Los actuales diputados habían justificado pagos a Alonso Godoy

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAR/2012).- Los actuales diputados, a través de la Dirección Jurídica del Congreso (que encabeza Antonio Rocha Santos), dieron elementos al auditor estatal Alonso Godoy Pelayo para solventar los pagos que habría recibido en 2009 de los ex diputados, por un monto de seis millones 499 mil pesos.

Según el documento de la Auditoría Superior del Estado, remitido a la Comisión de Vigilancia el 23 de noviembre de 2011, de la partida 3827 de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios se observan nueve millones 719 mil 619 pesos, de los que seis millones 499 mil habrían sido entregados al propio Godoy Pelayo, “por su trabajo del 1 de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2009”.

Detalla que recibió seis cheques, uno el 27 de marzo y otro el 2 de febrero, cada uno por un millón 500 mil pesos; tres cheques más por 833 mil 333 pesos y un último por un millón de pesos, con fecha 17 de diciembre. En total suman seis millones 499 mil pesos que recibió en 2009.

Para solventar este cargo, el auditor anota: “De la opinión jurídica ordenada por la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura para determinar la legalidad de las prestaciones cubiertas al auditor se desprende que el 2 de mayo de 2011, Luis Antonio Rocha Santos, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos, determinó que dichas remuneraciones se encuentran debida y legalmente fundadas y motivadas”.

En otras palabras, Alonso Godoy hace uso del razonamiento que emitió el director jurídico de la actual Legislatura para justificar el pago millonario. “De lo anterior se puede denotar claramente que las pólizas señaladas se encuentran perfectamente sustentadas, al inferir que al emitir dicha conclusión se considera que los egresos están debidamente aplicados, lo que implica que el Auditor Superior del Estado sí recibió los recursos materia de la observación, pero su origen y aplicación está debidamente comprobado”, insiste el texto.

Debido a que el resto de la aplicación del recurso que asciende a tres millones 219 mil pesos no pueden justificarse, el auditor considera que no existe evidencia exacta de su aplicación y que debe observarse.