Piden que Ley del Adulto Mayor no quede en papel

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2011).- El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah, dijo que esperará a revisar la recientemente aprobada Ley del Adulto Mayor, para analizarla y conocer sus alcances.

Indicó que lo importante ahora es que los esfuerzos que se hagan en torno a los adultos mayores, no sólo queden escritos en el papel, sino que sean aplicados para tratar la problemática que vive este grupo poblacional.

Lo más relevante a tratar, dijo, es la situación administrativa de atención a los ancianos, tanto de prestación de servicios, como de operación, sobre todo por la parte de la ley en donde se indica la creación de un Instituto del Adulto Mayor. Actualmente, en Jalisco existe el Consejo Estatal de la Salud para la Atención del Envejecimiento (Coesaen), y con la ley desaparecería.

“Habría que ver cuáles son las responsabilidades que se le darán a este instituto, cuáles son las medidas administrativas que están proponiendo para este fin y cuál es el presupuesto que acompaña a la creación del instituto, para poder llevar a cabo su operación”.

De no concretarse el tema administrativo, Petersen Farah considera que la ley no se cumpliría a cabalidad.


Telón de fondo

Protección y trato digno

Tras la publicación de la Ley del Adulto Mayor, el pasado 15 de septiembre, Jalisco cuenta con una norma que dictamina en materia de atención para este sector de la población. El ordenamiento es de suma importancia, pues según datos del Consejo Estatal de Salud para la Atención del Envejecimiento de la Secretaría de Salud, uno de cada 10 ancianos (11% del total) se encuentra desprotegido.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas de 65 años o más conforman 5.9% de la población de Jalisco, lo que se traduce en 432 mil habitantes. Con la aprobación de la norma, no sólo se obliga a los familiares de los adultos mayores a ofrecerles protección y un trato digno, sino que se confieren penalizaciones en caso de que se vulneren los derechos de este grupo poblacional. En el artículo 62 se advierte que serán objeto de sanciones económicas quienes realicen cualquier acto de abandono, humillación, discriminación, burla, mofa, exploten, maltraten o abusen sexualmente de los adultos mayores.

Sobre el tipo de responsabilidades y sanciones a las que se harán acreedores los familiares de un anciano vulnerado, éstas se especifican en el título séptimo de la legislación, y van desde una amonestación verbal, hasta incluso el pago de una multa que oscila entre los 30 a 180 días de salario mínimo (de mil 470 pesos a 10 mil 440 pesos); asimismo, está prevista la figura de arresto administrativo, el cual puede extenderse hasta 36 horas.

Por otro lado, la Ley establece la creación del Instituto del Adulto Mayor, mismo que será un  Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Humano.