Poder Judicial pide incremento presupuestal

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2012).- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, se reunió hoy con el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González Romero, para solicitarle un incremento presupuestal ante la crisis financiera por la que atraviesa ese poder, luego de que Sistema de Administración Tributaria (SAT) les exige el pago de impuestos no reportados por un monto de 49 millones de pesos, que sumando multas y recargos dan un total de 100 millones de pesos.

Después de más de una hora de reunión en Palacio de Gobierno entre el magistrado, Celso Rodríguez y una comitiva de jueces, el presidente del Poder Judicial explicó escuetamente que se presentó una solicitud al secretario general para que autorice un incremento extraordinario al prepuesto por 45 millones de pesos, sólo para aumentos en los salarios, aunque no aclaró si existía una petición para aumento extraordinario en el presupuesto 2012.

“Estamos en pláticas, no podemos adelantar si el Poder Ejecutivo accederá a entregarnos más recursos. No tenemos respuesta del Ejecutivo, no sé cuando nos vaya a dar una respuesta el gobierno”, señaló Rodríguez González.

El Poder Legislativo, al igual que ahora el Judicial, ha hecho en reiteradas ocasiones solicitudes similares al gobierno del Estado, para que incrementen su presupuesto con la finalidad de hacer frente a compromisos adquiridos como deudas a proveedores, a Hacienda, a la Consultora López Castro y Compañía y para pagar nóminas del Congreso, en el caso de la petición de los diputados, el secretario General ha respondido que no puede entregar recursos extraordinarios porque se trata de poderes independientes y cada uno es responsable de la aplicación adecuada de sus recursos. El presidente del Poder Judicial fue cuestionado en torno a si González Romero habría respondido en el mismo sentido, y se limitó a responder que es una petición que el gobierno analiza.

Uno de los jueces que estuvo presente en la reunión fue el décimo tercero de lo civil,  Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez explicó que la petición que se hizo ante el secretario general de Gobierno fue un incremento extraordinario al presupuesto del Poder Judicial 2012 “para cumplir con las obligaciones tributarias, no queremos pagar más de lo justo, pero la realidad es que el Consejo del Poder Judicial no pagó las cantidades correspondientes y por ello tenemos un requerimiento”.

El juez estimó que en caso que el gobierno del Estado responda con una negativa a la petición del Poder Judicial, la opción sería solicitar un incremento en el presupuesto 2013 para cubrir estos compromisos con Hacienda.

“El problema es que debemos pagar algo, que no se pagó con anterioridad. Es parte de la retención que no se reportó. Tenemos que solucionar el problema, lo queremos pagar, pero así de imprevisto nos está afectando en 30% de nuestras percepciones”, dijo.

Cárdenas Rodríguez consideró que el hecho que el presidente del Poder Judicial y un grupo de jueces acudan con el secretario General a solicitar recursos al gobierno del Estado, no afecta la separación de poderes en la entidad.

“Claro que no, porque queremos que se deposite la cantidad de dinero que requerimos en los juzgados que es la Hacienda Judicial y para una total independencia del Poder Judicial, cada quien debe administrar su presupuesto”, estimó.

Por su parte, representantes sindicales de jueces y trabajadores del Poder Judicial, estiman que las opciones para hacer frente al pago de este adeudo es, por un lado un incremento presupuestal al Poder Judicial, y por otro lado que el gobierno autorice incrementos en los salarios de empleados de ese poder con la finalidad de que el pago al SAT no afecte las percepciones de los trabajadores más afectados.

En tanto, el  consejero de la Judicatura , Alfonso Partida Caballero explicó que el adeudo que pesa del Judicial con Hacienda se arrastra desde hace siete años, y responsabilizó al presidente de ese poder, Celso Rodríguez en su calidad de patrón por reportar salarios menores ante Hacienda y su respectivos pagos por conceptos de impuestos que no se concretaron al 100%.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ