Posponen reformas a la Ley de Presupuesto

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2010).- A pesar de la urgencia con la que la semana pasada aprobaron reformas a la Ley de Presupuesto en la Comisión de Hacienda, se sometió al pleno y luego se solicitó estrechar términos para que quedara aprobada, ayer en la sesión de pleno, de manera sorpresiva, su discusión y aprobación se pospuso.

El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, explicó que decidieron retirar de la discusión las reformas a la Ley de Presupuesto para realizar adecuaciones técnicas, pero no de fondo, en el texto de la iniciativa de decreto.

El priista refirió que se deben concretar adecuaciones para evitar que las reformas se contrapongan con leyes secundarias. Además, confió que en el transcurso de la semana se puedan sumar los legisladores panistas  a esta iniciativa.

“La forma no se cambia, lo vamos a aprobar la próxima semana,  pero queremos que se apruebe por las cuatro fracciones. Buscaremos platicar con Acción Nacional para que vayan con nosotros en esta iniciativa. Los cambios son de carácter técnico, debemos cambiar algunas fechas, las leyes secundarias y donde pueden existir incongruencias entre lo aprobado y lo que refieren otras leyes”, dijo.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, José María Martínez, refirió que en un primer momento no existen las condiciones para que avalen estas reformas impulsadas por el PRI, PRD y Verde, pues considera que no existen argumentos técnicos y que la discusión se ha centrado con fines políticos: “Si el tema fuera técnico lo estaríamos discutiendo. La parte técnica no está en la discusión de estas reformas, no es una reforma integral”.

Al respecto, Marrufo Torres refirió que esta iniciativa no tiene dedicatoria, explicó que es para eliminar los gastos discrecionales en cualquier administración, “con cualquier gobernante, y debemos empezar ahora”.

Estas reformas pretenden, como ha dicho el legislador priista, “amarrarle las manos al gobernador”, pues termina con las partidas de ampliación automática y obliga al Ejecutivo a informar al Congreso y solicitarle que le autorice reasignaciones de partidas, entre otros temas.