Más allá de Aristegui

Con Carmen Aristegui se puede o no estar de acuerdo, pero es innegable que es una de las periodistas más importantes del México de la transición. Carmen, lo vimos en las últimas 48 horas en Twitter, tiene una audiencia impresionante, y eso en los medios electrónicos es oro. Pero más allá de eso, guste o no lo que hace Aristegui, lo que no podemos es ser indiferentes ante lo que sucedió.

El motivo oficial del despido de la periodista es que violó el código de ética de la estación (un código que no es público pero que suponemos que sí existe) y que Carmen se negó a ofrecer disculpas por ello, aunque nunca quedó claro si debía disculparse con su audiencia, con los dueños de la estación o con el inquilino de Los Pinos. Tampoco quedó del todo claro cuál fue la falta que cometió: comentar un suceso ocurrido en la Cámara de Diputados, la manta de Fernández Noroña, o pedirle una explicación a Los Pinos sobre el supuesto alcoholismo del Presidente.

Aquí hay dos cosas que vale la pena revisar. La primera tiene que ver con la separación entre lo público y lo privado y más concretamente con la pregunta de si la salud del Presidente es o no un asunto público. ¿Tenemos los ciudadanos derecho a conocer las condiciones de nuestros gobernantes? Como principio general diríamos que las respuesta es no; la salud es una asunto de vida íntima (sólo compete al interesado y con quien él desee compartirlo) salvo cuando su condición de salud ponga en riesgo la conducción del país. De Fox se discutió si tomaba o no Prozac, y si ello representaba un riesgo para la toma de decisiones. De Françoise Mitterrand se habló ampliamente de que se presentó a la reelección ocultando un cáncer de colon que, por supuesto no le impedía el ejercicio del poder pero sí lo distraía de sus funciones. En fin, la salud de los presidentes ha sido un tema reiterado en los círculos del poder y los medios. Lo cierto es que hoy por hoy, el alcoholismo que se le atribuye al Presidente no ha sido un elemento que condicione su gobierno.

El segundo tema, más complejo aún, tiene que ver con las concesiones de radio y televisión que en este país no son una cuestión de Estado sino del Gobierno en turno. La sobrerreacción de los propietarios de MVS ante el comentario de Aristegui no se explica sino por el miedo de los radiodifusores respecto de la renovación de sus concesiones. Si bien hay reglas en la concesión, está claro que la decisión de renovarla o no, está en manos del Ejecutivo. Eso ha sido, es y será, una limitante a la libertad de expresión en este país.

No es, pues, el programa de Carmen ni la concesión de MVS lo que está en juego en este circo, sino la libertad de expresión de todos los mexicanos.