de quienes los cometen.

También se faculta al Poder Judicial para conocer expresamente del delito de narcomenudeo y aplicar las disposiciones de la Ley Estatal de Salud en materia de narcomenudeo.

Busca generar una inercia con la autoridad federal, en la que se considere al narcodependiente como un enfermo antes que como un delincuente; y que en todo caso se ataque el fenómeno del narcotráfico, a través de la prevención.

También buscan reformar el artículo 480 de la Ley General de Salud “para disponer la obligatoriedad de substanciar el procedimiento correspondiente ante las instancias de procuración y administración de justicia locales o federales conforme a las disposiciones previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, garantizando así la aplicación de un sólo procedimiento”.

Propone cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el apartado que establece las obligaciones y atribuciones de la Institución del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa.

También pretenden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a fin de establecer textualmente la competencia de los jueces penales para conocer los delitos en materia de narcomenudeo.

Los panistas buscarán un Punto de Acuerdo, para la ampliación del presupuesto de la Procuraduría y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a efecto de que tengan los recursos necesarios para enfrentar estas nuevas atribuciones.

También pretenden reformar la Ley de Salud para encomendar nuevas atribuciones a los órganos encargados de la salud pública para el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Las fracciones del PRI y del PAN pretenden modificaciones para combatir el problema del narcomenudeo y aún están pendientes por dictaminar una serie de iniciativas enviadas por el gobernador del Estado desde el año pasado en materia de seguridad.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ