GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2016).- Por las irregularidades en 36 procedimientos de afirmativas fictas, Enrique Alfaro y representantes de colonias presentaron ante el Congreso una solicitud de juicio político contra el magistrado de la Sexta Sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba. “Venimos a pedirles a los diputados que tomen cartas de manera definitiva y rápida sobre su actuar. No vamos a permitir que siga pensando que puede violentar la ley sin que haya consecuencias”, subrayó el alcalde acompañado por representantes de Los Colomos y de las colonias Monraz, Monraz Terrazas, Country, Mezquitán, Chapalita y Colinas de San Javier, en donde existen giros comerciales o construcciones aprobados “de forma irregular”.El Ayuntamiento tapatío ya presentó una denuncia penal contra Barba y su “red de corrupción”. Y hasta dieron nombres de abogados como Jorge Alberto García Cadena, Gerardo Quezada Navarro, Gerardo Cruz Aguilar y Julio Barba Ramírez (sobrino del magistrado), todos pertenecientes a la firma Barba & Asociados, involucrados en presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude procesal, ejercicio indebido del servicio público, aprovechamiento indebido de atribuciones e ilícitos contra el desarrollo urbano.Alfaro hizo un llamado al gobernador Aristóteles Sandoval “para que instruya al fiscal (Eduardo Almaguer) a que tomen este asunto con la mayor seriedad, a que no se presten a esconder lo que hay detrás de esta red de corrupción”.De los 36 procedimientos con irregularidades, 22 están relacionados con construcciones inmobiliarias (en tres casos se tienen dos anomalías diferentes), cinco por licencias de construcción de gasolineras, cuatro por la operación de éstas, dos por la instalación de espectaculares (uno incluye la instalación de 19 anuncios en avenidas; el otro fue para colocarlos en puentes peatonales, pero no existe el dato de hasta cuántos), una licencia para una agencia automotriz, uno para restaurante bar y uno más para la venta de vinos y licores.En 14 casos, según el Ayuntamiento, no hubo un trámite previo en las direcciones municipales correspondientes, y 11 de éstos fueron acreditados por el corredor público número 56, César Eduardo Uribe González, “a quien hemos intentado denunciar ante la PGR y se ha negado a recibir la denuncia alegando que no es de su competencia”, lamentó Alfaro.También hay denuncias penales contra seis ex funcionarios del Ayuntamiento, que trabajaban en Obras Públicas y en Desarrollo Urbano, ya que probablemente están involucrados en las anomalías evitando que la alcaldía impugnara la afirmativa ficta (atribución del TAE para autorizar licencias cuando la alcaldía no responde en tiempo y forma) con un juicio de lesividad.
