Poco interés por Consejo de Transparencia de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (4/NOV/2013).- El Consejo para la Transparencia y la Ética Pública de Guadalajara, un órgano ciudadano que jugó un papel preponderante durante administraciones municipales anteriores del Ayuntamiento tapatío, no ha podido ser recompuesto a 14 meses de haber comenzado la gestión del alcalde, Ramiro Hernández García.

Creado durante la alcaldía de Fernando Garza, el Consejo, con una función fiscalizadora del ejercicio público de Guadalajara, llegó a tener en su presidencia durante siete años al historiador y jesuita, Jesús Gómez Fregoso, quien lo dejó en 2009.

Ahora, con dos convocatorias públicas a cuestas y una tercera recién lanzada, el Ayuntamiento de Guadalajara no logra hallar a los tapatíos interesados en reavivar al Consejo, actualmente con 15 vacancias y tres suplencias tampoco ocupadas.

El 15 de febrero de 2013 se difundió la primera convocatoria, se inscribieron sólo 11 ciudadanos pero tres no cumplían con los requisitos; ante la cantidad de vacancias existentes tuvo que repetirse el llamado, así que se publicó otro el 10 de septiembre pasado...sólo hubo un registro. Ahora está vigente una tercera invitación.

El Consejo tiene entre sus objetivos la "consulta, deliberación, vigilancia, colaboración y participación ciudadana" sobre los asuntos públicos de la ciudad, esto para promover la ética pública, la transparencia y el combate a la corrupción en el Ayuntamiento; su premisa es que a través del mejoramiento de la función pública los ciudadanos pueden tener más calidad de vida.

Durante la administración 2007-2009 el Consejo tuvo intervenciones y recomendaciones importantes sobre una decena de temas públicos, entre estos, la defensa de la propiedad legal del Bosque Los Colomos; el proyecto de renovación de Avenida Chapultepec; la cuestionada gestión administrativa del Instituto Municipal de Atención a la Juventud; y el conflicto legal alrededor del desarrollo Horizontes Chapultepec.

Luego, el primer encuentro del Consejo con la gestión del PRI, que iniciaba en 2010, no fue terso (ya desde finales de 2009 se hablaba en el seno del organismo de la posibilidad de su desaparición). La administración le solicitó las instalaciones físicas donde trabajaba para otorgárselas a la próxima oficina anticorrupción que había prometido Aristóteles Sandoval (entonces alcalde), también le requirió su personal administrativo asignado.

Esto se corregiría, pero el peso del Consejo nunca se recuperó, y su funcionamiento en el trienio fue marginal. Actualmente la fiscalización del Ayuntamiento recae en su Secretaría de Contraloría Municipal y en su Oficina de Combate a la Corrupción, aunque la fracción del PAN ha documentado que ambas instancias han estado al tanto de la protección abierta de la administración al ambulantaje en el Centro Histórico (notificadas por escrito, incluso), sin que hayan actuado hasta el momento.


EL INFORMADOR / LUIS HERRERA