Locatarios presentan juicio político contra el alcalde y Elisa Ayón

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2013).- Representa a 20 mil comerciantes en la capital de Jalisco y ve caer sus ventas hasta la mitad por la presencia de ambulantes en la ciudad; es Antonio Castillón Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien presenta dos solicitudes de juicio político contra el presidente municipal, Ramiro Hernández, y la regidora con licencia Elisa Ayón.

Ante el Congreso del Estado denunciará la omisión del alcalde ante la reubicación de los vendedores ambulantes, y el intento de extorsión de la regidora. Acompañado por los representantes de las zonas comerciales de las calles Álvaro Obregón, Federico Medrano, el área de San Juan de Dios, y el Centro Histórico, denuncia que el Ayuntamiento no ha hecho valer el reglamento, y les da permisos a los ambulantes para instalar sus comercios.

Castillón Pérez informa que ha tenido reuniones con los titulares de las direcciones de Inspección y Vigilancia, Ignacio Mestas, y la encargada del departamento de Mercados y Espacios Abiertos, Delia Pacheco, quienes les han prometido retirar a los comercios en vía pública pero no han cumplido. Los funcionarios le otorgaron a la Asociación un padrón de dos mil ambulantes en la ciudad.

A través de fotografías detectaron la omisión de inspectores para retirar a los ambulantes. "Si el ayuntamiento quiere tener vendedores ambulantes, que mejor nos diga y cerramos nuestros locales y nos vamos para afuera".

Juicios políticos, medidas de presión

El representante de los vendedores del Centro Histórico, Gregorio López Lozano, afirma que el alcalde Ramiro Hernández les prometió que quitaría a los vendedores ambulantes, y no se ha hecho nada, y además ha aumentado el número.

López Lozano fue cuestionado sobre la falta de una denuncia penal contra la regidora Elisa Ayón, quien solicitaba dinero a los comerciantes establecidos para eliminar a los ambulantes, a lo que respondió "no queremos adelantar las pruebas que poseen".

"Las acciones que tomaremos vamos a irlas dando a conocer conforme avancemos (...) No desechamos nada, no descartamos presentar una denuncia ante la Fiscalía".

Por su parte, Víctor Tenorio, de la Unión de la calle Álvaro Obregón, acepta que han sido cautos con sus medidas, "quisiéramos hacer manifestaciones, pero la sociedad se pondría contra nosotros".

Señala que el departamento de Mercados y Espacios Abiertos del gobierno municipal menciona a los locatarios que no pueden quitar a los ambulantes con permisos, "y los que dan permisos dicen que no pueden dejar de renovarlos".

Acerca de la posibilidad de denunciar penalmente a Elisa Ayón responde que "el objetivo principal es quitar a los ambulantes, no hacer ruinas a alguien ni meter a la cárcel a la señora". Dice que las solicitudes de juicio político "son una forma de presión al alcalde, queremos que haga su trabajo, nada más".

Asevera que desde que el Partido Revolucionario Institucional ganó las elecciones municipales en Guadalajara regresó el problema de los ambulantes.

Comerciantes establecidos venden en la calle para evitar invasiones

Por medio de permisos temporales, los vendedores formales extienden sus negocios hacia la calle con el fin de prever la llegada los ambulantes. De acuerdo a Castillón Pérez hasta 300 locatarios tienen su permiso para vender a espacio abierto. Éste es una de las cinco autorizaciones que deben renovar constantemente para comerciar.

Según el presidente de la Asociación, las medidas preventivas combaten la cantidad de permisos que ha concedido el Ayuntamiento en las últimas semanas. Denuncian que en el censo que les entregaron, se refiere que una persona tiene cinco o seis permisos.

Dice que las autoridades se comprometieron a no renovar ningún permiso y que los iban a reubicar a lugares que propusieron como la Plaza 18 de Marzo, el Cine Obregón, y el Parque Morelos. Aclara que no quiere que levanten a los ambulantes, sino que los reubiquen.

Afirma que es verdad que inspectores y funcionarios piden cuota a los ambulantes por quedarse en su lugar, aunque desconocen quién lo solicita.

Para saber

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impone que cuando los actos u omisiones de los funcionarios redunden en perjuicio de los intereses públicos, será procedente el juicio político, y no por "mera expresión de ideas".

Los actos u omisiones que contravengan las leyes locales y los reglamentos pueden ser presa de este proceso.

El Congreso debe actuar como jurado de sentencia. La Comisión de Responsabilidades tiene 45 días hábiles para emitir un dictamen que determine si es procedente la denuncia.

Si la resolución del Congreso es condenatoria se sancionará al servidor público con la destitución, y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos por diez años. Se tiene hasta un año para aplicar la sanción.


EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO