Presentan demanda de juicio político contra coordinadores parlamentarios

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2011).- Gabriel Valencia López, quien ha acudido a diversas instancias legales para “hacer justicia”, ante la negativa de las autoridades del Congreso de Estado para transparentar los gastos de la polémica partida 8000 que durante la pasada Legislatura se destinaba a gastos presuntamente discrecionales de las fracciones parlamentarias acudió a Oficialía de Partes del Poder Legislativo para solicitar que se inicie un proceso de juicio político en contra de los actuales coordinadores parlamentarios; del PRI, Roberto Marrufo; del PAN, José María Martínez; del PRD, Raúl Vargas y del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino y el auditor del Estado, Alonso Godoy Pelayo.

Valencia López los acusa de obstaculizar la aplicación de la justicia y considera que los legisladores encubren a los coordinadores parlamentarios de la pasada legislatura, pues asegura que tienen conocimiento de irregularidades cometidos por los mismos y no han actuado en consecuencia

“Los motivos por los que presentamos esta solicitud son omisiones a la Constitución, que causan un grave daño al patrimonio de la sociedad y también causan un grave trastorno a las funciones de las instituciones de ad ministración y procuración de justicia. Lo que digo es que estas autoridades tienen conocimiento de las irregularidades realizadas por los anteriores legisladores particularmente los ex coordinadores parlamentarios por el enriquecimiento ilícito al momento de desempeñar su cargo y fomentan la impunidad y encubren a las autoridades”, señaló.

La solicitud de juicio político también alcanza a quienes han fungido como presidentes de la Mesa Directiva, el panista, José Antonio de la Torre Bravo y el priísta Jesús Casillas Romero.

Además de esta solicitud de juicio político, el propio Gabriel Valencia acudió a la Procuraduría para presentar denuncias en contra de los ex líderes parlamentarios por presunto enriquecimiento lítico luego de que no se ha podido comprobar el destino de los recursos incluidos en la polémica partida 8000.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ