GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- A pesar de que los diputados pretendían hacer “borrón y cuenta nueva” en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), con la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, los magistrados que presiden las seis salas del organismo no podrán ser removidos de su cargo.La bancada de Movimiento Ciudadano insistía en la salida de éstos debido a las presuntas irregularidades en sus resoluciones, sobre todo porque el tribunal será uno de los principales pilares en el combate a la corrupción, por lo que no se podía permitir, argumentaban, juzgadores cuestionados.Desde 2015, los diputados sabían de la existencia de un artículo transitorio establecido en la reforma constitucional federal en el que se garantiza la continuidad de los magistrados.Para quitar ese candado, se presentó una iniciativa que se quedó en la congeladora en el Congreso de la Unión. Debido a esto, se intentó promover una controversia constitucional, indemnizarlos y finalmente pretendían que la interpretación del artículo les permitiera que los magistrados se fueran antes de julio.Debido a que ninguna de las propuestas prosperó, el coordinador de la bancada de MC, Ismael del Toro Castro, reconoció que los actuales magistrados se mantendrán en el cargo, “lo que vamos a priorizar es que no tengamos un riesgo de que por la vía judicial echen abajo la reforma (anticorrupción)”.Del Toro recordó que Alberto Barba Gómez se mantiene en la cuerda floja, y se podría ir antes, si proceden los juicios políticos y de desafuero que dictamina el Congreso en su contra. Sin embargo, están congelados debido a los amparos promovidos por el magistrado, quien en abril pasado los acusó de un intento de linchamiento político y mediático, y de querer “baraja nueva” en el Tribunal.El coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras, destacó que deben respetar lo que establece la ley. El coordinador de los panistas, Miguel Ángel Monraz, argumentó que lo adecuado sería que los magistrados se fueran debido a los múltiples señalamientos por presuntos actos de corrupción e impunidad.Tribunal sancionará faltas administrativas gravesAdemás de la reestructuración del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) que contempla la reforma anticorrupción, se propone darle facultades para que resuelva y sancione faltas administrativas graves de servidores públicos y de particulares por actos de corrupción.El TAE, que se denominará Tribunal de Justicia Administrativa, será responsable de fincar indemnizaciones y sanciones pecunarias por daños al erario público; en el caso de particulares podrá, a su vez, inhabilitarlos para que no participen en procesos de adquisiciones o arrendamientos, servicios u obras públicas.Se podrá sancionar también a empresas que se les compruebe participación en corrupción, como sobornos, tráfico de influencias, mal uso de recursos, entre otros, incluso podrán ser disueltas.En las reformas complementarias del Sistema Local Anticorrupción, que serán aprobadas en septiembre, se propone fortalecer el trabajo del Tribunal, a través de una Sala Superior que se integrará por tres magistrados, así como un órgano responsable de su fiscalización.“Se tendrá que nombrar una Sala Superior especializada en recibir cada una de las denuncias de actos de corrupción e impunidad por parte de los servidores públicos. Eso indudablemente vendrá a darle más transparencia y más claridad a las resoluciones que estén emitiendo los magistrados del TAE”, subrayó el coordinador panista, Miguel Monraz.
