Presentan caso El Zapotillo ante la CIDH

GUADALAJARA, JALISCO.- Pobladores de Temacapulín y alrededor de 40 representantes de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales presentaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) su problemática por la construcción de grandes presas.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua siguen firmes en que el proyecto se realizará en los Altos de Jalisco, pese a que los habitantes rechazan ser desplazados para inundar su pueblo.

En una audiencia pública temática en Washington D.C. (Estados Unidos), el sacerdote Gabriel Espinoza, de Temacapulín –quien fue removido del sitio después de pronunciarse en contra de El Zapotillo--; y Rafael González y Astrid Puentes de Asociación Internacional de Derecho Ambiental (IDEA), y Shannon Lawrence de International Rivers, presentaron el informe titulado “Grandes represas en América, ¿peor el remedio que la enfermedad?”, con el objetivo de que la Comisión investigue y recomiende a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos la observancia de los estándares internacionales para evitar mayores daños ambientales y violaciones a los derechos humanos.

“Más de un millón de personas ya han sido afectadas por grandes represas en América Latina, muchas de ellas indígenas y campesinas”, ha señalado Rafael González, vicepresidente de la Junta de AIDA.

Entre los impactos que estas organizaciones resaltaron son la destrucción de ecosistemas, la contaminación de agua dulce, los impactos por las emisiones de impacto invernadero, la disminución de la biodiversidad --incluyendo especies de peces migratorios-- y el aumento de riesgos sísmicos.

Gabriel Espinoza dijo que aceptan las necesidades de energía y agua, no en la forma en que las autoridades lo hacen, porque atentan contra la libertad, la vida, la cultura, la economía y el arraigo de la gente.  

Y es que, “definitivamente”, para atender la demanda de agua, hay mejores alternativas, a pequeña escala y renovables, que son más baratas y menos destructivas que las grandes represas.

La CIDH tiene la facultad de convocar a audiencias públicas para conocer de peticiones o casos individuales en los que hay presunta violación de derechos humanos, para hacer recomendaciones a los países que integran la Organización de los Estados Americanos.

Por ahora, la CIDH no puede atraer el caso El Zapotillo debido a que no se han agotado las instancias jurídicas nacionales.

Actualmente hay seis amparos individuales, uno colectivo de 33 habitantes de Temacapulín y nueve juicios de nulidad administrativa, que son en contra de la reubicación al nuevo centro de población.

Si el organismo internacional considera que el caso de Temacapulín es grave, podrían dictar medidas cautelares, de lo contrario se esperan recomendaciones a los países para que cumplan con los estándares mínimos en la construcción de presas.

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN