Piden a ASEJ auditar edificación de Ciudad Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2013).- El pleno del Congreso del Estado aprobó solicitarle al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ( ASEJ), Alonso Godoy Pelayo que llevé a cabo una revisión especial de los recursos aplicados por la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en la construcción de la Ciudad Judicial.
 
La propuesta fue presentada por los integrantes de la Comisión de Vigilancia y fue avalada por el pleno.
 
El acuerdo legislativo señala que los diputados solicitan "atenta y respetuosamente al auditor superior del estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, que tenga a bien incluir en su programa anual de auditorías una revisión a los recursos aplicados por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seder) de Jalisco en la construcción de la Ciudad Judicial ubicada en el anillo Periférico poniente en el municipio de Zapopan, así como hacerle llegar a esta soberanía con oportunidad los resultados correspondientes conforme a la normatividad aplicable".
 
En la exposición de motivos, los legisladores consideraron que era excesiva la cantidad de recursos económicos invertidos en esta obra cuya construcción se prolongó por más de cinco años y refirieron las recientes declaraciones del titular del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, quien hace unas semanas calificó la realización de la obra como "el robo del siglo".
 
Los legisladores también expusieron el compromiso que asumió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien se comprometió a "esclarecer el proceso" de edificación de la Ciudad Judicial.
 
En el acuerdo legislativo señalan que el auditor debe verificar si el gobierno estatal contaba con dictámenes de uso de suelo, licencias de obra "pues se presume que se autorizó la ejecución del proyecto sin licencia de construcción y de urbanización".
 
Los diputados también llaman al auditor superior a revisar a cuántas y a cuáles empresas otorgó contratos para la edificación de la Ciudad Judicial y si dichas empresas exhibieron las fianzas que les obliga la Ley, si el entonces titular de la Sedeur, Sergio Carmona Ruvalcaba socializó las obras con los vecinos de la zona y si se presentó el dictamen de infraestructura vial urbana, entre otros aspectos.
 
Los diputados señalan en el acuerdo legislativo que aprobaron que "es necesario contar con los elementos de prueba suficientes para fincar responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en la construcción de la obra pública realizada en el sexenio anterior".