Ley antisecuestro garantiza cumplimiento de sentencias

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2011).- La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, aprobada en la Cámara de Diputados el 7 de octubre de 2010 y que entró en vigor el pasado lunes, previne el llamado “fraude a la ley”, ya que la nueva legislación evitará que los secuestradores incumplan, como sucede en la mayoría de los casos, con la totalidad de su sentencia, celebra el profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ( ITESO), Jorge Tejada Montaño.

El también representante de la Universidad Jesuita ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, explica que anteriormente era posible que un plagiario dejara la cárcel antes de cumplir su sentencia, mediante los mecanismos de libertad anticipada, la revisión parcial de la pena o porque alguna legislación estatal previera una conmutación de la sentencia por una fianza.

“Esta ley antisecuestro quita lo que llamamos el fraude a la ley cuando los jueces disponen penas muy altas, pero las diferentes áreas administrativas permiten a los carceleros soltar más o menos en un tercio de la pena”.

El académico sostiene que con esta ley, el Ejecutivo federal también aprovechó para imponer penas de cadena perpetua sin tener que llamarlas de esa manera.

“Hay que recordar que como se estaban imponiendo penas, las máximas de 40 a 70 años, pues prácticamente es una cadena perpetua, porque si a uno lo detienen teniendo ya 18 años, y si le sumamos la más bajita de las penas, que son 40 años, pues uno sale anciano, y si le pones la de 70 uno se muere adentro”.   

En Jalisco, la nueva ley antisecuestro remplazará la legislación local en la materia, al igual que en resto de las entidades federativas. En ese sentido, Tejada Montaño lamenta que el Congreso del Estado aún no haya modificado el código local que quedará en desuso.       


Debe acompañarse de otras políticas públicas  


La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro será un “esfuerzo aislado” en tanto no venga a acompañada de políticas públicas que fomenten el desarrollo social, estima el profesor del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco Jiménez Reynoso.

“Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo aislado, porque hace falta, en mi opinión, generar políticas públicas para atacar de fondo el desempleo, la falta de oportunidades para que la gente pueda tener opciones de trabajar honrada y dignamente en nuestro país, porque en no pocas ocasiones, no en todas, se ven orilladas a realizar actividades delictivas”.

Por otra parte, el académico del CUCSH sostiene que no es con castigos más severos como se reducirán los secuestros, por lo que prevé pocas posibilidades de que con la entrada en vigor de la nueva legislación se aminore la criminalidad en ese sentido.

“Es una buena intención por parte de los legisladores; sin embargo, hay que señalar que veo pocas posibilidades de que se reduzcan de inmediato en virtud de que no es con penas o con la creación de leyes, ni tampoco por decreto, como se van a reducir los índices de secuestro en nuestro país”.  


Número de secuestros registrados en Jalisco


2007    2008    2009    2010    Valor Actual*    Meta 2011
15         12       20         25           1                        17

Unidad de medida: Averiguaciones Previas.

FUENTE: Coordinación de Asesores del Procurador. Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. México: 2011.


La reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro comprende:


Prisión preventiva para los procesados por los delitos de secuestro contenidos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de dicha Ley, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otros destacan la privación de la libertad para obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; que se realice con violencia; cometer secuestro exprés; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 62 años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo o sea una mujer en estado de gravidez; que durante o después de su cautiverio, la víctima sea privada de la vida por sus captores o muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Precisa la pena de “prisión”, prevista en el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Establece que la vigilancia policial post penitenciaria puede establecerse hasta por cinco años posteriores a la liberación del sentenciado a pena de prisión, en el cuarto párrafo del artículo 12 de la mencionada ley.


Impartirá conferencia

Isabel Miranda de Wallace acude hoy al Congreso


Isabel Miranda de Wallace, madre del empresario fallecido Hugo Alberto Wallace, acudirá hoy al Congreso del Estado a impartir una conferencia ante legisladores locales, quienes pretenden escuchar sus experiencias.

Diputados aprovecharán la presencia de la presidenta de la asociación civil "Alto al Secuestro", ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, para ampliar su información en relación a este delito.

Vale la pena mencionar que los legisladores locales analizan las posibles reformas que se realizarán a las leyes en el Estado para la aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor el pasado lunes.


Estados con más víctimas de secuestro asesinadas (1971-2010)

1.- Distrito Federal        200
2.- Estado de México    179
3.- Guerrero                  117
4.- Tamaulipas                82
5.- Michoacán                 72
6.- Morelos                     66
7.- Baja California            58
8.- Jalisco                       54
9.- Oaxaca                     42
10.- Sinaloa                    42

Secuestros a nivel nacional en los últimos años

Año    Número
2001    595
2002    623
2003    751
2004    795
2005    653
2006    615
2007    712
2008    1,187
2009    1,533
2010    1,847

FUENTE: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.


Nueva ley es bienvenida


Secuestros generan éxodo de empresarios: UCMA


En Jalisco hay repercusiones sensibles en el sector privado por los efectos de la inseguridad y, en específico, de los secuestros, según lo señala en forma contundente el presidente de la Unión de Comerciantes del  Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA), Rafael Barrios Dávila.

En el caso de su gremio, que es gente vinculada al campo y al comercio de alimentos, afirmó que se tienen casos muy lamentables de varias  personas de gran empuje para hacer inversiones y generar empleos, quienes después de las crisis de un secuestro, tanto a ellos, como a sus seres queridos, tomaron la decisión radical de abandonar el país.

Independientemente de las cifras de la Procuraduría de Justicia, el dirigente refirió que el problema del secuestro en Jalisco es grave, “porque en un gran número de casos no se denuncian por desconfianza hacia las autoridades”.

Sin embargo, hay un voto de confianza a la nueva legislación federal para que el marco legal traiga mayor certidumbre en la materia. Barrios Dávila afirmó que también hay incredulidad, “porque México es un país de muchas leyes, pero de poca justicia, porque se tiene un cúmulo de instrumentos legales, pero éstos no garantizan ni la adecuada, ni la oportuna administración de la justicia”.


Falta mayor coordinación


Por su parte, el dirigente sindical y ex legislador federal en varias ocasiones, Alfredo Barba Hernández, considera que el combate del secuestro no necesariamente requiere de nuevas leyes, sino del cumplimiento de las que ya existen y de una labor coordinada entre los cuerpos de seguridad federales, de los estados y los municipios.

También destaca que la prevención y combate de este y otros delitos que tienen que ver con la falta de seguridad, requiere de una tarea de inteligencia debidamente instrumentada entre todas las corporaciones policiacas, sobre todo las del sector público.

Sin embargo, dijo que la nueva legislación antisecuestro es bienvenida, siempre y cuando todos los organismos públicos involucrados hagan su tarea.