GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2016).- Apenas cumplió los 15 años de edad cuando fue convertida en esclava sexual. Lucía estudiaba tercero de secundaria en El Arenal, Jalisco. Tenía las ilusiones de cualquier chica a su edad: terminar sus estudios, conocer chicos y hacer una familia. Pero su pesadilla comenzó en la plaza del pueblo, cuando conoció a Noé Quetzal Méndez Guzmán, un joven que visitaba el poblado de 17 mil habitantes. “Tenía sueños por cumplir, pero se me atravesó esta persona y, sin conocerme, comenzó a sacarme plática… y de ahí empezó una amistad, me hablaba bonito, me bajó el cielo, el mar y las estrellas. Me enamoré”, recuerda. En las tres semanas siguientes, Noé se aseguró de conquistar a su víctima. Después se hicieron novios y, al mes de haberlo conocido, viajaron juntos a Guadalajara. Lo peor estaba por venir. “Me decía que sus papás tenían una fábrica y que iba seguido a Guadalajara, me decía que estaba estudiando para ser arquitecto; luego me di cuenta que todo era una vil mentira”. En ese viaje, Noé le pidió acompañarlo para darle aventón a un amigo, “me salí a escondidas de mi casa y, de ahí con engaños, me llevó hasta la Ciudad de México donde comenzó mi martirio”. Fue hasta entonces que descubrió las intenciones de su “enamorado”. Primero llegaron las amenazas, luego los golpes, vejaciones y humillaciones, hasta que Lucía entendió que no había vuelta atrás. “Cuando llegamos a la Ciudad de México me obligó a prostituirme. Y me di cuenta que había más chicas como yo, todas menores de edad, era una vida muy fea”. Los hombres pagaban 150 pesos por sus “servicios”. Entre semana le tocaba atender hasta 10 por noche. Los fines de semana no había descanso porque la clientela se duplicaba. “A todo tenía que decir que sí”. Lucía vivía en una casa con otras ocho menores de edad, de entre los 14 y 18 años. —¿Intentaste escapar? —En casa nos tenían encerradas. No podíamos, siempre estábamos vigiladas, siempre estaba el chofer a nuestro lado y no podíamos hacer nada. Cuando nos metíamos a trabajar a departamentos u hoteles, el chofer se quedaba en la puerta esperando. Lucía subraya que siempre recibían amenazas en el sentido de que, si denunciaban, su familia sufriría las consecuencias. “Por temor nunca hice nada… ellos sabían dónde vivía, Noé había estado en mi casa, conocía a mis familiares. Tenía mucho miedo”. Si Lucía o las otras chicas se resistían a prostituirse, eran golpeadas y amenazadas con matarlas. Así vivieron seis meses, antes de cruzar la frontera. En ese tiempo recuerda que le dio una infección y el médico le prohibió trabajar durante 40 días, pero eso no fue impedimento para que su explotador siguiera cobrando por su cuerpo. Si no regresaban con el dinero completo por el servicio, “nos golpeaban y maltrataban, nos dejaban sin comer”.Las ambiciones del explotador no tenían límites. El atractivo de cobrar en dólares condujo a Noé y a sus víctimas hasta Estados Unidos. Pero primero las niñas tuvieron que juntar el dinero suficiente para pagar sus pasajes de avión hasta Tijuana. Allí las esperaba un “pollero”. “No teníamos papeles, nos fuimos por el monte, nos llevaron a todas encajueladas y con los ojos vendados, hasta los Ángeles. Fueron días largos y oscuros”, lamenta Lucía. Instaladas, en Estados Unidos tampoco había descanso. “No cambió nada, todos los días eran iguales, dormíamos como hasta las cuatro de la tarde, medio comíamos y nos arreglábamos… después llegaba el chofer por nosotras y nos llevaban a diferentes departamentos”. Lo que sí cambió fue la clientela: “Había salvadoreños, hondureños, mexicanos… había todo tipo de personas y de todas las edades”. En Atlanta, a donde fueron llevadas, tres choferes estaban a cargo de la vigilancia y desplazamientos de las chicas. Para ellas no había ganancias. Los dólares se iban directo a la cuenta bancaria de Noé, quien, cuando se encontraba del otro lado de la frontera, engañaba a más adolescentes como Lucía. “Me sentía como una esclava porque no veíamos la luz del día”.Después de dos años de vivir “un infierno”, uno de los guardias se enamoró de Lucía y fue así como pudo comunicarse con su familia. “Él me prestó su celular, me dijo que les hablara a mis papás, y en una ocasión que Noé se fue a México aproveché para hacer la llamada”. —¿Qué les dijiste a tus padres? —Les dije que estaba bien y que no podía hablar mucho, que estaba en Atlanta. Pero ellos se movieron, denunciaron, y nos encontró el FBI. En un operativo, las ocho mexicanas fueron liberadas. Lucía ya tenía 17 años. “Son cosas que no se olvidan, las secuelas jamás las borras aunque te traten psicólogos. Tengo una nueva vida, pero sigo con miedo… es una herida que no cierra”. Aunque en la Fiscalía del Estado existe, desde 2013, una unidad de investigación contra delitos de trata de personas y delitos sexuales; los resultados de los operativos implementados contra las redes de tratantes son escasos. Una solicitud de información confirmó que en lo que va de la actual administración (2013-2016) la Fiscalía no ha desarticulado ninguna banda o grupo delictivo a cargo de la explotación de seres humanos. La dependencia tampoco tiene detectados a los grupos de tratantes que operan en la Entidad. En los últimos tres años, la Fiscalía presume la detención de siete sujetos, sin embargo el Consejo de la Judicatura sólo reporta una sentencia condenatoria y seis absolutorias en el mismo lapso. Las cifras exhiben los rezagos de la autoridad en el proceso de investigación y persecución del delito. Mientras a nivel federal, la comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, documenta en su informe 2014 una intensificación de los operativos en hoteles, moteles, antros, bares, discotecas y establecimientos; en Jalisco, apenas se han realizado cuatro operativos desde 2013 a la fecha, a través de los cuales fueron rescatadas ocho víctimas de trata. El último operativo fue realizado este año en Puerto Vallarta, pero con un saldo blanco. Sin embargo, los operativos van a la baja: en 2013 se emprendieron tres dispositivos, mientras que en 2014 y 2015 no se realizó ninguno. Y las averiguaciones previas son las menos: siete en lo que va de la administración. El verdadero problema es que la unidad de investigación no tiene agentes especializados en el delito de trata de personas, admite Ángeles Coss, a cargo de la unidad de investigación contra los delitos de trata de personas, Mujer, Menores, Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía: “no puedes investigar un delito sino tienes la especialización… de momento no contamos con una denuncia que nos lleve a dar con una banda de tratantes”. “Es un delito muy difícil de investigar por los intereses que hay de por medio, no somos unidades de investigación proactivas… sino tengo una llamada anónima, una denuncia, no puedo iniciar las averiguaciones por adivinación”, justifica la funcionaria. Sobre el protocolo de investigación contra la trata de personas, que es obligación de la Fiscalía elaborarlo, señaló que aún se trabaja en el documento. Jalisco es un estado de origen, tránsito y destino, asegura, por su parte, Pablo Navarrete, del Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que sugiere reforzar el enfoque punitivo, “es el elemento detonante que desincentiva este tipo de prácticas”. Las pocas denuncias por trata de personas permiten señalar que en Jalisco el tema de la trata de personas en modalidad de explotación sexual aún se encuentra invisibilizado. Así lo determinó un estudio realizado por el Instituto Municipal de las Mujeres y la Universidad de Guadalajara. En Jalisco, las víctimas de trata no se acercan a las instituciones de gobierno a pedir apoyo. El DIF Jalisco es la única instancia que ha brindado servicios psicológicos, legales y de trabajo social, a cuatro víctimas, durante el año pasado, según informó la comisión intersecretarial de trata de personas. Ni la Fiscalía del Estado, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), ni el Instituto Jalisciense de la Mujer, el Centro de Justicia de la Mujer o la Procuraduría Social, tienen registros de víctimas de trata que acudieran a pedir apoyo, en los últimos tres años. Ángeles Coss, al frente de la unidad de investigación de trata de personas y otros delitos, de la Fiscalía, tiene una explicación: las víctimas no se dan cuenta que están siendo explotadas, “es difícil que una víctima lo alcance a advertir”; sin embargo, a nivel nacional se registraron dos mil 10 víctimas de trata en el año 2014, de acuerdo al último informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Por su cuenta, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), reporta que, de 2008 a 2014, en Jalisco se detectaron solamente 15 casos de trata de personas. Las entidades con más reportes son el Distrito Federal (112); Puebla (69); Chiapas (65), Tlaxcala (53) y el Estado de México (39). La CEDHJ advierte que son muy pocos los casos identificados por la compleja naturaleza del delito en cuestión: “las recurrentes amenazas a las que son sometidas las víctimas impiden que las denuncias lleguen al conocimiento de las autoridades… en todos los casos corre peligro la vida de las víctimas y sus familiares”, explicó Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión. Según el diagnóstico de la ONU, en algunos estados como Guerrero, Jalisco y Veracruz se han identificado víctimas de menor edad, inclusive de entre cinco y 10 años, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres advierte que con mayor frecuenta las bandas de tratantes recurren al enamoramiento y al matrimonio para legalizar la explotación sexual. “En este contexto es más complejo que las víctimas se reconozcan como víctimas de trata porque van desarrollando una dependencia psicológica con su tratante, sobre todo cuando provienen de un contexto de pobreza extrema”, precisa Pablo Navarrete, director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres. Aunque Jalisco es la tercera Entidad en emitir una alerta de violencia contra las mujeres, después del Estado de México y Morelos, la trata de personas con fines de explotación sexual no es una prioridad en la agenda del Estado. La Ley estatal para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas es inoperante. Entró en vigor en noviembre de 2012 y sigue pendiente la creación de su reglamento y un programa estatal para prevenir y erradicar este delito. Tampoco se tiene un protocolo de investigación y actuación del delito ni un diagnóstico con la evaluación cuantitativa y cualitativa que identifique la problemática a superar, admite Felipe Luis Navarro, secretario técnico de la comisión intersecretarial contra la trata de personas, instancia que carece de un reglamento interno y que desde su instalación (julio de 2014) ha sesionado en tres ocasiones pese a que la ley la obliga a hacerlo por lo menos cada tres meses. “Si la ley obliga a publicar los reglamentos y trabajar los protocolos que deben crearse, hay que cumplirlo… es una obligación que tienen las autoridades”, reclama Javier Perlasca, primer visitador de la CEDHJ. Desde el Congreso, el coordinador de la fracción emecista, Ismael del Toro, exhorta al Estado a generar los instrumentos faltantes: “me comprometo a impulsar desde el Congreso un exhorto a que se cumpla la ley en virtud de que ya está publicada y entró en vigor”. Por su parte, la comisión legislativa de Derechos Humanos se comprometió a revisar la reglamentación de la ley: “tenemos que hacer este reglamento pero también adecuar las acciones de la Fiscalía especializada o por lo menos trasladarla a la Fiscalía de Derechos Humanos”, opina la diputada Refugio Ruíz Moreno, presidenta de la comisión. En tanto, Pablo Navarrete Gutiérrez, director jurídico de Instituto Nacional de las Mujeres, subraya la necesidad de fortalecer el marco normativo, “es fundamental tener todas las herramientas, contar con un reglamento para aplicar los preceptos de la norma, contar con un protocolo para que todas las autoridades involucradas en los procesos de atención sepan cómo actuar, y también tener un área altamente especializada en la atención e investigación de estos delitos”. Además de ser el destino de playa más importante de Jalisco, Puerto Vallarta es un foco rojo de la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de menores, sin que a la fecha las autoridades hayan desmantelado las redes de traficantes. El diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de trata de personas en México, coloca a Puerto Vallarta en la lista de ciudades mexicanas consideradas como de “alta incidencia de trata de personas”, en distintas modalidades, incluyendo la explotación sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual. El último caso salió a la luz pública el 5 de mayo pasado tras la detención del estadounidense Christopher Dale Kahn, de 62 años, por presunta trata de personas, corrupción de menores, lenocinio y turismo sexual. Las investigaciones dieron inicio a partir de la denuncia de uno de los familiares de una de las jóvenes que llegaron a laborar con Kahn, quien llevaba cinco años de ofrecer los servicios sexuales de jovencitas a través de tres páginas de Internet. Reportes de la Fiscalía del Estado indican que el hombre se estableció en distintos domicilios donde ofrecía sus servicios como maestro de inglés y de ping-pong, actividades que utilizaba como ganchos para atraer a las jóvenes y menores de edad. De acuerdo con la averiguación previa 84/2016, el 28 de abril pasado se presentaron cinco mujeres que revelaron la forma de operación del estadounidense. Sin embargo, los sitios de internet en los que anunciaba a las víctimas, siguen operando. Su gran atracción son los servicios sexuales de 11 jóvenes que prometen ser independientes y trabajar por su cuenta. A dos meses de la detención, uno de los portales muestra los perfiles con fotografías, edades, pasatiempos y horarios laborales de las mujeres. El cobro es de mil 800 pesos la hora (también aceptan dólares americanos, canadienses y euros). La mejor oferta, confirma el sitio web, es la experiencia de noviazgo que incluye un paquete de tres encuentros sexuales durante ocho horas por 320 dólares con chicas locales, “ésta es por mucho la mejor oferta en la ciudad si se busca una experiencia relajada… mande un correo y le enviaremos los perfiles de muchas chicas que no se anuncian en el sitio web”. Otro de los sitios revela los perfiles de otras 43 chicas locales que ofrecen su compañía por una cuota mensual de entre 300 y 500 dólares. Al respecto, Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), pidió a las autoridades abrir una investigación ante la probable comisión de un delito, “si las páginas siguen operando pues claro que hay un problema y una omisión muy grave… se debe investigar independientemente de que las chicas resultan mayores o menores de edad”. Pese a que se solicitó una entrevista con la Fiscalía Regional para conocer cuántas denuncias se han interpuesto contra el estadounidense que prostituía a menores de edad a través de internet, así como el número de víctimas, detalles sobre el detenido y los portales de internet, la dependencia evadió responder. Mientras que el ayuntamiento de Puerto Vallarta se reservó el número de víctimas que han sido atendidas por las instancias municipales. En materia de prevención la estrategia del Estado también está rezagada. El artículo 27 de la ley estatal para prevenir y erradicar la trata de personas, faculta a la comisión intersecretarial a promover que se imparta capacitación a la población en la prevención de la trata de personas. Sin embargo, la comisión respondió a través de una solicitud de información que no se ha llevado a cabo capacitación a la población. El único avance que presume es que se coordinaron, en 2014 y 2015, las acciones necesarias para implementar la campaña Corazón Azul, iniciativa global en contra de la esclavitud del siglo XXI, implementada por la oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito. En septiembre pasado, la Universidad de Guadalajara advirtió que existen grandes segmentos de población desinformada sobre el fenómeno de la trata de personas y no se tiene una política pública, según un estudio publicado en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres.Diversas investigaciones coinciden en que la trata de personas con fines de explotación sexual es una industria millonaria mundial, pues cada ser humano explotado deja ganancias entre 150 pesos y cinco mil pesos por cada violación. Para que los tratantes puedan explotar a sus víctimas, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) revela la existencia de grupos altamente estructurados en los que no descarta la participación de servidores públicos que se prestan activa o pasivamente para que el delito quede impune. Por su configuración geográfica, Jalisco es punto de origen, tránsito y destino de la trata de personas, destaca el primer visitador de la comisión, Javier Perlasca: “los tratantes necesitan de la complacencia, colaboración y complicidad de servidores públicos, por eso es muy difícil detenerlos”. “La forma de operar de estas mafias es a través del pago y cooptación a servidores públicos, de otra manera no les funcionaría… no falta quien les advierta que hay una investigación, que habrá un operativo… el tema es cómo identificarlos y sancionarlos”. Coincide Pablo Navarrete Gutiérrez, director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres: “Hay una gran red de personas y de intereses involucrados que buscan frenar la intervención del Estado para terminar con estas ganancias millonarias a costa de la explotación sexual y laboral de personas”.
