Piden juicio político contra Vázquez Vigil, Tomás Figueroa y César Coll Carabias

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2013).- La Comisión de Responsabilidades del Congreso local recibió la solicitud para iniciar tres juicios políticos contra el ex secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Tomás Vázquez Vigil; el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Tomás Figueroa Padilla, y el ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.

Los integrantes de esa comisión legislativa dieron cuenta de las solicitudes y el presidente de ese órgano legislativo, Juan Carlos Márquez Rosas, explicó que analizarán las pruebas que ostentan quienes presentaron las solicitudes de juicio político.

En el caso del acuerdo de radicación 11/2013, se da cuenta que la denunciante es la regidora panista tapatía, María Isabel Alfeirán, quien solicita que se inicie un proceso de juicio político en contra del ex secretario general de Guadalajara por presuntas anomalías en la administración pública por permitir el ambulantaje en el Centro Histórico de la ciudad.

El segundo caso, que es el 12/2013 en contra de Tomás Figueroa Padilla, presidente del IEPC se le señala de otorgar indebidamente recursos a los partidos políticos: Verde Ecologista y Nueva Alianza, a pesar de que no alcanzaron la votación requerida y emitida en las elecciones de 2012; el denunciante es Gabriel Valencia López.

El tercer caso es en contra del ex director de Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias a quien se le acusa de un supuesto daño patrimonial al perderse recursos por proponer un esquema de trabajo para elevar la cortina de la Presa El Zapotillo a 105 metros, cuando la obra quedará en 80 metros. El quejoso en este caso es Rafael de la Torre Flores.

El legislador panista Juan Carlos Márquez dijo que los integrantes de la Comisión de Responsabilidades revisarán si proceden las solicitudes de juicio político. “Si (la solicitud) no cumple con los requisitos la desechamos”, explicó el diputado quien estimó que el proceso podría prolongarse por un lapso de mes y medio.

El legislador refirió que existe un rezago de 37 expedientes de juicios políticos pendientes por dictaminar.

Funcionarios omisos

El presidente de la Comisión de Responsabilidades dio cuenta, que en los últimos meses ha disminuido el número de funcionarios omisos a presentar su declaración patrimonial.

Hasta mayo de este año, en Jalisco había 10 mil 364 funcionarios omisos que no habían remitido para su revisión sus declaraciones patrimoniales iniciales, anuales o finales; para la primera semana de septiembre el número disminuyó a nueve mil 66 funcionarios que no han cumplido con el requisito.

El legislador, Juan Carlos Márquez dijo que habrá sanciones administrativas para quienes no cumplieron con esa obligación.

FRASE

"Analizaremos las denuncias para saber si cuentan con los elementos legales para efecto de considerar que hay una violación legal y, si consideramos que existe, el siguiente paso es inciar el procedimiento y se solicitan pruebas a las partes "

Juan Carlos Márquez, legislador del PAN.

PUNTOS CONSTITUCIONALES
Al pleno, “ley anticochinos”

Diputados del Congreso del Estado prevén llevar a cabo hoy una sesión ordinaria en la que se analizarán temas que podrían generar conflictos entre las fracciones parlamentarias del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. En la última sesión de la semana pasada, los legisladores avalaron agilizar la aprobación de las reformas a la Ley de Servidores Públicos que propuso el PRI, que bautizó como “ley anticochinos” y que avaló la Comisión de Trabajo presidida por la diputada, Clara Gómez Caro.

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron un dictamen completamente diferente, el presidente de ese órgano legislativo, el panista, Hernán Cortés Berumen dijo que la iniciativa que avaló la Comisión de Trabajo “es absolutamente incompleta”.

Explicó que la propuesta de reforma a la Ley de Servidores Públicos presentada por el PRI y avalada por la Comisión de Trabajo que está por ser votada en el pleno sólo establece el pago de salarios caídos de hasta 12 meses para empleados que hayan sido despedidos y que ganen juicios laborales; sin embargo, para el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, esta visión para resolver el conflicto de los laudos es limitada.

Para Cortés Berumen es necesario establecer mecanismos en la Ley de Servidores Públicos para defender al trabajador.

“En la iniciativa que ya se aprobó no se mete al estudio de la temporalidad de los juicios, no se aborda la posibilidad de que exista responsabilidad de aquel que despide sin tener facultad para hacerlo o la posibilidad de que se congele la plaza que sea sujeto de algún proceso para determinar si fue un despido justificado o no”, señaló el legislador panista.

El legislador dijo que lo que pretende es concretar una reforma integral en materia de juicios laborales.