Piden a diputados verdaderos cambios con Ley de Víctimas

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2013).- Carmen Lilia Calderón regresó a su casa de trabajar y la encontró saqueada. Robaron todas sus pertenencias de valor. Pero en comparación con otros casos donde los delincuentes sólo se llevan las cosas, a la señora Carmen le dejaron una carpeta, una valiosa evidencia que por alguna razón olvidaron en su domicilio.

Eran las copias con los datos de la camioneta -que usaron para saquear la casa de Carmen- donde consultaron sus adeudos. Ahí estaban las placas e información que serviría para rastrearla, fue un alivio para ella porque creyó que con eso podría agilizar la búsqueda de los culpables. Pero se equivocó.

Tres meses después del robo le notifican a la señora que esa camioneta chocó a unas cuadras de su casa: la oportunidad de detener al posible ladrón.

"Al llegar al choque, el delincuente ya se había ido y dejó a su acompañante malherida. Se la llevan en calidad de presentada y con los datos que dio nos dimos cuenta que este señor tenía una serie de delitos que ya había cometido, donde cambia de identidad muchísimas veces, les puedo enseñar fotografías de esta persona que es la misma que me robó y que está cambiando de identidad y físicamente su look para pasar desapercibido y seguir cometiendo atracos".

Así continuó su modus operandi hasta que lo detuvieron. El delincuente fue a dar a Puente Grande y se lo notificaron a Carmen. Pero a pesar de las pruebas en su contra, a los tres días salió en libertad.

"Se supone que hay una base de datos donde está la muestra que esta persona ya tiene antecedentes. ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Por qué se va (el delincuente) si yo proporciono datos de la persona que me robó?".

"La camioneta está detenida y los delincuentes andan huyendo. Como una burla me roban, choca a los meses a tres cuadras de mi casa y la policía investigadora, los MP's no han hecho nada. Quisiera que se pongan a trabajar".

Con ese testimonio, la señora Carmen participó en el foro de consulta sobre la iniciativa del Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco que se realizó este martes en el CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), que convocó el diputado promovente de la legislación, Jaime Prieto Pérez, para discutirla con los académicos.

Ahí, el ombudsman estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el diputado Trinidad Padilla López, previamente hablaron al auditorio de estudiantes y académicos sobre las bondades que contempla la iniciativa para la protección de víctimas del delito, pero la señora Carmen fue al fondo de la situación, que no esperaban los integrantes del presídium: las carencias del sistema de impartición de justicia, que seguirá funcionando de la misma manera con o sin la mencionada Ley.

En un tenor similar se expresaron docentes del centro universitario, quienes agregaron que las disposiciones de la nueva iniciativa son favorables, pero que es mejor invertir en prevención del delito para evitar llegar al tratamiento de la victimización.

Los foros de consulta como este se siguen extendiendo por el Estado, se prevé que sean 40 con los que el Congreso se retroalimente previo a aprobar la iniciativa, que deberá hacerse antes del 15 de diciembre de este año.
 
 Las claves de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco
 
 -Alojamiento y alimentación para las víctimas que se encuentren en situaciones de emergencia, de riesgo como consecuencia del delito o violaciones a sus derechos humanos.

 -Se crea una comisión estatal de atención a víctimas integrada por organismos de derechos humanos y atención a víctimas en el Estado, así como con representantes del gobierno estatal.

 -Se emite un catálogo de derechos en favor de las víctimas con el objeto de ampliar la esfera de protección de las mismas.

 -Se crea el registro estatal de víctimas como organismo que le da soporte al proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito.

 -Se establece un fondo de ayuda, asistencia y preparación integral con el objeto de otorgar los ingresos necesarios de víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

 -Se contempla el derecho que tienen las víctimas a la justificación laboral en caso de que se encuentren en un proceso judicial.

 EL INFORMADOR / VIOLETA MELÉNDEZ