Posible cambio a Ley de Información será después de vacaciones

GUADALAJARA, JALISCO (01/ABR/2012).- Nada la detuvo. Inconformes o detractores se limitaron a criticar los cambios a la Ley de Transparencia que a partir de hoy será Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a pesar que desde el primer momento en que se aprobó en el Congreso del Estado generó reacciones de molestia por el alcance de la misma.

El artículo 106 de esta nueva norma que deroga la actual Ley de Transparencia e Información Pública, ha sido uno de los temas que mayores críticas ha generado debido a que en un giro por completo de la Ley, se prevé por primera vez en una norma de este tipo, sanciones a personas físicas que den a conocer información considerada como reservada.

Según el artículo 41, parte de la información considerada como reservada es aquella “que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no se adopte la decisión definitiva”. Dentro de este supuesto podrán entrar datos contenidos o relativos, por ejemplo, a cuentas públicas o licitaciones.

Con respecto al artículo 41 de la Ley de Información Pública para el Estado y sus Municipios que cobra vigencia a partir de hoy, el secretario General de Gobierno del Estado, Víctor Manuel González Romero, dijo que se analiza la posibilidad de derogarlo, aunque el procedimiento deberá esperar hasta que concluya el periodo vacaciones, y dicho cambio, si se concreta, sería hasta la última semana de abril. El funcionario estatal no precisó si sería el Ejecutivo o el Legislativo, el Poder que elaboraría la iniciativa para derogar dicho artículo, lo que sí aclaró es que si llega esta propuesta sería avalada por ambos poderes.

A pesar de las críticas a esta Ley, el secretario estatal defendió la entrada en vigor de la misma, afirmó que incluso con el artículo 106, la norma que entra en vigor hoy, es una “buena Ley”. Negó que a pesar de las “enmiendas” expuestas en el Reglamento elaborado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), ésta sea una norma mal hecha, mal redactada o elaborada “al vapor”.

“Para que se finquen responsabilidades (a una persona física) tiene que probarse que se publica con dolo, que la persona que da a conocer la información se debió de beneficiar con distribuir esa información y debe existir denuncia, no es fácil que esto prospere. Si vemos que lo mejor es derogarlo, lo haremos”.

TELÓN DE FONDO

Deuda del Congreso y aprobación fast track

El pasado 8 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó fast track una Ley desconocida, incluso para los propios diputados. La sesión plenaria de ese día comenzó con algunos minutos de retraso, como es costumbre.

Previo a esa sesión, los coordinadores parlamentarios del PRI, Roberto Marrufo; del PAN, Gustavo Macías; del PRD, Raúl Vargas y del Partido Verde, Enrique Aubry, sostuvieron una reunión con el entonces recién designado secretario general del Ejecutivo, Víctor Manuel González Romero, luego de dos años de una relación tensa entre esos poderes.

Se acusaban mutuamente, la Junta de Coordinación Política del Congreso y el ex secretario General del Ejecutivo, Fernando Guzmán de no abonarle a los consensos.

En aquellas fechas —desde el 15 de noviembre de 2011— el Congreso pasaba por la peor crisis financiera de su historia y no contaban con recursos económicos para pagarles los salarios a los cerca de mil 500 trabajadores del Poder Legislativo. Afirmaban los legisladores que requerían de alrededor de 200 millones de pesos para superar el “bache económico”.

Trascendía en aquellas fechas, que el Ejecutivo y Legislativo podrían entrar en una etapa de negociación en la que, los diputados deberían dar “algo a cambio” para que el Ejecutivo entregara el recurso faltante para el pago de nómina.

El 8 de diciembre fue el día, los diputados sin mayor cuestionamiento y sin tener en mano un dictamen, aprobaron la Ley de Información que abrogaba la Ley de Transparencia, en la misma sesión que inició al mediodía, se suspendió unos minutos para que de manera conjunta sesionaran las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside, el priísta, Jesús Casillas y la de Participación Ciudadana, que preside, el legislador tricolor Salvador Arellano y en menos de 15 minutos la denominada Ley de Información había quedado aprobada en comisiones

Saltan procedimiento

En esa misma sesión del pleno se avaló el dictamen, a pesar de que la Ley Orgánica establece que deben pasar al menos 24 horas antes de que se remitan al pleno del Congreso para su votación. Los legisladores pasaron por alto “este detalle” y en la misma sesión se estrecharon términos y pasó de primera a segunda lectura y quedó aprobada la Ley de Información.

“Paradójicamente, la nueva ley es resultado de proceso nada transparente”, expuso la Amedi en un comunicado enviado unos días después de la aprobación del dictamen. De manera sorpresiva, los problemas económicos del Congreso del Estado se disiparon y tuvieron recursos suficientes para pagar lo que debían por concepto de salarios.

Al día siguiente las reacciones comenzaron a presentarse por parte de académicos, expertos e integrantes de organizaciones civiles.

Varios días después, el presidente del Itei, Jorge Gutiérrez Reynaga llamó al Poder Ejecutivo a no publicar dicha norma que abrogaba la Ley de Transparencia y propuso llevar a cabo mesas de trabajo para analizar el contenido de dicha norma, posturas que de poco sirvieron y el dictamen —“cocinado al vapor”— como lo han calificado analistas, fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 22 de diciembre.

FRASE

"La forma cómo quedó redactado el tema de las sanciones es complicado "

Víctor Manuel González Romero,
secretario de Gobierno.