Para ponernos de acuerdo

Ya está más que visto, y más que dicho: la ciudad es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Sin importar banderas. Si alguien sacara la cuenta de los asuntos que han quedado pendientes, de las obras que han sido canceladas por razones distintas al bien de la comunidad, se tendría una cifra abrumadora.

En su cuantía misma y en lo que los beneficios perdidos representan. No es posible que cualquier alternativa deseable esté condenada a ser el rehén en turno de los intereses de grupos o partidos.

A estas alturas ya se han experimentado los fracasos o dificultades de diversas iniciativas o gestiones planteadas por autoridades identificadas con uno u otro color partidista. En temas como el abasto y saneamiento de agua, la gestión de la ciudad, la movilidad, la construcción de infraestructuras, etcétera. Temas todos de importancia neurálgica para el desarrollo de la vida comunitaria. En todos ellos, ha privado el supuesto interés parcial sobre las razones técnicas y las necesidades sociales que se busca atender.

Cuando un Gobierno es electo, las decisiones que éste tome deberían, en principio, estar legitimadas por el sufragio que está en la base de su representatividad. Existen además, mecanismos que permiten medir el grado de aceptación o rechazo, o de ajuste, de determinadas medidas, cuando el contexto así lo amerite. Sin embargo, es necesario insistir, todos los temas deberían partir de un cimiento indispensable: el de su pertinencia objetiva, técnica, demostrable.

Es esa misma pertinencia la que se ha perdido de vista. Resulta que, ante el fuego cruzado de motivaciones partidistas o de grupo, ya en ningún lado se encuentra la razón. Las campañas publicitarias, los boletines de prensa, las entrevistas de banqueta, las interpretaciones publicadas en los medios, constituyen tantos otros proyectiles que sirven para levantar una espesa polvareda de desinformación y hostilidad en donde la pertinencia relativa a cierta política pública, o la falta de ella, termina por extraviarse.

Después de arduos y dilatados estudios técnicos: ¿quién debe avalar las medidas y los proyectos concretos para darle agua a Guadalajara? ¿O quién tiene la última palabra, en términos de autoridad intelectual, para sancionar una alternativa propuesta para el transporte urbano? Y así en los demás temas. Encontrar la respuesta es ya un reto mayúsculo para la ciudad y el Estado, reto del que ahora depende demasiado.

Opina un abogado constitucionalista: “El problema es de diseño constitucional. Tenemos una democracia que funciona en términos formales, pero que produce gobiernos que no cuentan con los elementos suficientes para actuar con eficacia. ¿Para qué elegimos a un Gobierno? Para que trabaje, para que haga obra pública, para que produzca mejoras en la calidad de vida de la ciudad, el Estado o el país que fue elegido para gobernar. Es necesario encontrar mecanismos que, incorporados a la Constitución y a las leyes, generen incentivos para que los gobiernos cumplan con esas responsabilidades, en lugar de los actuales incentivos perversos destinados a bloquear toda acción de los adversarios políticos”.

En los tiempos en que se nublan las luces de la razón, más que nunca es necesario apelar a ella para salir adelante. Antes de seguir perdiendo tiempo, recursos y oportunidades para la ciudad.

jpalomar@informador.com.mx