¿Policías de élite?

Los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se sintieron atosigados por los índices delictivos desde el inicio de sus mandatos, el 1 de enero de 2010. El alza de delitos como el robo de autos y la evidente impunidad de “gremios” como los ladrones de autopartes, los delincuentes por zonas como la de Chapultepec, y hasta malandrines disfrazados de “prestadores de servicios” como los traperos o “viene-viene”, propiciaron encontronazos con autoridades estatales que tacharon a los nuevos jefes policíacos de ineficientes.

Es probable que grupos delictivos hayan aprovechado los cambios de mando en los gobiernos municipales y en las jefaturas policíacas para hacer de las suyas, pero los repuntes en la comisión de delitos no pueden ni deben atribuirse de manera unilateral a los movimientos en los ayuntamientos.

La Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI), que ya no cuenta con el aval del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), prestigiado centro que ha trabajado desde hace tiempo con el respaldo de instituciones académicas y empresariales, indica que en 2004 Jalisco tenía un índice de 14% de personas mayores de 18 años que durante el año fueron víctimas de delito; en 2007 la cifra bajó a 10; en 2008 el índice volvió a subir a 13% de víctimas y en 2009 una vez más regresó a 10%. Esto colocó a Jalisco en el lugar 11, en una tabla que encabeza el Distrito Federal con 21% de víctimas, y detrás de Aguascalientes, Sonora, el Estado de México, Baja California y Chihuahua, y empatado con Guanajuato, con el que comparte frontera y en buena medida también comparte presencia de grupos delictivos.

El caso es que la incidencia de los delitos y la presión social llevaron a los alcaldes priistas a cambiar estrategias y hacer más eficaz la acción de sus corporaciones policíacas, no sólo para atajar la comisión de robos, asaltos y homicidios comunes, sino para hacer su parte en la prevención de los actos criminales perpetrados por cárteles del narcotráfico que se disputan la ZMG y otros puntos del Estado.

Tardaron meses los alcaldes y dieron a luz la idea de crear un centro de inteligencia policial que sentara las bases de coordinación entre direcciones de seguridad municipales y dependencias estatales. Hasta plantearon la creación de un moderno edificio equipado con lo más avanzado de la tecnología para el intercambio de información que llevara a la toma de decisiones. Pero ¿quién llevaría la voz cantante en este concierto de información privilegiada sobre índices y mapas de criminalidad? ¿Había entre los mandos municipales la suficiente confianza como para dejar en manos de un jefe ajeno a un municipio la información y la acción en territorio de éste?

El proyecto se desvaneció, y ahora nace el de crear una “policía de élite”, mientras el delito nos sigue atosigando. ¿Estos jóvenes munícipes están hablando en serio, o seguiremos con las chanzas?