Podría ser millonaría, confiesa la diputada Olga Araceli Gómez

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2011).- La nómina en el Congreso del Estado, además de ser desconocida, tampoco se sabe si, como lo han señalado los diputados, se ha cumplido la meta de disminuir el número de empleados, el motivo es que no existe parámetro de comparación. A decir de funcionarios del Poder Legislativo, no existe en sus archivos rastros de la nómina que heredaron de la pasada Legislatura.

La Dirección de Administración y Recursos Humanos, a cargo de Enrique Trejo, reportó el 3 de mayo, en contestación a una solicitud de información, que no le era posible dar a conocer la nómina de enero de 2010 del Poder Legislativo porque no existían registros de estos datos.

Debido a que la información relativa al presupuesto es fundamental y por ley debe ser pública, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco ( Itei), a través del recurso de revisión 299/2011, ordenó al Congreso reponer esta respuesta y entregar aquel listado de empleados.

Con la finalidad de argumentar la omisión de dar a conocer la nómina de la pasada Legislatura, la propia Dirección de Administración y Recursos Humanos señala como una de las principales irregularidades la pérdida de documentos, porque no se concretó el proceso de entrega-recepción entre la pasada y la actual Legislatura.

“No omito mencionarle que no hubo proceso formal de entrega-recepción de la administración, y derivado de la búsqueda de nuestros archivos no se encontró la información que solicita”, se lee  en la información entregada a través de la Unidad de Transparencia.

Esta versión fue avalada por la ex presidenta de la Comisión de Administración, la perredista Olga Araceli Gómez Flores, quien señala que tal fue el “desorden administrativo” que encontró, que prefirió abandonar la presidencia de ese órgano legislativo.

Reconoció que debido a que se negó a firmar cheques y nóminas, los empleados del Poder Legislativo sufrieron las consecuencias, y buena parte de no pudo cobrar las dos primeras quincenas del mes de febrero del año pasado. Algunos empleados consultados por este medio incluso aseveran que todavía se les adeuda el pago de las dos primeras quincenas del mes de febrero de 2010.

“Me cuestionaron que por mi culpa se dejó de pagar a los empleados del Congreso y no salían los contratos, que por mi culpa no había pagos para personal de base y supernumerarios, y es que no liberaba los pagos porque no tenía contratos qué firmar; nunca firmé nada, no había nómina, nunca la vi. No me dieron ningún documento para analizarlo y darle el visto bueno.

“Platiqué con Octavio Pérez Pozos, que se quedó como secretario general del Congreso (cuando salió Alfredo Argüelles), con los compañeros de la Comisión de Administración, y les dije que estábamos dispuestos a trabajar los días y las noches para analizar el global de números, datos  y personas, pero no había documentos”, puntualizó.

En las pocas semanas que transcurrieron mientras la legisladora del PRD se desempeñaba como presidenta de ldicha comisión, afirma que hubo “presiones de todo tipo”, recordó que los demás integrantes, el priista, Omar Hernández, el panista Isaías Cortés Berumen y el del Verde Enrique Aubry de Castro Palomino, proponían que se firmara un documento para delegar las responsabilidades administrativas al secretario general del Congreso, proceso que se concretó con la llegada de Carlos Corona a dicho cargo.

Incluso, señaló que le ofrecieron dinero a cambio de firmar algunos documentos, entre ellos la nómina.

“No hubo proceso entrega-recepción, eso es verdad. Nunca tuve documentos que incluyeran la nómina, había intereses de por medio. Hablé con el secretario que estuvo en esos momentos, Octavio Pérez Pozos (quien le ofreció dinero), le dije que nosotros estábamos para salvaguardar la aplicación del recurso, que no iba a firmar el documento, que no me importaba que me ofrecieran dinero, por encima estaba mi dignidad”.

—¿Le ofrecieron dinero?

—Claro que sí.

—¿Cuánto?

—Lo único que puedo decir es que podría ser millonaria.



Raúl Vargas denunció falta de documentación


Detectó inconsistencias


Debido a la falta de documentos en los registros del Poder Legislativo, el actual presidente de la Comisión de Administración presentó el 3 de julio de 2010 una denuncia penal contra quien resulte responsable.

En el cuerpo de la denuncia, dirigida al procurador del Estado, el presidente de esa comisión legislativa señala: “Hemos detectado en fechas recientes la falta e inexistencia de diversos documentos y expedientes relacionados con esta comisión, tales como las actas de las sesiones celebradas por la anterior 58a. Legislatura, los expedientes de los acuerdos emitidos, contratos, comprobantes de pago, pólizas de cheques, facturas y recibos, entre otros; por lo que ante la posibilidad de que exista algún acto de incumplimiento de la ley que pudiera derivarse en la comisión de algún delito, vengo a denunciar la falta e inexistencia física de archivos de esta Comisión de Administración”.

En la misma denuncia, se solicita que la Procuraduría cite a comparecer a los funcionarios o ex funcionarios que sean necesarios, y una vez realizado esto, se prosiga con la averiguación previa.

Cabe señalar que el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades establece que las observaciones de probables omisiones o errores deben concretarse cinco días después de haberse llevado a cabo el proceso de entrega-recepción.

 

Marco legal

Ley de Responsabilidades


Artículo 61. Todo servidor público (…) tendrá las siguientes obligaciones:
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo;

XXII.- Entregar formalmente a quien le sustituya en el cargo, o a la persona que para tal efecto designe el superior jerárquico, los recursos patrimoniales que haya tenido a su disposición, así como los documentos y una relación de los asuntos relacionados con sus funciones. Esta entrega deberá realizarse a más tardar a los cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que renuncie o se le notifique su separación del cargo, debiendo elaborar un acta circunstanciada.

XXIII.- Recibir, al entrar en posesión del cargo, los recursos y documentos a que se refiere la fracción anterior, verificar que correspondan al contenido del acta circunstanciada, verificar los inventarios, informes y demás documentación anexa. Debe de solicitar las aclaraciones pertinentes dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del acto de entrega y recepción;


Artículo 14

1. El proceso de entrega-recepción del patrimonio del Congreso del Estado consta de:
I. El informe que los titulares de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado remiten a la Asamblea, por conducto de la Comisión de Administración;
II. El análisis y conformación del inventario general del patrimonio del Congreso del Estado por parte de la Comisión de Administración;
III. La revisión y aprobación de éste por parte de la Asamblea;
IV. La entrega del patrimonio del Congreso del Estado a la Legislatura entrante; y
V. El cotejo que éste realice del inventario del patrimonio del Congreso del Estado que se le entrega.


Artículo 17

1. La Legislatura saliente debe entregar a la Legislatura entrante, a través del presidente de la Comisión de Administración, los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del Congreso del Estado, invariablemente en la Junta Preparatoria.
2. La omisión de la entrega-recepción del patrimonio del Congreso del Estado constituye causal de responsabilidad en los términos de la legislación aplicable para los diputados integrantes de la Comisión de Administración.
3. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo primero, cada uno de los responsables de los órganos técnicos y administrativos debe proporcionar a los diputados o a los titulares nombrados para la nueva Legislatura, lista del personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, obras en proceso de realización, relación de asuntos en trámite, dinero, títulos, archivos, libros, documentos y todo aquello que por cualquier concepto tenga relación con la entrega-recepción del patrimonio del Congreso del Estado.