GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Al participar en el Foro Anticorrupción realizado ayer en el Club de Industriales, la organización Transparencia Mexicana, a través de su director Eduardo Bohórquez, pidió a los legisladores de Jalisco evitar ocurrencias en la aprobación del Sistema Local Anticorrupción, como las avaladas por el Congreso de Nuevo León, por lo que el llamado es “respetar el marco constitucional y legal”. Lo anterior, para no contravenir las disposiciones generales o federales.“Ahora que están discutiendo en Jalisco, súmense a la lista correcta, súmense a las disposiciones constitucionales generales y eviten caer en la tentación de meterse en la parte creativa”, aunque acotó que pueden perfeccionarse los ordenamientos.También adelantó que el sistema anticorrupción deberá incluir otras 22 reformas a diversos ordenamientos, entre los que destacan nuevas leyes de Adquisiciones y Obra Pública; la reforma al Registro Público de la Propiedad; la revisión de la designación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que actualmente es designado por el Presidente de la República), así como la entrega de notarías, entre otras. Recordó que la opinión pública, la academia, iniciativa privada y sociedad civil participaron en la creación de la primera etapa del sistema anticorrupción; sin embargo, se crearon solamente las instituciones básicas, “fueron las primeras siete leyes del sistema nacional anticorrupción y tenemos otras 22 leyes que faltan. El sistema acaba de empezar y lo peor que podríamos concluir es que terminara con la armonización de las leyes federales aprobadas”.Los ponentes y académicos que participaron ayer en el Foro Anticorrupción coincidieron en la necesidad de aprobar un sistema estatal con nombramientos que gocen de la confianza y legitimidad ciudadana.Jacqueline Peschard, al frente del Comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que la Fiscalía General y la Auditoría Superior, entre otras instancias involucradas, deberán trabajar coordinadamente para que funcione la operación, “el reto es la coordinación entre aquellas instancias que ya tienen una atribución y facultades en materia de combate, prevención e investigación de actos de corrupción”.En tanto, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción, recordó que los Estados tienen menos de tres semanas para completar sus sistemas locales.Y recomendó cuidar la conformación del Comité de participación ciudadana, así como la designación y facultades de la Secretaría ejecutiva. “Esto se debe elegir con la lupa, de eso depende, en buena medida, el éxito del sistema” en Jalisco.LOS EXPERTOSLa fuerza ciudadanaJuan Pardinas lamentó que el Sistema de Administración Tributario (SAT) no formara parte del sistema anticorrupción, pues ha sido uno de los actores clave para detectar a las empresas “fantasma”. Aunque hay posibilidades de cambio, el obstáculo es la falta de voluntad política.“Lo que sí hay es presión ciudadana, es un hartazgo que si lo canalizamos bien nos servirá para construir instituciones… la presión cívica que nos convoca hoy no dejará pasar de forma tan impune los actos de corrupción”.Añadió que la fuerza ciudadana es la esperanza de que algún día los escándalos de corrupción ocurran una vez al mes, en lugar de todos los días, “así será mucho más fácil perseguirlos y seguirá existiendo corrupción, pero que no quede impune”.Juan Pardinas, director del Imco.Peces gordos, a la cárcelJacqueline Peschard indicó que el principal reto es ganarse la confianza de los ciudadanos en que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) puede funcionar. Y para darle credibilidad se deberá meter a la cárcel a los peces gordos.“Creo que más allá de darle legitimidad, si bien el sistema quiere atacar las causas, quiere atacar las raíces de la corrupción (…), creo que si no se mete a la cárcel a los peces gordos, algo así como lo que le dio gran revuelo en Guatemala, en Rumania… mientras esto no pase en México, por más que tengamos un sistema elaborado y completo en su operación, no podemos darle credibilidad”.El segundo reto es que se construyan todas las partes del sistema en los Estados.Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA.Resultados inmediatosPara darle legitimidad al sistema anticorrupción, María Amparo Casar propone que los Gobiernos y Congresos estatales trabajen en políticas públicas que tengan resultados inmediatos.“No nos esperemos a que un día todo el sistema funcione y bajemos la corrupción (y la impunidad). Hagamos pequeñas políticas públicas que demuestren a los ciudadanos que vale la pena denunciar, que sí se abren investigaciones, que los peritos se están capacitando en materia anticorrupción”.Además, recomienda que en los Estados de la República se tengan Congresos y Auditorías que sean un contrapeso real frente a los Gobiernos.María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción.Obligación constitucionalTras recordar los casos más recientes de corrupción en el país, como las irregularidades en los gobiernos de Javier Duarte y Roberto Borge, el director de Transparencia Mexicana reiteró que el sistema anticorrupción va más allá de las instituciones y de los nuevos mecanismos. “El clamor social es lo que hará que se active la voluntad política”.Indicó que la lucha contra la corrupción es una obligación constitucional, “no es optativa, es una exigencia, y para eso financiamos al Gobierno, para cumplir con cada instrucción que manda la Constitución”.En este contexto advirtió que las reformas aprobadas comprenden una primera fase de lo que será el sistema anticorrupción; sin embargo, quedan pendientes otras reformas que reforzarán este sistema y en las que ya están trabajando los organismos ciudadanos.Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana."A LA PARTE CIUDADANA LE TOCA VIGILARLos representantes de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), del Comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de Mexicanos contra la Corrupción coincidieron en que un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema anticorrupción es la participación y vigilancia de las organizaciones civiles, iniciativa privada y academia.Jacqueline Peschard señaló que el gran reto es la colaboración entre instituciones, aunque para ello es necesaria la participación ciudadana, “el desafío es cómo hacer para que todos entiendan que, para que funcione, se requiere de cooperación y colaboración. A la parte ciudadana lo que le toca es proponer y vigilar”. Advierte que no se trata de un asunto de voluntad política, “es una exigencia social”.Juan Pardinas, director del Imco, lamentó la falta de voluntad política y el hecho de que el Sistema de Administración Tributaria quedara fuera del sistema anticorrupción, “sin embargo, no hay voluntad política, lo que sí hay es presión ciudadana, es un hartazgo que si lo canalizamos bien nos servirá para construir instituciones”.El “despertar” de GuatemalaLos casos de corrupción a los que se lograron hacer frente desde 2015 en Guatemala, obedeció “a un despertar ciudadano”, subrayó el politólogo Phillip Chicola. “El caso Guatemalteco es histórico… lo que vivimos durante 2015 fue espectacular, esa imagen de ver al presidente de la República todavía envestido del cargo de presidente (Otto Pérez Molina), sentado en el banquillo de los acusados a las 8 de la mañana en el juzgado, y que a las 5 de la tarde, un juez lo estaba mandando a prisión preventiva, y que todo eso haya ocurrido sin que se derramara una gota de sangre, sin que no hubiera un solo herido, sin que una sola institución colapsara, fue espectacular”. Entre los delitos, fue acusado de encabezar una red de defraudación aduanera.Será una reforma mínima: Del ToroTras rechazar que se quedaron sin tiempo para las negociaciones, el presidente del Congreso, Ismael del Toro, reconoció que antes del 18 de julio, fecha límite para la entrada en vigor del Sistema Local Anticorrupción, se aprobarán sólo las reformas constitucionales, por lo que los cambios serán mínimos.Insistió en que ese plazo fatal forma parte de un paquete de reformas que no se concluyó a nivel federal, “si no está concluido el Sistema Nacional, ese transitorio no debe de cobrar aplicación. Hay algunas instituciones y algunas leyes que se tendrán que reformar a esa fecha para tener un asentamiento estatal del Sistema Nacional, pero lo que el Congreso de Jalisco debe hacer es sacar un buen dictamen”.Comentó que las reformas constitucionales permitirán cambiar el nombre del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras cuestiones menores, “para que el Sistema Nacional, en las partes que ya entró en vigor, pueda tener un símil estatal”.Sin embargo, quedarán pendientes los nombramientos y los cambios que garantizarán la autonomía de los principales organismos que darán dientes al Sistema; es decir, la reforma quedará en el papel y la puesta en marcha podría ser hasta el próximo año.Explicó que los nombramientos son la parte final del sistema, “lo importante es que toda esta vinculación de instituciones, Fiscalía (General), Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa, todos tienen nombramientos de los titulares y debe estar aparejado al andamiaje jurídico”.Añadió que en este proceso participará la sociedad civil organizada y académicos, entre otros, que formaron parte de la Comisión Interinstitucional que integró el Ejecutivo para elaborar las iniciativas anticorrupción, que concluyeron ayer con la entrega de cinco propuestas de reforma a leyes locales.También argumentó que el Sistema se debe ligar al presupuesto 2018, para que nazca con fortaleza.Con estas últimas propuestas, son cerca de 40 las iniciativas que serán analizadas por las comisiones del Congreso. Las constitucionales se aprobarán antes del 18 de julio, y las secundarias en el segundo semestre de este año.Por su parte, debido a que las reformas para dotar de autonomía a la Fiscalía General provocarán su disolución, con la desincorporación de la Policía estatal, el fiscal Eduardo Almaguer informó que una vez aprobadas trabajará en el proceso de transición “rápida y transparente”. Cuestionado sobre su permanencia, debido a que en los transitorios de la iniciativa del Ejecutivo para dar autonomía a la dependencia se deja la posibilidad de que se mantenga en el cargo o participe en la elección del próximo titular, respondió que no piensa en permanecer o abandonar el cargo; incluso, puntualizó que todo depende de la reforma.LEYES SECUNDARIASPropuesta del Gobierno del EstadoLey Orgánica del Poder Ejecutivo• Se propone darle dientes a la Contraloría, al contar con más atribuciones para investigar y sancionar las faltas administrativas no graves.• La dependencia deberá tener las herramientas necesarias para la alimentación de datos y actualización de la Plataforma Estatal Digital del Sistema Anticorrupción del Estado para facilitar la rendición de cuentas.Ley de Fiscalización• Se busca fortalecer las atribuciones fiscalizadoras y garantizar la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de Jalisco, “otorgándole facultades de fiscalización, tanto respecto del ejercicio fiscal en curso, como de ejercicios fiscales anteriores, así como la revisión de hechos específicos que deriven de denuncias por la sociedad civil”.• Se contempla asegurar la publicidad de los informes de auditorías en la página de internet de la Auditoría.Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa• Tendrá a su cargo dirimir todas las controversias que se susciten entre las autoridades y los Poderes públicos, así como los distintos niveles de Gobierno y organismos descentralizados, con los particulares.• Impondrá las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados a éstas.• Tendrá Sala Superior conformada por tres magistrados y por seis salas unitarias.Ley de Responsabilidades Administrativas• Amplía a siete años el plazo para la prescripción de las faltas administrativas graves o faltas de particulares. Se contemplan instrumentos de rendición de cuentas, como la obligación de todos los servidores públicos de publicar su 3de3.• Se incluye la denuncia anónima como vía para iniciar una investigación.• Tendrá sanciones contra los particulares.Código Penal• Se propone ampliar el catálogo de los delitos de los servidores públicos, debido a que actualmente no se contemplan los relacionados a los actos de corrupción.• Se busca armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional en materia anticorrupción.Sigue: #DebateInformador¿Cuál es la dependencia pública en la que percibe más corrupción?Participa en Twitter en el debate del día @informador
