Partidos se resisten a bajar prerrogativas

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2016).- Prerrogativas millonarias, altos sueldos y vehículos costosos son los factores comunes entre los partidos políticos en Jalisco, que han incrementado 17 veces los financiamientos públicos en las últimas dos décadas. Si en 1997 los institutos recibieron 14.6 millones de pesos para sus actividades ordinarias y tendientes a la obtención del voto, en 2016 recibirán 253.1 millones. Sin embargo, no existe la intención de reducir los presupuestos por parte de sus dirigentes.

Pese a que en Jalisco no se celebrarán elecciones hasta el 2018, en un debate convocado por esta casa editorial, José Socorro Velázquez (dirigente del PRI), Miguel Ángel Martínez (PAN), Raúl Vargas (PRD) y Enrique Aubry (Verde) desestimaron disminuir las prerrogativas.

Aubry advierte que reducirlas podría abrir la puerta a la inyección de recursos de procedencia ilícita, “no podemos exponer a que los candidatos o partidos participen con dinero dudoso”. Coincide su homólogo Raúl Vargas: “El financiamiento público es esencial… vulnerar esta posibilidad genera la posibilidad de financiamiento que tenga otro origen, de procedencia dudosa”.

Los dirigentes del PRI y del PAN están a favor de discutir el tema, mas no de disminuir sus ingresos. “Deben mantenerse…”, refiere Socorro Velázquez, mientras Miguel Ángel Martínez explica que el modelo actual privilegia el financiamiento del erario sobre el privado para evitar que los grandes intereses promuevan políticas contra el bien común. Aunque se invitó al dirigente del Partido Movimiento Ciudadano no acudió al debate.

Hoy, para calcular las prerrogativas se integra una bolsa que resulta de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Jalisco por 65% del salario mínimo diario vigente. De allí salen los 253.1 millones este año. Sin embargo, en Nuevo León es donde menos recursos se les destinan a los partidos: la fórmula es del 20% del salario mínimo. Tres veces inferior a la de Jalisco.

En la pasada Legislatura, el diputado Héctor Pizano propuso reducir las prerrogativas 50%, pero el Congreso desechó la iniciativa. En abril de 2014, el ex legislador Clemente Castañeda también pidió bajarlas 40%, pero tampoco pasó.

A nivel nacional existe una iniciativa presentada por los diputados Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto para modificar los esquemas de reparto y para que éste corresponda a los votos que obtiene cada partido. Por eso el investigador Jaime Preciado Coronado propone que el Congreso no sea quien defina la fórmula, “no hay organismos de contrapeso que eviten que los partidos sean juez y parte”.