Poder Legislativo presenta denuncia penal por formas valoradas

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2010).- Por otro lado, el Poder Legislativo presentó una denuncia penal en contra de los secretarios de Administración, Ricardo Serrano Leyzaola; de Finanzas, José Luis de Alba González; de la directora de Ingresos, Ruth Mercedes Jiménez, y contra quien o quienes resulten responsables por actos cometidos en el proceso de elaboración, compra, distribución y venta de las denominadas formas valoradas.

El director Jurídico del Congreso estatal, Antonio Rocha Santos, acudió ayer al mediodía a presentar la denuncia con el documento de 16 páginas firmado por los integrantes de la Mesa Directiva: José Antonio de la Torre Bravo, José Luis Ocampo de la Torre y Ricardo García Lozano.

En la última sesión, con el voto en contra de la fracción de Acción Nacional, el pleno aprobó presentar esta denuncia en contra de los funcionarios estatales responsables por la nula adquisición –en los últimos dos años– de formas valoradas por parte del Gobierno estatal, al Congreso.

En la denuncia se incluye al secretario de Administración, Ricardo Serrano Leyzaola, por lanzar una licitación para que el Poder Ejecutivo pudiera comprar estos documentos oficiales a una empresa externa.

En el cuerpo del texto también se solicita que la Procuraduría estatal de vista al Ministerio Público federal, pues los denunciantes consideran que “existe concurrencia en delitos de competencia federal y, en su caso, se formule petición de declaratoria de juicio político para quienes resulten responsables de esta ilegalidad”.
 
Presentarán propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal

Tras reprobar el trabajo de José Luis de Alba González al frente de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Patricia Retamoza, refirió que el Gobierno del Estado “no ejerce los recursos aprobados por el Congreso, ni se apega a los techos presupuestales en el Poder Legislativo”, y explicó que el Congreso autorizó un presupuesto de ingresos por 61 mil 184 millones de pesos y la Sefin reporta al mes de julio ingresos superiores a los 69 mil 963 millones de pesos, sin que se dé a conocer el destino del recurso.

Además, Patricia Retamoza reiteró la versión de que el Poder Ejecutivo presenta un subejercicio por cuatro mil millones de pesos, por lo que consideró que el mandatario estatal, Emilio González Márquez, debe responder ¿dónde están esos recursos y por qué no se ha informado a la sociedad jalisciense de ese excedente?

Para evitar lo que los legisladores consideraron un ejercicio indebido del presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda propondrá reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Deuda Pública, para que se establezca una nueva fórmula de distribución de las participaciones a los municipios y regular la posibilidad de que un municipio o el Estado contraigan deudas que dejen sin posibilidad de maniobrar financieramente a las próximas administraciones.

Telón de fondo

Sin justificación

El pasado 11 de agosto, el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López, aseveró que el Gobierno de Jalisco no tiene ninguna justificación para no comprarle formas valoradas al Congreso del Estado, aclaró que “no existen vacíos legales, hay vacíos legales en su ignorancia y en la limitación que tienen sobre el conocimiento. No veo por qué si el decreto de 2009 fue vetado, el que está en vigencia es el de 2008, eso lo sabe cualquier pasante de Derecho. No veo dónde está el vacío legal”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que existió una omisión durante los últimos dos años, porque no se ha incluido en la Ley de Ingresos los costos de las formas valoradas –durante 2009, el Gobierno estatal vetó este documento–; sin embargo, aclaró que existen normas legales que refieren que cuando ello ocurre se debe tomar como parámetro la última Ley de Ingresos publicada, esto es la del año 2008.

El Gobierno del Estado tiene dos años sin comprarle al Poder Legislativo su papelería oficial –formas valoradas–, a decir del diputado local, el Poder Ejecutivo estaría incurriendo en “un grave delito” por no comprar estos documentos.