GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado formalizaron la solicitud para que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), realice una revisión del destino de los recursos recaudados con el programa de fotoinfracción.Los legisladores Alejandro Hermosillo y Augusto Valencia, presentaron la petición directamente en las instalaciones de la ASEJ. Valencia López sostuvo que la Auditoría tiene las facultades jurídicas para hacer la revisión y aseguró que es factible rastrear la ruta de los fondos. Comentó que la petición incluye también a los municipios donde operan los equipos fotoinfracción, con la empresa Autotraffic, como Zapotlán el Grande.El vocal de la Comisión de Movilidad del Congreso, Alejandro Hermosillo, detalló que piden se inicie de manera inmediata una auditoría técnica y financiera al programa de foto infracción y Salvando Vidas. Añadió que también les preocupa los costos de la conclusión anticipada de contratos anunciada por el Gobierno estatal."Nos preocupa que la empresa ha dicho que son 70 millones de pesos solamente por la compra de las cámaras, más todo lo que implica la propia terminación anticipada del contrato que podría ser según los cálculos nuestros 81 millones, más los gastos que se hayan llevado", comentó.En el documento presentado por los emecistas se expone que, a través de solicitudes de transparencia, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf); les notificó que el programa de fotoinfracciones recaudó mil 282 millones de pesos, de 2014 hasta el mes de mayo pasado. Pero subrayan que no está claro el destino específico de cada peso ingresado por este programa.Los legisladores informaron que presentarán un punto de acuerdo para que el Congreso solicite institucionalmente esta revisión. Además de que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja, por este tema, para que se revise esta política pública y verificar si no violenta derechos humanos de víctimas o afectados por las fotomultas.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS