Lo único que nos queda es trabajo: Emilio

GUADALAJARA, JALISCO (23/DIC/2010).- “De esta manera se resuelven todos los diferendos con la Universidad y lo único que nos queda es trabajo”, anunció el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Emilio González Márquez.

En la rueda de prensa para anunciar el fin del conflicto presupuestario que sostenían el Gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara (UdeG), el gobernador aclaró que el factor determinante para llegar a una solución radica en el ofrecimiento de 52 millones de pesos (MDP) para el presupuesto irreductible de la UdeG.

Por otro lado, el mandatario negó que su intención sea recortar recursos de la casa de estudios en la iniciativa de presupuesto estatal para 2011 enviada al Congreso; ésa era otra de las inconformidades de las autoridades universitarias. Por el contrario, González Márquez aseguró que en la medida de lo posible seguirá velando económicamente por la Universidad.

La rueda de prensa fue encabezada por el mandatario y el rector general, Marco Antonio Cortés Guardado. También estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Juan Marcos Gutiérrez González y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, respectivamente.

El recuento

Lo que empezó a finales de 2009 como una solicitud de la UdeG para recibir una ampliación presupuestal por 520 millones de pesos para el ejercicio de este año que concluye, se transformó en un conflicto político y económico en el que la casa de estudios pasó a exigir al Gobierno de Jalisco el pago de una deuda por 701 MDP por concepto de varias bolsas de concurso de participación estatal y federal.

Desde el inicio del conflicto, el Gobierno de Jalisco sostuvo que en lo que va de la actual administración estatal, se han entregado alrededor de dos mil 800 MDP adicionales al presupuesto de la UdeG, por lo que la deuda por 701 MDP habría quedado saldada.

El 30 de agosto de 2010, la Universidad inició la primera etapa de su campaña de protestas para presionar el pago de la deuda, lo que incluyó un total de 41 movilizaciones de la comunidad universitaria: las dos primeras en Palacio de Gobierno, 38 más en Casa Jalisco, y la megamarcha del pasado 29 de septiembre, cuyo punto de concentración fue la Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico de la Ciudad, y que según cifras de la UdeG reunió a más de 90 mil personas, contra los 25 mil asistentes que fueron estimados por la Secretaría de Vialidad y Transporte.

En el trascurso de esta primera etapa, ambas partes iniciaron una campaña mediática de acusaciones y descalificaciones, siendo el punto más álgido cuando el gobernador, Emilio González Márquez, preguntara públicamente al ex rector de la Universidad, Raúl Padilla López, si es que un par de calaveras catrinas dejadas a las puertas de Casa Jalisco durante una manifestación de la Preparatoria Tonalá Norte significaban una amenaza de muerte para él y su familia.

Poco después, el 1 de octubre, a través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fijó su posición en torno al conflicto presupuestario y se ofreció a fungir como una instancia mediadora entre ambas partes. Más adelante, otra instancia federal, la Secretaría de Gobernación (Segob), también se sumaría a las labores de mediación.
    
Después de cinco infructuosos encuentros realizados en la Ciudad de México entre representantes del Gobierno del Estado y de la Universidad de Guadalajara, la casa de estudios decidió endurecer las protestas y el jueves 11 de noviembre cerró  simultáneamente 100 cruceros de la ciudad por cinco minutos. Más adelante, el rector de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, declaró en sesión del Consejo General Universitario que la Universidad entraba en una “fase de resistencia civil pacífica”.

El 1 de diciembre, a pesar de la realización del Feria Internacional del Libro (FIL), la casa de estudios reinició las manifestaciones rompiendo la tregua solicitada por la Segob. Estudiantes y académicos tomaron simultáneamente Casa Jalisco y Palacio de Gobierno.

El día 6 del presente mes, integrantes de la UdeG ingresaron a las instalaciones de la Secretará de Finanzas (Sefin) y recorrieron varios pisos del inmueble accionando los silbatos que llevaban, acciones que llevaron a que el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, declarara que la UdeG estaba llegando al límite de su derecho de manifestación y que el Ejecutivo interpondría una denuncia por la supuesta pérdida de documentos y daño al mobiliario de la dependencia.

Finalmente, ayer miércoles 22 de diciembre, en rueda de prensa conjunta, el gobernador del Estado y el rector de la UdeG pusieron punto final: el Ejecutivo de Jalisco entregó a la Universidad 52 millones de pesos regularizables al presupuesto irreductible de la casa de estudios; 79 MDP para distintas obras de infraestructura a través del Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE); y otros 79 MDP para equipamiento de diferentes asignaturas universitarias, que hacen un total de 210 MDP.

Esos 210 MDP irán acompañados por otra suma igual que aportará el Gobierno federal sin etiqueta alguna.

Salvo por el carácter regularizable e irreductible de los 52 millones de pesos, esta solución ya había sido discutida y desechada anteriormente por la UdeG. Y es que, en un principio, se rehusaron a aceptar parte del ofrecimiento etiquetado a infraestructura educativa a través de CAPECE, puesto que reclamaban recursos líquidos.

Reconocen disposición al diálogo

Panistas aplauden acuerdo

La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado expresó vía un comunicado su congratulación por los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Lo anterior se logró gracias a que en la última parte de la negociación, ambas partes mostraron generosidad y disposición al diálogo, pues actuaron con responsabilidad anteponiendo el bien del Estado y su estabilidad social”, dice el documento.

El líder de la bancada, José María Martínez Martínez,  comentó: “Hoy queda que las demás instituciones del Estado hagamos lo que nos corresponde para enaltecer el servicio público en cumplimiento a la alta responsabilidad y confianza que se nos ha otorgado”.