GUADALAJARA, JALISCO (12/MAR/2017).- El desconocimiento sobre cómo denunciar, la normalización de este tipo de hechos y la falta de castigos más severos serían algunas causas por las cuales hasta siete de cada 10 mujeres no piden ayuda a la Policía al momento en que sufren hostigamientos en espacios públicos, considera la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Erika Loyo Beristáin.Este fue uno de los resultados más importantes del Estudio de Violencia Comunitaria en los Ocho Municipios en Alerta de Violencia contra las Mujeres, presentado el pasado viernes por el IJM y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). En la investigación se observa que casi 70% de las mujeres no ha pedido apoyo de la policía en caso de acoso, mientras que 25% que sí lo hizo, no recibió ningún tipo de atención.Loyo Beristáin lamenta que el acoso sea una acción normalizada, sin embargo, reconoció que muchas de las víctimas consideran una pérdida de tiempo ir a denunciarlo, por lo engorroso que puede llegar a ser el procedimiento.“Comprobar un acoso es más difícil que un acto de violencia, porque si no los graban o no tienen algún testigo, es más difícil corroborarlo. Si es sobre la vía pública es más difícil encontrar al agresor. Son un conjunto de temas que debilitan el proceso de la denuncia. Por eso, cuando les preguntamos si piden ayuda de un policía, es porque el policía es quien está en las calles y es el más cercano. Si te fijas, en la encuesta dicen, ‘no pedí ayuda o no me la dieron’”.La persona que acosa debe saber que agredir a una persona de manera verbal en lugares públicos o privados lo haría acreedor a una multa de cinco a 12 salarios mínimos o arresto de 36 horas, mientras que asediar impertinentemente a cualquier persona conlleva multas de cinco a 12 salarios mínimos o arresto de 24 horas, según el Artículo 14 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara.Incluso, el acoso es un delito marcado en el Código Penal del Estado de Jalisco, donde se especifica como hostigamiento verbal o físico que puede ser motivo de sanción al denunciarlo ante las autoridades pertinentes.A decir de Erika Loyo, el diagnóstico desarrollado por el IJM permitirá, en coordinación con los municipios, elaborar políticas públicas que ayuden a combatir la violencia de género.
