¿Liderazgos positivos?

En los primeros días de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó un informe especial sobre la situación que durante 2009 presentaron los reclusorios de la Entidad y los calificó, en términos generales, con 7.96 en una escala del uno al 10, sólo por debajo de los estados de Aguascalientes, Tlaxcala y Coahuila, a nivel nacional.

Según el diagnóstico de 2007, los reclusorios de Jalisco se ubicaron en el undécimo lugar; en 2008 el Estado ascendió al quinto sitio y en 2009 obtuvo un nuevo ascenso al cuarto lugar. Según la CEDHJ, el ascenso obedeció a que las autoridades estatales realizaron acciones que se vieron reflejadas en una mejoría en los centros y “han sostenido el esfuerzo para cumplir su compromiso”.

El ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, expuso el 7 de enero: “Si bien es cierto que hay muchos aspectos pendientes, también lo es que el ascenso en la calificación obtenida en 2009 se debe a los avances en diversos rubros”.

Pero lo que dice el diagnóstico lo nubla la realidad. La madrugada del pasado viernes 7 de mayo, apenas cuatro meses después de las cuentas alegres de la CEDHJ, un operativo aplicado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, evidenció los niveles de corrupción imperantes, aparentemente hasta los más altos círculos directivos. En coordinación, el Ejército y la Policía estatal hallaron en cuatro de los dormitorios para visitas conyugales dos fusiles de asalto AR-15, dos armas cortas, más de 700 tiros útiles, varias armas blancas, kilo y medio de cocaína, 75 celulares y dos computadoras portátiles.

¿En dónde estaban las atingentes autoridades que se han ocupado de elevar la calidad de la operación de los reclusorios del Estado?

Bueno, pues el director del Reclusorio Preventivo y el director de Seguridad del mismo, Héctor Medina Covarrubias y Fernando Miguel Reyes Jiménez, respectivamente, huyeron y hasta la tarde del domingo se les consideraba sospechosos fugados.

Por lo que ve al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado, José González Jiménez, hasta el fin de semana estaba “ilocalizable” porque se encontraba ¡de vacaciones! Y Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno y responsable de la gobernabilidad en el Estado, atendía una irrenunciable encomienda de representar a las autoridades jaliscienses en China.

El secretario estatal de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, entrevistado tras el decomiso, explicó que personal del Ejército Mexicano recibió una llamada anónima desde dentro del centro penitenciario cuatro días atrás, por lo que se organizó el operativo con resultados que calificó de “históricos”. Lo encontrado en las celdas que eran como propiedad privada de algunos reclusos, daba ampliamente para estallar un motín o emprender una fuga.

Según cifras que manejan los diputados locales, los centros de readaptación en Jalisco tienen una sobrepoblación general en el Estado de 74% y de hasta 140% en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según el legislador Miguel Ángel Monraz, urge avanzar en el tema de las preliberaciones, y asignar de inmediato 400 millones de pesos para tener reclusorios de vanguardia.

A ver con qué resultan ahora que salió a flote la punta de una aparente estructura de “autogobierno” dentro del penal de Puente Grande; eso que el director de reclusorios ha calificado como “liderazgos positivos”.

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