Piden revisar “cuidadosamente” futuro del Instituto Electoral

GUADALAJARA, JALISCO.- Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco trabajan desde el martes en sus oficinas con una certeza que se había perdido hace meses: permanecerán en su cargo hasta el 31 de mayo de 2010. Esto, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el procedimiento que había aprobado el Congreso del Estado para renovar al organismo.

Uno de los consejeros electorales que había conseguido la inamovilidad en su cargo por la vía del juicio de amparo, Tomás Figueroa Padilla, consideró que a final de cuentas se impuso “el Estado de Derecho” y exhortó a los legisladores a ser muy cuidados en las determinaciones que tomarán sobre el Instituto Electoral, particularmente el modo en que elegirán a los consejeros que ocuparán las plazas que dejaron vacantes, por renuncia, José Luis Castellanos y Rosa del Carmen Álvarez.

“Yo sostengo” dijo, “sobre la parte de los suplentes, toda vez que fueron electos junto con nosotros para un período y para el caso de las ausencias, pues que se podría llamar a los suplentes o podría proceder también que el Congreso nombrara sustitutos en ausencia, tomando el texto vigente (el nuevo Código Electoral). Quedan aristas que no están muy definidas, por lo que espero que el Congreso del Estado haga un análisis profundo, sobre todo de tipo jurídico para poder designar a los consejeros electorales y cubrir las ausencias con quien por derecho corresponde, para evitar un nuevo proceso judicial en el que nos viéramos afectados y dar paso al proceso electoral, en el que estamos retrasados”.

El consejero electoral, quien aseguró que los cinco consejeros que permanecen en el cargo cuentan con la experiencia para organizar, pese a los retrasos, las elecciones de 2009, anotó sobre la resolución de la Corte: “Con esta decisión, pues se confirma que el Estado de Derecho prevalece siempre, incluso sobre los vaivenes políticos del propio quehacer electoral”.

Y agregó sobre la polémica en torno a las millonarias indemnizaciones que recibieron los consejeros que renunciaron el pasado 25 de septiembre: “Puede haber diferencia de criterios. Si alguien se siente lastimado, pues puede acudir a la autoridad correspondiente; en caso de que fuera ilegal la indemnización, pues creo que procedería regresar el cheque (por más de seis millones de pesos) y en consecuencia, regresar (José Luis Castellanos González) al puesto. Pero prefiero que sea la autoridad la que determine eso”.

Por su parte, el consejero Víctor Hugo Bernal Hernández aseguró que están en la mejor disposición de trabajar con los diputados para organizar la elección del año próximo, a pesar de que intentaron retirarlos del cargo con las reformas electorales.

“Sostengo que la posición que tenemos es complicada porque hay una tensión entre las necesidades que tiene la sociedad y las necesidades que tienen la política y los políticos. Estos últimos quieren prevalecer, influir, ocupar cargos y conservar el poder… y la sociedad exige transparencia, democracia, rendición de cuentas, responsabilidad política y utilidad pública. Pero por supuesto que estamos en toda la disposición de trabajar con estos actores políticos, sin traicionar las aspiraciones de una sociedad como la de Jalisco en un contexto democrático”.

Bernal Hernández, uno de los cuatro consejeros electorales que originalmente recurrieron al juicio de amparo para no ser “retirados” de sus cargos, consideró que “de alguna manera, la resolución de la Suprema Corte (contra esa determinación del Congreso) es una reivindicación, una confirmación de lo que nosotros estábamos alegando. Siempre sostuve que no era un asunto personal; lo que fue decidido por la Corte privilegia el Estado de Derecho, la institucionalidad y la justicia”.

Cuestionado sobre la autoridad moral y el prestigio que ostenta el instituto ante los jaliscienses para organizar las elecciones del año entrante, después de la serie de escándalos que han generado en el organismo las reformas electorales, anotó: “No sería yo quien pueda decir si tenemos autoridad moral o no. Creo que la autoridad se construye con legitimidad, actuando y persuadiendo; con el día a día, haciendo tu labor. Pero evidentemente que eso es lo que buscamos. Queremos dar la confianza de que habrá arbitraje, moderación del proceso electoral, conforme a Derecho, del cual tiene que emerger autoridades correctamente electas y legítimas”.

Y aseguró que el Instituto Electoral “está listo para organizar la elección de 2009. Al menos los consejeros que seguimos laborando, estamos listos. La semana pasada ya el pleno del Consejo General tomó decisiones como implementar una elección con urna electrónica –tendrá lugar en Tuxcueca– y también se aprobó la geografía electoral… tenemos calma y esperamos las acciones que tomará el Congreso para sustituir las vacantes que tenemos, por la renuncia de dos consejeros”.

Exhortan a enmendar error

Ante el revés que la Suprema Corte dio al Congreso estatal, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, consideró que es evidente el error de parte de los diputados, por lo que exhortó a los integrantes de la actual legislatura a modificar el monto de las prerrogativas a los partidos políticos, cuyos incrementos ascienden hasta 500%, ello antes de que el máximo tribunal resuelva la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno estatal.

Sin embargo, ante la resolución de la Corte, de acuerdo con la interpretación que de lo ocurrido hace el Partido Revolucionario Institucional, “prácticamente el resto de la reforma tiene ahora plena vigencia constitucional y no hay ninguna posible resolución en contra”, apuntó el representante del partido tricolor ante el Instituto Electoral, José Luis Monterde Ramírez. Es decir, se validan el resto de las determinaciones de la reforma electoral, entre las que figura la impopular decisión del Congreso estatal para aumentar en más de 500% el financiamiento a los partidos políticos. “Después de lo determinado ayer (el lunes), sólo es cuestión de que la Suprema Corte atienda en su turno la controversia para que la declare sin sustento”, anotó Monterde Ramírez.

Fernando Guzmán también solicitó a los diputados a transparentar la manera en que se obtuvieron y se otorgaron los recursos para la indemnización de los consejeros electorales que presentaron su renuncia.

“Significa una erogación por un monto aproximado de 10 millones de pesos”, afirmó el secretario, quien advirtió que del Poder Ejecutivo no se erogará recurso alguno para subsanar la entrega de esta indemnización millonaria.

PIE
Ante la polémica por las reformas electorales en Jalisco, el próximo año habrá comicios para alcaldes y legisladores.